Puertos del Estado

El Gobierno acusa a la patronal de la estiba de reventar una negociación que creía encauzada

Moncloa ha mostrado su enfado con las empresas estibadoras, cuya propuesta para la adaptación a la reforma de la estiba presentada el pasado jueves hizo que los sindicatos se levantaran de la mesa. El Gobierno estima que tenía la negociación encauzada; la patronal intervino por el temor de que las excesivas concesiones dejaran vendidas a las empresas.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna Fernando Alvarado

Alta tensión entre Anesco, la patronal de la estiba, y el Gobierno a causa de la negociación con los sindicatos sobre el marco de la reforma del sector derivada de la sentencia de los tribunales europeos. La propuesta que las empresas pusieron encima de la mesa el pasado jueves, que provocó que los representantes de los trabajadores abandonaran la reunión y aseguraran que las conversaciones habían entrado en vía muerta, ha desatado la indignación en el Ejecutivo, que estima que la maniobra de la patronal ha reventado unas negociaciones que estaban encauzadas hacia un pronto desenlace.

El Gobierno estaba valorando la oferta que los sindicatos pusieron encima de la mesa la pasada semana, en la que se comprometían a una rebaja salarial media del 6% destinada a contribuir al plan de prejubilaciones que se habían comprometido a ofrecer el Gobierno y también a fomentar la productividad en los puertos. Aunque no hubo acuerdo durante la reunión en la que se dio a conocer la propuesta, el Ejecutivo estaba valorando la opción de aceptar parcialmente el ofrecimiento de los sindicatos, aunque insistía en señalar que la reivindicación de incluir la subrogación de trabajadores por parte de las empresas era imposible.

Por su parte, las empresas, que se habían quedado en un segundo plano en las negociaciones desde que el Gobierno decidió volver a participar en ellas (en vísperas del debate para la convalidación del Real Decreto Ley en el Parlamento, con el resultado de la derogación de la norma), decidieron pasar a la acción ante el temor de que el Ejecutivo cediera demasiado terreno a los representantes de los trabajadores y que, lejos de tener el efecto liberalizador que persigue, la reforma de la estiba dejara a los operadores portuarios en una situación complicada.

La patronal encontró en la reunión del jueves la oportunidad propicia, toda vez que los representantes del Gobierno no participaron en ella debido a la coincidencia del encuentro con reuniones urgentes para ultimar la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado, que se debatirán próximamente.

De esta forma, la patronal recuperó el protagonismo perdido y puso encima de la mesa la propuesta que hizo saltar por los aires la negociación. Las condiciones incluían una rebaja salarial del 30% y, obviamente, se olvidaba de la subrogación obligatoria de los trabajadores.

El miércoles, nueva reunión

Está previsto que las negociaciones se reanuden este miércoles pero la sensación es que los escasos avances que se hubiera podido producir se han eliminado de un plumazo. El Gobierno responsabiliza de esta situación a la patronal por haber presentado esa propuesta, ya que había pedido a las empresas algo más de paciencia y que mantuvieran la calma durante el proceso.

El Ejecutivo estima que las negociaciones con los sindicatos no iban por mal camino con vistas a lograr un principio de acuerdo que permitiera desbloquear la aprobación de la normativa para cumplir con la sentencia europea que obliga a España a liberalizar el sistema de la estiba.

El Gobierno necesita el apoyo del PSOE (que, al menos, se abstenga) para poder convalidar el nuevo Decreto Ley que apruebe tras la derogación del anterior pero los socialistas condicionan este apoyo a que se llegue a un acuerdo entre patronal y sindicatos para establecer un marco de negociación colectiva para adaptarse a la nueva normativa.

Evitar la multa de Europa

La patronal no ve las cosas de la misma forma ya que considera que el Gobierno está siendo condescendiente en exceso con los sindicatos debido a que tiene prisa en cerrar un acuerdo para, de esta forma, desbloquear el proceso político y evitar así la multa con la que amenaza el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la sentencia.

Las empresas decidieron poner encima de la mesa su propia propuesta, que no está precisamente en línea con la del Gobierno, con el fin de evitar que la precipitación hiciera el Ejecutivo firmar un acuerdo que sería demasiado costoso para las arcas públicas y también para los operadores. La línea entre ambas partes parece más rota que nunca en un momento especialmente delicado.



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