Energía

El Consejo de Estado asegura que el autoconsumo crea déficit en el sistema y critica la prisa para regularlo

El organismo consultivo considera, al contrario que el Gobierno, que los ingresos que el sistema eléctrico dejará de percibir por la supresión del llamado ‘impuesto al sol’ provocará un desequilibrio porque no habrá una reducción de costes en paralelo. También criticó la urgencia en la tramitación de las normas por estimar que este factor suele derivar en una extensa litigiosidad

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El Gobierno sacó adelante in extremis, apenas tres semanas antes de la celebración de las elecciones generales, el Real Decreto que regula el autoconsumo energético y lo hizo, entre otros, con el argumento de que la actividad será beneficiosa desde el punto de vista económico para el sistema eléctrico. Sin embargo, el informe encargado al Consejo de Estado sobre esta normativa asegura justamente todo lo contrario: el autoconsumo generará déficit al sistema, un desequilibrio que iría en aumento si el crecimiento de esta modalidad supera las previsiones del Ejecutivo.

En la conclusión de su dictamen, de carácter no vinculante, el Consejo de Estado se pronuncia a favor de que el Gobierno apruebe el Real Decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo. Sin embargo, en el informe examina, además del articulado de la norma, la memoria económica que la acompaña y expone una clara discrepancia con el Ejecutivo en torno a la bonanza económica del autoconsumo para el sistema eléctrico.

El Consejo de Estado considera que los ingresos que dejará de percibir por los peajes de acceso a las instalaciones de los autoconsumidores (es decir, de los cargos que hasta ahora pagaban por autoconsumir, que se englobaban en el llamado 'impuesto al sol') no serán compensados por una evolución en el mismo sentido de los costes, al contrario de lo que sostiene la tesis del Ministerio de Transición Ecológica.

Las estimaciones del Consejo de Estado apuntan a un déficit en el entorno de los cuatro millones de euros

En la citada memoria del proyecto de norma (ya convertido en Real Decreto), el Gobierno estima que la supresión del impuesto al sol supondrá una disminución de ingresos de 4,29 millones de euros, que sería ampliamente compensada por el efecto de la disminución en el precio de la electricidad provocado por el recorte en la demanda de electricidad en instalaciones centralizadas (esto es, la electricidad que dejarían de demandar los autoconsumidores), una cantidad que el Ejecutivo valora en casi 6 millones de euros.

Un sistema de costes fijos

El Consejo de Estado desmonta el argumento al apuntar que el efecto positivo se da para los consumidores (sobre todo en los que opten por la modalidad del autoconsumo pero también por el resto por el citado efecto de la rebaja de precios) pero no para el sistema eléctrico porque "una minoración de los ingresos que no venga acompañada de una correlativa reducción de los costes generará un saldo neto negativo".

Para el organismo consultivo, este es precisamente el escenario actual, ya que recuerda que "la mayor parte de los costes del sistema eléctrico tienden a ser fijos, por lo que no se verán afectados por una reducción en la demanda". Las estimaciones del Consejo de Estado apuntan a un déficit en el entorno de los cuatro millones de euros, que podría crecer de forma significativa si las previsiones del Gobierno en materia de autoconsumo saltan por los aires.

El organismo recuerda que la propia memoria de la normativa admite la existencia de "una elevada incertidumbre" acerca de los cálculos y que una posible desviación podría llevar hasta los 7 millones de euros la cifra de ingresos que el sistema dejaría de percibir.

Incluso, el dictamen de la institución va más allá al recordar lo que en su día sucedió con el boom de las instalaciones renovables, cuya promoción, alentada por los suculentos estímulos en forma de primas puestos sobre la mesa en su día por el Gobierno, sobrepasó todas las previsiones con el consiguiente perjuicio para el sistema y las consecuencias que aún hoy padecen los consumidores vía recibo de la luz.

El peligroso precedente del 'boom' renovable

"Experiencias anteriores (particularmente, en el ámbito del fomento de las energías renovables) demuestran que el reconocimiento de beneficios sobre la base de estimaciones del número de instalaciones que van a acogerse a los mismos, puede resultar perjudicial para la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico en el caso de que tales estimaciones se vean ampliamente superadas”, señala el informe.

Precisamente, el Consejo de Estado hace hincapié en uno de los argumentos que, en su día, el Gobierno de Mariano Rajoy sostuvo para mantener el llamado impuesto al sol. El entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, señalaba que no estaba en contra del autoconsumo pero llamaba la atención sobre el hecho de que el sistema tendría que estar en cualquier caso preparado para dar suministro incluso a aquellos que optaran por el autoconsumo (en el caso de que las circunstancias climatológicas  no permitieran que la cantidad de energía generada fuera suficiente), con lo que el impuesto era la forma de evitar que el autoconsumo repercutiera negativamente en el resto de consumidores.

En cualquier caso, el organismo consultivo considera el autoconsumo un instrumento acertado de política energética y que permite a España cumplir con la normativa europea, que impide la imposición de cualquier tasa para el acceso a instalaciones eléctricas en el ámbito del autoconsumo.

Urgencia a debate

Otro de los aspectos de la normativa que critica el Consejo de Estado es la urgencia con la que ha sido tramitada por parte del Gobierno, que considera injustificada. Cabe señalar que el dictamen del organismo fue recabado por el Ejecutivo a mediados de marzo y que estaba finalizado antes de concluir el mes para, apenas una semana después de ser remitido el informe, ser aprobado por el consejo de ministros.

"La urgencia resulta especialmente perjudicial, puesto que esta es una materia básicamente proclive a la litigiosidad, como acredita la proliferación de sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en los últimos años", apunta el dictamen.

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