Economía

HSBC, ING y Raiffeisen Bank piden concurso culpable contra el grupo Zed

Javier Pérez Dolset, fundador y expresidente del grupo tecnológico Zed, fue detenido hace un año en el marco de la Operación Hanta, que investiga, entre otros presuntos delitos, fraude en préstamos y subvenciones del Ministerio de Industria y sociedades vinculadas a Zed

Javier Pérez Dolset, expresidente de Zed, en una imagen de archivo.
Javier Pérez Dolset, expresidente de Zed, en una imagen de archivo.

HSBC, ING y el banco austriaco Raiffeisen Bank International han solicitado recientemente al juzgado la declaración de concurso culpable contra Zed Worldwide, el grupo tecnológico fundado por Javier Pérez Dolset. La declaración de culpabilidad del concurso supondría previsiblemente el embargo de bienes de los administradores de la empresa y su inhabilitación para administrar bienes ajenos. 

Dos compañías del grupo Zed, Zed Worldwide y Zed Worldwide Holdings, protagonizaron en 2016 los mayores concursos de acreedores registrados en Madrid y Barcelona. Las dos empresas controladas por la familia Pérez Dolset sumaban en el momento de la declaración del concurso 536,6 millones de euros en valoración de activos. 

Las entidades financieras internacionales que han solicitado ante el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid la declaración de concurso culpable contra Zed Worldwide alegan varias razones para argumentar su petición. Los bancos advierten que la empresa incumplió su deber "de formular, auditar y depositar las cuentas anuales en 2013 y 2014, y ha cometido irregularidades contables relevantes para la comprensión de su situación financiera o patrimonial".

"Los hechos expuestos son de enorme gravedad" dicen los bancos, representados por Clifford Chance

ING, HSBC y Raiffeisen Bank, representados por el despacho Clifford Chance, consideran que es "incuestionable" que Zed incumplió también el deber de solicitar concurso en el plazo contemplado en la ley. Zed "no tenía duda alguna de que se encontraba en situación de insolvencia desde el 17 de noviembre de 2015 (...)", dicen los bancos. "Su retraso en la presentación de la solicitud de concurso es flagrante", afirman.

El hecho de que la compañía fuera insolvente desde noviembre de 2015 y no adoptase las medidas necesarias para proteger a sus acreedores "implica la existencia de dolo o culpa grave por losadministradores en la agravación de la situación de insolvencia ". Esto debería suponer, en opinión de las entidades financieras, "la condena a los administradores a cubrir el déficit -por lo menos correspondiente al periodo en que se incumplió dicho deber de solicitar el concurso-".

"Los hechos expuestos son de enorme gravedad", manifiestan en su solicitud de concurso culpable las tres entidades financieras, "y por ello deben dar lugar a la condena a los administradores sociales (incluyendo los administradores existentes en el momento de declararse el concurso y aquellos que lo hubiesen sido en los dos años anteriores a dicha declaración), a responder del pasivo concursal".

La administración concursal ha subastado este mes activos de Zed por 8,6 millones

La solicitud de concurso culpable se produce después de que el pasado 21 de junio la administración concursal de Zed aprobara el plan de liquidación de la empresa y abriera la fase de calificación.

Operaciones fraudulentas

En un primer informe elaborado por la administración concursal designada por el juez del juzgado mercantil, Jordi Albiol Plans, del despacho Rousaud Costas Durán Concursal,se advertía que el grupo incurrió en irregularidades contables "enturbiando la verdadera situación económica de la sociedad".

Zed contabilizó activos que no debía haber reflejado en su balance mostrando una situación patrimonial sobrevalorada; el administrador concursal detectó operaciones vinculadas que podrían ser "fraudulentas", así como una complicada estructura internacional que podría tener como objetivo fiscal "ocultar y separar administración y propiedad".

Javier Pérez Dolset fue detenido el 29 de junio de 2017 en el marco de la Operación Hanta, que investiga, entre otros presuntos delitos, fraudes cometidos en la concesión y empleo de préstamos y subvenciones del Ministerio de Industria y otros organismos públicos a empresas de Zed y sociedades vinculadas a la familia del expresidente de la compañía española. La Fiscalía Anticorrupción cifró en más de 100 millones de euros el perjuicio patrimonial que pudo generar el fraude de subvenciones del grupo tecnológico.



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