Impuestos

Los pufos del CES: no declara su sede y facilita la elusión fiscal a empresarios y sindicatos

El Tribunal de Cuentas presenta dos informes de fiscalización en el Congreso en los que también denuncia la adjudicación de contratos menores por encima del límite legal, la tramitación de expedientes de forma defectuosa y posibles casos de fraccionamiento y facturas anteriores a la autorización del gasto. 

El presidente del CES con representantes de empresarios y sindicatos
El presidente del CES con representantes de empresarios y sindicatos Agencia EFE

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado este miércoles en el Congreso dos informes de fiscalización sobre las cuentas del CES de 2010 y 2015 con acusaciones muy graves sobre el organismo. Le acusa de no declarar su sede oficial en las cuentas y de pagar a los consejeros a través de las organizaciones a las que pertenecen para que puedan eludir el pago de impuestos.

La acusación hace una referencia directa a los miembros de las organizaciones empresariales y sindicales, que son los que mayormente forman el Consejo del CES. Si se paga directamente a los consejeros, tienen que pagar IRPF. Al hacerlo a través de las sociedades a las que pertenecen, se les ahorra el pago de este tributo. Y tampoco se paga el Impuesto de Sociedades, puesto que el pago a estas organizaciones desde el CES está exento de pagar a Hacienda.

Esta práctica fiscal se ha utilizado para pagar las asistencias de los consejeros a las sesiones plenarias, las reuniones de la comisión permanente e incluso las comisiones o grupos de trabajo. Por poner un ejemplo que ilustre el caso, de las 1.275 asistencias contabilizadas a comisiones y grupos de trabajo a lo largo de 2015, solo en 318 ocasiones se pagó directamente al propio consejero. El resto, más de 950 casos, se pagó a la organización en cuestión sin que se tributara de forma alguna por dicho pago.

60 consejeros

Actualmente, el CES cuenta con 60 consejeros: 20 designados por las organizaciones sindicales más representativas, otros 20 designados por las organizaciones empresariales y otros 20 propuestos por organizaciones profesionales con implantación en el sector agrario (3), organizaciones de productores pesqueros con implantación en el sector marítimo-pesquero (3), Consejo de Consumidores y Usuarios (4), asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales (4) y expertos nombrados por el Gobierno (6).

El mandato de los miembros del Consejo, incluido su presidente, cargo que actualmente ocupa Marcos Peña, es de cuatro años, renovable por períodos de igual duración. Y el mandato de los miembros del Consejo que pudieran ser nombrados para ocupar una vacante anticipada en el cargo expira al mismo tiempo que el de los restantes miembros del Consejo.

¿Qué hacen estos consejeros? El CES tiene encomendadas varias funciones, pero básicamente se dedica a emitir dictámenes sobre anteproyectos de leyes y reales decretos que regulen materias socioeconómicas y laborales o sobre cualquier asunto que requiera el Gobierno. También elabora estudios e informes a petición del Gobierno o por iniciativa propia y eleva anualmente al Ejecutivo una memoria en la que se exponen sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y laboral de la nación.

El Tribunal de Cuentas no solo denuncia los pagos a los consejeros, también afirma que desde la creación del CES se otorgan pagos anuales a estas mismas organizaciones con representación en el pleno, a pesar de que no está justificada la aplicación de un régimen de compensaciones a estos grupos.

También denuncia la no regularización de la sede del CES y la adjudicación de algunos contratos

Lo peor de todo es que no son las únicas irregularidades que denuncia el Tribunal de Cuentas. También hace referencia a la ausencia del edificio que usan como sede en las cuentas del organismo. El inmueble, situado en la madrileña calle de Huertas, pertenece históricamente al denominado Patrimonio Sindical Acumulado. Su administración y gestión corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, puesto que no existe acuerdo de cesión al CES. Desde el año 2004 el Tribunal reclama la necesidad de regularizar la situación.

Igualmente, el organismo fiscalizador demanda la adjudicación de contratos menores por encima del límite legal, la tramitación de expedientes de forma defectuosa y posibles casos de fraccionamiento y facturas anteriores a la autorización del gasto. Y en el informe que hace referencia al año 2010, que también se ha presentado este miércoles, se denuncian desplazamientos en clase 'business' por parte de consejeros y personal sin la debida autorización.



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