CASO PÚNICA

El juez busca 'mordidas' en una empresa de Granados dos días después de pedir declarar

El magistrado reclama a Hacienda nuevos datos sobre Tuvalu Gestión SL, de la que el político poseía mediante testaferros un 33% y de la que la UCO sospecha que sirvió para canalizar "contraprestaciones" de empresarios. La orden se produce sólo 48 horas después de que Granados pidiese declarar.

Gráfica con las propiedades de Granados según los datos que obran en el sumario.
Gráfica con las propiedades de Granados según los datos que obran en el sumario. TERESA GARCÍA

La petición del ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, para acudir a la Audiencia Nacional y declarar por primera vez de manera voluntaria dentro del 'caso Púnica' no ha frenado, ni mucho menos, la investigación sobre sus supuestas actividades corruptas. Sólo dos días después de que el presunto cabecilla de la trama entregase el escrito en el que solicitaba comparecer de manera urgente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha ordenado a la Agencia Tributaria nuevas investigaciones sobre el entramado societario oculto del político. En concreto, sobre la mercantil Tuvalu Gestión SL, que figura como titular de una finca valorada en más de un millón de euros en la provincia de Ávila. Los investigadores sospechan que dicha firma sirvió para canalizar parte de las 'mordidas' que presuntamente le entregaban empresarios.

Granados puso a nombre de Tuvalu Gestión SL la finca de Ávila a la que acudía los fines de semana con sus amigos a montar a caballo y en 'quad'

La decisión del magistrado aparece recogida en un auto fechado el pasado 30 de noviembre y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo, el juez Velasco ordena a la Agencia Tributaria que le entregue toda la información que figure en las declaraciones anuales de operaciones con terceros que hubiera hecho Tuvalu Gestión SL entre los años 2003 y 2009. El propietario del 100% de esta compañía es otra firma, en este caso Servicios Patrimoniales de Obras y Vías, que a su vez estaba participada sobre el papel con un 49% cada uno por dos de los constructores imputados en la causa, David Marjaliza y Ramiro Cid, a través de las empresas Vancouver Gestión SL y Obras y Vías SA, respectivamente. El 2% restante aparecía a nombre de Ayjopen Consulting SL, administrada por María José Marijúan, esposa Ignacio Palacios, el que fuera durante mano derecha de Granados durante toda su carrera política.

La confesión de Marjaliza

Sin embargo, el propio Marjaliza aclaró en su confesión que dicho reparto era ficticio y que los verdaderos propietarios de la misma eran él mismo, Ramiro Cid y el político, cada uno con un 33%, que era el porcentaje real con el que se distribuían los beneficios de la misma. Unas afirmaciones que más adelante fueron respaldadas en parte por Alfonso Luna, cuñado del constructor arrepentido y administrador de muchas de sus sociedades. Durante su declaración como imputado, Luna admitió conocer que detrás de ese 2% minoritario en la empresa Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL estaba Ignacio Palacios. "No lo puedo asegurar, pero siendo Ignacio y siendo el brazo derecho de Granados, podemos intuir..." Luna aportó durante su testimonio información sobre dicha mercantil y, en concreto, sobre lo que le costó en octubre de 2005 al entonces consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre hacerse con ese mínimo porcentaje en la compañía: poco más de 31.000 euros.

Un reciente oficio de la UCO apunta a que esta empresa es "una canalización" por la que Granados recibía "contraprestaciones" de empresarios

La nueva petición del juez Velasco ha sido propiciada por un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 25 de noviembre en el que se apunta que Tuvalu Gestión SL "podría ser una canalización por la que Francisco Granados recibiría contraprestaciones por favorecer los intereses de los empresarios investigados en la causa", entre ellos los dos constructores con los que compartía la propiedad de la misma. Además, esta sociedad figura como propietaria de una finca de 83 hectáreas situada en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas y cuyo terreno está valorado en más de un millón de euros, chalé aparte. La investigación ha revelado que el político acudía a ella muchos fines de semana con sus amigos a montar a caballo y en 'quad'.

"Diez o doce empresas"

Tuvalu Gestión SL forma parte de las "diez o doce empresas" que las pesquisas apuntan como parte del entramado societario del político 'popular', según reveló el interrogatorio que en noviembre del año pasado hicieron el juez Velasco y las fiscales Anticorrupción al matrimonio formado por Ignacio Palacios y María José Marijuán, los presuntos testaferros. Ambos se negaron a contestar, pero en sus preguntas el magistrado citó expresamente como parte de dicha trama de empresas, además de la firma ahora investigada, a Sega Integrales SL, Circuito de Prácticas Pista Sur, Ayjopen Consulting SL, Himalaya 2002 SL, Norean 2000 SL, Match Golf Consulting SL, Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL y Bustren SA. Ya entonces, Anticorrupción aseguró tener "datos objetivos y fuertes indicios" de que todas ellas estaban participadas en la sombra por Francisco Granados. El juez ordenó en aquel momento el embargo y bloqueo de los bienes y cuentas de todas estas compañías.

Tuvalu Gestión SL forma parte de la red de "diez o doce empresas" utilizada presuntamente por el político para "poner a buen recaudo ganancias ilícitas"

Los investigadores consideran que todo el entramado de empresas 'fantasma' del que forma parte Tuvalu Gestión SL fue creado, precisamente, para que "el señor Granados cobrara comisiones de ciertos empresarios". Se trata, según palabras de las fiscales durante el interrogatorio al matrimonio de presuntos testagferros, del instrumento utilizado por el político para "obtener la dádiva, ocultarla y distribuirla entre los funcionarios públicos", pero también para "poner a buen recaudo ganancias ilícitas". De hecho, Anticorrupción sospecha de que a través de estas mercantiles se orquestaron operaciones "para la salida de fondos a terceros países".

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