Independencia de Cataluña El PDCat carga contra el 155 por "decapitar políticamente" a Puigdemont

El portavoz de la antigua Convergència en el Senado, Josep Lluís Cleries, afirma que la aplicación de este artículo excepcional de la Constitución es "un golpe de Estado del nacionalismo español".

El portavoz del PDCat en el Senado, Josep Lluís Cleries.
El portavoz del PDCat en el Senado, Josep Lluís Cleries. EFE

El portavoz del PDCat en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha anunciado el "no rotundo" de su grupo parlamentario al escrito del Gobierno con las medidas amparadas en el 155. El senador de la antigua Convergència ha calificado que la puesta en marcha de este artículo excepcional de la Constitución "es un golpe de Estado del nacionalismo español, del gobierno del PP, del PSOE y de Ciudadanos contra las instituciones democráticas de Cataluña". Así, Cleries ha recalcado que implementar el 155 -que incluye el cese del Govern al completo- es "decapitar políticamente" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. 

En el debate de la Comisión conjunta de las comisiones General de las comunidades autónomas y Constitucional, Cleries ha acusado al Gobierno de estar "dispuesto a reprimir nuestra libertad de expresión con la violencia y la utilización partidista de la Justicia". En este punto, el senador del PDCat ha pedido la libertad de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión por impedir un registro de la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat. "Una vergüenza más", ha afirmado Cleries sobre la orden judicial de encarcelamiento.

Así mismo, el senador del partido de Puigdemont ha calificado la activación del 155 como "un ataque a la democracia, al autogobierno, a las instituciones catalanes y a  todos los catalanes piensen lo que piensen". "Ustedes se saltan con esta aplicación del 155 el Estado de Derecho", ha espetado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a los ministros presentes.

Cleries también ha criticado que el delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, no haya podido defender en la Comisión las alegaciones de la Generalitat al requerimiento del 155. Puigdemont le había autorizado a ello. Sin embargo, el presidente del Senado, Pio García-Escudero, ha explicado que Mascarell no está habilitado para intervenir, según el reglamento, al no ser miembro del Consejo de Gobierno catalán.

Por su parte, el portavoz de ERC en la Cámara alta, Miquel Angel Estradé, ha cargado contra el Ejecutivo por pretender "liquidar el autogobierno de Cataluña". "ERC será siempre fiel al mandato del pueblo de Cataluña y en este momento el único mandato vigente es el que deriva de las urnas del 27-S y del 1-O".

Según Estradé, el Gobierno de Mariano Rajoy sólo persigue "impedir que se ejecute ese mandato y culminar una auténtica ofensiva contra el catalanismo, que hoy es mayoritariamente independentista". "Quieren destruir los grandes consensos que se han construido desde el catalanismo. Quieren imponerse, siendo una minoría, con caos y confusión", ha sentenciado el representante de ERC.

El PNV mantiene la "esperanza"

También se ha posicionado en contra del 155 el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, quien ha advertido a la vicepresidenta de que "mientras hay vida, hay esperanza". "Le pido que toda la acción de su gobierno vaya dirigida no a aplicar el 155, sino en la búsqueda del acuerdo. Que todos esos esfuerzos que están dedicando a poner en marcha el 155, vayan a una vía positiva, la de acuerdo", ha señalado a Santamaría el senador peneuvista.

Igualmente, el portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en la Comisión, Óscar Guardingo, ha justificado su rechazo al requerimiento en que, además de afectar al Estado de las autonomías, "ataca a la separación de poderes" porque el Gobierno "castra" las funciones del Parlament y "se atribuye funciones del Tribunal Constitucional". "Puede vetar las leyes antes de su trámite", ha afirmado Guardingo. En realidad, lo que dice el documento del Gobierno es que el Ejecutivo central tendrá potestad para impedir la puesta en marcha de leyes que salgan del Parlament relacionadas con el proceso separatista.


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