CIUDADANOS

El número tres de Ciudadanos deberá declarar por la expulsión de un militante

El secretario de Organización de C's, Fran Hervías, tendrá que declarar como testigo en un procedimiento contra el partido naranja por presunta vulneración de derechos fundamentales de un afiliado. La exdiputada Eva Borox, salpicada por la 'Operación Púnica', también aparece involucrada en el caso.

El secretario de Organización de C's, Fran Hervías.
El secretario de Organización de C's, Fran Hervías. VP

En pleno debate sobre el endurecimiento del régimen disciplinario en Ciudadanos, una controvertida expulsión en 2015 se vuelve ahora en contra la dirección de Albert Rivera. Según documentación que se halla en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, existe un procedimiento contra el partido naranja por presunta vulneración de derechos fundamentales de un exmilitante (derecho de defensa, de las garantías del afiliado en el proceso sancionador, de igualdad, de libertad de expresión y de libertad de asociación).

El demandante, de nombre Enrique Boto, reclama la restitución de su condición de militante. De momento, Fran Hervías, secretario de Organización y número tres de Ciudadanos; César Zafra, coordinador en Madrid y diputado autonómico; Francisco Sierra, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, y Jesús Galiano, presidente de la Comisión de Garantías, tendrán que declarar como testigos en una audiencia prevista para el mes de julio.

El pasado 15 de diciembre, según la información en poder de Vozpópuli, el Comité Ejecutivo de C's, a través de su secretario, el diputado catalán y vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo, certificó las tres actas de dicho órgano sobre el expediente de expulsión contra Boto. Esta documentación fue remitida al Juzgado hace sólo cinco días. El demandante concurrió en 2014 a las primarias para dos vacantes en la Junta Directiva de la agrupación de Madrid, pero terminó impugnando el proceso por las "irregularidades", a su juicio, detectadas en el censo de aquella elección. Aquella dos vacantes fueron ocupadas por Sergio Brabezo, actual concejal en el Ayuntamiento de Madrid, y Patricia Ocaña. Boto quedó en la tercera posición.

Es, precisamente, el manejo del censo el meollo de este asunto que se sustanciará en los tribunales. Después de que impugnara aquellas elecciones ante la Comisión de Garantías por encontrar una decena de "anomalías" en el listado de 79 votantes, Boto trasladó a un reducido grupo de afiliados la resolución de la Comisión de Garantías, que tenía adjuntas las alegaciones formuladas por el secretario de Organización. En dichas alegaciones redactadas por Hervías iba incluido el censo electoral.

El demandante concurrió en 2014 a las primarias para dos vacantes en la Junta Directiva de Madrid pero impugnó el proceso por "irregularidades"

Con tales envíos, Boto pretendía recabar la opinión de sus compañeros. Sin embargo, dos de las personas que recibieron aquel correo lo rebotaron a los pocos días al propio Hervías, quejándose de la difusión del censo de afiliados en tanto ello, según afirmaban, podía "incurrir en la vulneración de la Ley de Protección de Datos". Así lo hizo, por ejemplo, Verónica Priego, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Rozas.

La otra persona fue Eva Borox, exdiputada en la Asamblea de Madrid y señalada en la Operación Púnica por el cabecilla de la trama, David Marjaliza, quien confesó en sede judicial haberle pagado 30.000 euros a cambio de "favores" en su etapa como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valdemoro. "Te reenvío unos correos de Enrique Boto, son de hace días pero no he podido antes. Más que nada porque no es muy normal recibir esta documentación además con censo de afiliados, no?", escribió Borox a Hervías. Con anterioridad, ella misma había agradecido a Boto que le enviara las alegaciones de la secretaría de Organización a su impugnación de las primarias. "Hola, gracias. Te refieres a que votaron personas que no estaban en el censo? Lo tienes confirmado eso?", le dijo Borox al hoy demandante.

A partir de aquí, Boto fue expedientado y terminó siendo expulsado por "la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 2.6.6. e) y f) de los Estatutos" de la formación. Esto es, dos "faltas muy graves" como "la utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función en el Partido" y "la negligencia en la custodia de documentos del partido que dé lugar a su difusión o conocimiento indebidos". En la ponencia de nuevos Estatutos que será debatida en la IV Asamblea General de los días 4 y 5 de febrero, el equipo de Rivera ha endurecido este punto y ha introducido, tras lo ocurrido en este caso, otro supuesto más de "falta muy grave": se trata de "la difusión de datos personales de afiliados, cargos, personal o colaboradores del partido" (artículo 12.1.g).

En el expediente de expulsión, la dirección de Rivera sostiene que la conducta de Boto fue un "claro ejemplo de una mala utilización de los datos de los afiliados de la agrupación de Madrid, de los cuales ha tenido el expedientado conocimiento por la denuncia interpuesta ante la Comisión de Garantías". Este informe está redactado por Francisco Sierra, que fue el instructor designado por la Ejecutivo naranja.

Por "exclusiva ilustración"

Junto a ello, el texto señala que "la sede de la Comisión de Garantías y los expedientes se encuentran físicamente en la ciudad de Barcelona, razón por la cual éste órgano del partido dio traslado al Sr. Boto del listado de afiliados de Madrid, y por exclusiva ilustración al mismo, en el trámite de vista para que formulare lo que a su derecho conviniese en el estricto ámbito de esta actuación".

De modo que el instructor concluye que "en ningún caso puede entender que el expedientado tuviera legitimidad o autorización para enviar a otros afiliados del partido esa información". Sin embargo, Boto alega ante la Justicia que el conocimiento del censo por cualquier afiliado, como era su caso y el de las personas a las que remitió dicho listado tras impugnar las primarias es algo amparado por los Estatutos del partido. De hecho, el demandante sostiene que la propia Comisión de Garantías, a pesar de rechazar los motivos de la impugnación, reconoció que "toda votación requiere la publicación del censo electoral de cualquier elección, y expuesto en el colegio electoral pertinente". Esta resolución fue firmada por Jesús Galiano, presidente de la Comisión de Garantías de C's.

También Hervías llegó a "pedir disculpas en nombre de C's" en su respuesta a uno de los correos recibidos. "Tomaremos las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir", sentenció. Vozpópuli se puso en contacto con el número tres de Ciudadanos para recabar su versión pero dijo desconocer que exista sobre él citación alguna por parte del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid. Su respuesta fue que ni ha sido citado ni le consta que tenga que ir a testificar.

Sin embargo, en la documentación aportada a la causa el pasado miércoles por los servicios jurídicos de C's, ejercidos por el despacho de abogados Fuster-Fabra, se pide al juez que no cite a "ningún testigo nuevo, ya que D. Francisco Hervías Chirosa ya forma parte de la prueba testifical aprobada en la Audiencia previa" celebrada el 21 de noviembre de 2016.


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