Publicado: 21/11/2014 14:16
Manuel Chaves y José Antonio Griñán no son unos militantes cualquiera. El primero sustituyó a Ramón Rubial en la presidencia del PSOE y el segundo tomó el relevo en el cargo cuando en 2012 Alfredo Pérez Rubalcaba cogió las riendas del partido. Ambos, pues, han ocupado el puesto de mayor responsabilidad en la sede federal de Ferraz y ahora se encuentran sometidos a una investigación del Tribunal Supremo para averiguar si tuvieron responsabilidades en el fraude de los ERE -855 millones del erario público desviados a empresas- cuando presidieron la Junta de Andalucía. El PSOE ha percibido desde el principio la investigación guiada por la juez Mercedes Alaya como un ajuste de cuentas con el socialismo andaluz y ahora Pedro Sánchez ha puesto tan alto el listón de la lucha contra la corrupción que se ha encontrado en sus manos con una auténtica patata caliente.
El PSOE ha percibido la investigación de la juez Mercedes Alaya como un ajuste de cuentas contra el socialismo andaluz
La tensión interna es grande. Chaves deambula como un zombi por los pasillos del Congreso porque su cargo como presidente de la Comisión del Pacto de Toledo le da mucho tiempo libre. Otro tanto cabe decir del ahora senador Griñán, a quien Susana Díaz debe el cargo de presidenta de la Junta andaluza. Esta última anunció hace dos semanas a bombo y platillo que, en caso de ser imputados, Chaves y Griñán se verían forzados por el PSOE a dejar sus escaños. La vieja guardia montó en cólera al escuchar a Díaz ya que dos días antes de que se pusiera el mundo por montera, el pasado 11 de noviembre, la dirección del partido acababa de aprobar en Valencia un código ético en el que se rebaja mucho el pistón de las exigencias.
La cláusula del código que afecta a los dos expresidentes del PSOE reza así: “Establecimiento del cese obligatorio de los altos cargos en el momento en el que sean llamados definitivamente a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política”. A renglón seguido, el documento va todavía más allá: “suspensión de los parlamentarios y concejales en el momento en que sean llamados a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política, que se transformará en cese en el momento en que sean condenados”. La vieja guardia del PSOE lo tiene claro: siguiendo el ejemplo que aplicó en su día el exministro de Fomento José Blanco, un parlamentario que sea imputado no tendrá que dejar el escaño hasta que no se le abra juicio oral.
Los socialistas se quejan de que su partido haya abierto una subasta para ver quien sube más alto el listón del código ético
A las cuarenta y ocho horas de aprobarse el código, Susana Díaz se saltó el procedimiento y las tensiones estallaron en su partido. El malestar en el socialismo andaluz subió tanto de tono que se vio obligada a matizar, pero las dudas se ciernen ahora sobre la actitud que adoptará Pedro Sánchez. Los más veteranos temen que abandone a su suerte ante el Supremo a Chaves y a Griñán si son imputados por el Supremo, sin darles opción a que mantengan su sueldo de parlamentarios y su aforamiento. De hecho, el líder socialista todavía no ha pactado con la presidenta andaluza cómo actuar si el alto Tribunal acaba dando este paso, teniendo en cuenta que el brazo derecho de Sánchez en la sede federal es César Luena, un joven riojano que desde julio ocupa la secretaría de Organización y que es partidario de aplicar la máxima contundencia a las sospechas de corrupción en cuanto penetran en terreno judicial.
“Parece como si nos hubiéramos embarcado en una especie de puja o de subasta para ver quien sube más alto el listón del código ético, lo cual puede acabar trayendo consecuencias demoledoras”, admite un veterano parlamentario socialista.
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