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Medios

El día que los empresarios más poderosos de España pactaron el rescate de la prensa

Emilio Botín, Juan Luis Cebrián y César Alierta

A la prensa española la crisis económica le sorprendió con una monumental resaca. Los primeros años del nuevo siglo fueron prósperos y dichosos, lo que disparó las expectativas de los editores, multiplicó los beneficios de sus empresas e infló el ego de sus mandamases hasta extremos poco aconsejables. En aquel entonces, las campañas publicitarias llenaban decenas de páginas de los diarios cada semana y los quiosqueros apenas si habían notado el declive que posteriormente sufrió el papel. Los periódicos eran capaces de marcar la agenda política y sus portadas más afiladas podían provocar heridas mortales de necesidad.

Convencidos -o supuestamente convencidos- de que el grifo por el que recibían sus ingresos nunca se iba a cerrar, sus dueños acometieron enormes inversiones que pesaron como una losa sobre sus negocios cuando arreció el temporal. Con un optimismo exacerbado y una pecaminosa imprudencia crearon una burbuja que, al estallar, los situó al borde de la quiebra. La onda expansiva de esa explosión se percibió al otro lado del charco, donde los fondos oportunistas olieron a carroña y comenzaron a sobrevolar estas empresas. En algunos casos, como el de Prisa, se lanzaron en picado para intentar sacar provecho de su endeblez.

Los responsables de las principales compañías españolas, reunidos entonces alrededor de la mesa del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), observaron aquella situación con inquietud. Fuentes cercanas a este lobby –ya extinto- han explicado a este periódico que, en el momento de su fundación, sus selectos miembros se comprometieron a no hablar de política más de lo necesario y a no influir dentro del siempre delicado sector de los medios de comunicación, en el que algunos de sus socios ya habían realizado incursiones depredadoras en el pasado.

Pero pronto cayeron en la cuenta de que no podían permanecer impasibles ante la tormenta perfecta que descargaba sobre ‘el cuarto poder’ y, en sus reuniones, hablaron de adoptar una actitud activa para corregir esa situación, potencialmente perjudicial para sus negocios. Estas fuentes próximas al CEC han precisado que algunos de sus afiliados vieron entonces la oportunidad de atar en corto a la prensa, aprovechando su necesidad de dinero fresco.

Otros, optaron por un plan más prudente que se sustentaba en varias patas, con el que evitaron la quiebra de las principales compañías editoras y, a la vez, ganaron influencia –de forma más o menos involuntaria- en sus consejos de administración. Siempre manteniendo un perfil bajo y sin disponer de asientos en los mismos.

Uno de los principales puntos que incluía esta estrategia era el relativo al rescate del Grupo Prisa, agobiado por una deuda que a principios de la actual década era superior a los 3.200 millones de euros y que había alcanzado los 5.000 millones antes de que Juan Luis Cebrián vendiera una parte del alma de la compañía al fondo estadounidense Liberty.

A mediados de 2012, con el lobby del Ibex en su pico de actividad, Telefónica (César Alierta) se comprometió a suscribir bonos convertibles en acciones de la editora de El País por 100 millones de euros, mientras que La Caixa (Isidro Fainé) y Banco Santander (Emilio Botín) aceptaron capitalizar una parte significativa de su deuda. A partir de ahí, suscribieron varios acuerdos de refinanciación que permitieron a la compañía de los Polanco ganar tiempo para afrontar sus obligaciones. Una buena parte de ellas, con los miembros del CEC.

En este proceso, jugó un papel mediador –“y no especialmente activo”- la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha sido especialmente bien tratada desde entonces por los medios de comunicación del (menguante) universo de Prisa.

Los antiguos socios del Consejo Empresarial para la Competitividad agrupan actualmente el 26,7% de las acciones de la empresa presidida por Juan Luis Cebrián. En concreto, Telefónica dispone del 13% de sus títulos, Banco Santander, del 4,65%, Caixabank, del 4,9% y la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, el 4,19%. Ninguno está representado en su Consejo de Administración y en sus comisiones. Ahora bien, el alto porcentaje de participaciones que tienen en sus manos les otorga un peso importante dentro de la compañía.

Más publicidad para la prensa

En aquellas reuniones del CEC –según informantes directos- también se establecieron acuerdos para realizar campañas publicitarias en estos medios de comunicación, cuyos ingresos se habían desplomado desde el inicio de la crisis económica. Una mera consulta a los informes de i2P sobre la inversión de los anunciantes en este sector para cerciorarse de la magnitud de esta crisis.

En 2008, las empresas destinaron 3.146 millones de euros a la televisión, 1.575 a la prensa y 596 a la radio. Cinco años después, los grupos de la TDT facturaron un 49% menos, los periódicos, un -61% y las cadenas radiofónicas, un -44%. En ese lustro, los editores de los diarios comprobaron que su negocio se estaba viniendo abajo como consecuencia de la llegada de internet, un aliado de los más espabilados pero, a la vez, un enemigo de quienes decidieron aferrarse al formato impreso, que fueron mayoría.

Los ingresos por circulación de las empresas del sector cayeron en picado y sus tiradas menguaron de forma dramática. Sólo entre 2008 y 2013, la difusión de los cuatro principales diarios generalistas descendió en 470.834 ejemplares diarios. Una auténtica debacle que aminoró –aunque no solucionó- la inversión publicitaria acordada en el seno del CEC.

Entre 2008 y 2013, la tirada de los cuatro principales periódicos generalistas españoles descendió en 470.000 ejemplares diarios.

Los miembros de este think tank eran conscientes de que los problemas financieros de los medios de comunicación no empezaban ni terminaban en Prisa. Sin ir más lejos, Unidad Editorial cumplía una dura penitencia por la compra del Grupo Recoletos en 2007, que ascendió a 1.100 millones de euros. Ese año, en Vocento consideraron que era buena idea invertir 132 millones en el diario gratuito Qué! –excluido de la anterior operación-, el cual cerró cinco años después tras intentar rentabilizarlo de mil y una fórmulas.

Sobre la mesa del CEC se expuso el asunto de la fusión entre Unidad Editorial y Vocento. Durante los meses en los que sus máximos responsables negociaron la posible unión de estas compañías, Rodrigo Echenique –actual consejero de Banco Santander- ejercía de presidente de la editora de ABC y el criterio de esta entidad fue tenido en cuenta, tanto para iniciar las conversaciones, como para descartar la operación ante las fundadas dudas de sus ideólogos sobre la rentabilidad de la empresa resultante.

Las fuentes consultadas por este periódico también relacionan al CEC con la ‘revolución’ que tuvo lugar en el Grupo Zeta entre 2014 y 2015. De hecho, en la refinanciación de su deuda resultó clave la palabra de Isidro Fainé, entonces presidente de Caixabank, la entidad a la que más dinero debía la empresa de los Asensio.

En los últimos días de 2014, pocas semanas antes de morir, José Manuel Lara Bosch, miembro del CEC y presidente de Planeta, anunció su intención de comprar el 23% de las acciones de El Periódico de Catalunya, que en pocos meses pasó de mantener una actitud benevolente con el independentismo (colaboracionista) a describir en sus editoriales con precisión los riesgos que entrañaba para la estabilidad de España el proceso soberanista. Desde octubre de 2015, al frente de la gestión del Grupo Zeta se encuentra Agustín Cordón, exdirector general de la Fira de Barcelona y hombre de confianza de Fainé.

Medios sumisos

Algunas voces del panorama mediático consideran que detrás de estos movimientos del CEC se encuentra el interés del Ibex-35 por domesticar a la prensa. Máxime en un periodo de crisis económica en el que las grandes compañías habían sido acusadas de provocar algunos de los principales males que afectaban al país. Principalmente, los bancos.

Otros informantes disienten de esa opinión e inciden en que esas maniobras resultaron interesantes para todas las partes. Lo fueron para las grandes empresas, que lograron contener el nivel de las críticas de la prensa (El País resulta un ejemplo paradigmático). También, evidentemente, para los medios de comunicación, que en casos como el de Prisa obtuvieron una ayuda clave para evitar la bancarrota. Incluso para el Gobierno, que no tuvo que enfrentarse a la incertidumbre que hubiera supuesto la caída de uno o varios de los grandes holdings del sector.

Estas fuentes destacan que en el espíritu de algunos de los miembros de este lobby –no de todos- había una cierta carga de patriotismo. Impulsaron el CEC en un momento en el que la CEOE hacía aguas y en el que las variables macroeconómicas del país se teñían de rojo al mismo ritmo al que empeoraba la imagen en el exterior de las grandes compañías. El grupo estuvo en activo mientras tuvo sentido y sirvió para proteger los intereses económicos de sus miembros durante la etapa más dura de la crisis económica. Algunas de sus opiniones sirvieron para incrementar la presión sobre determinados poderes, pero algunas de sus decisiones resultaron beneficiosas para la prensa.

Eso ha provocado que voces como la de Pedro J. Ramírezapartado de la dirección de El Mundo, en esa época- hayan establecido una distinción entre los grupos de prensa que obtuvieron réditos durante esa época –los del “establishment”- del resto de los medios de comunicación. Es una consecuencia del plan de acción del CEC y, a fin de cuentas, una de las secuelas que ha dejado la crisis económica.

Gráficas: Teresa García

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