Publicado: 22/10/2015 04:00
Hay un gran lío interno en el tranquilo Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Esta institución pública emitió en 2007 un informe favorable a la construcción del Castor a 30 kilómetros aguas adentro frente a las costas de Vinaroz (Castellón) sin hacer la más mínima referencia a los posibles riesgos sísmicos en la zona.
Este informe sirvió de base para que dos años después, en 2009, el Gobierno de Zapatero emitiese una declaración de impacto ambiental favorable y encargase su construcción a una filial del grupo ACS sin exigir informes de riesgos sísmicos.
Todos los responsables del IGME que participaron y supervisaron este informe obviaron la existencia de un estudio anterior, de 2005, elaborado por el Observatorio del Ebro, que alertaba de los riesgos sísmicos que podría acarrear la alteración del subsuelo en esa zona. Unos lo hicieron porque dicen no saber que existía y otros porque, aun conociéndolo, no creyeron necesario adjuntarlo a su informe.
Hay un responsable del informe que dice no saber que había riesgos sísmicos y otro que afirma conocerlos, pero que no consideró necesario aportarlos a su estudio
Hay cuatro responsables del IGME imputados y dos de ellos ya han declarado ante el juez Víctor Capilla, titular del juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz. El primero en declarar, el ingeniero de minas Jesús Gómez de las Heras, coordinador y firmante del estudio, le dijo al juez este lunes que “él solo informó sobre los extremos que le habían sido requeridos para la elaboración del informe, y que desconocía por completo la existencia de riesgos de sismicidad en la zona», según las fuentes jurídicas al tanto de su declaración.
De las Heras no debía de estar muy coordinado en su día con su compañero en el IGME, José Antonio Fernández, director de Recursos Minerales del organismo y segundo imputado que pasa delante del juez.
Fernández ha admitido que él conocía los riesgos sísmicos en la zona y había leído el informe del Observatorio, pero al no apreciar “algún potencial peligro” no consideró necesario incluirlo. “Si hubiera entendido que pudiera haber algún potencial peligro, lo hubiera hecho constar”, dijo el imputado ante el juez, según la abogada de la acusación particular de Arca Ibérica, Fanny Conde.
En lo único que han coincidido los dos imputados y ex compañeros es en que ellos se limitaron a informar sobre aquellos aspectos de la construcción del almacén de gas subterráneo que les solicitó el entonces director general de Política Energética y Minas del Gobierno de Zapatero, Jorge Sanz de la Oliva, también imputado.
Ni el IGME tuvo en cuenta las alertas del Observatorio del Ebro ni tampoco los ministerios de Industria y Medio Ambiente
El lío de versiones que hay en el seno del IGME podría enredarse aún más en los próximos días. Este mismo jueves declara Roberto Rodríguez, director de Geología y Geofísica del organismo, y más adelante lo hará el ex director general, Pedro Calvo. Nada ha trascendido aún sobre si estos otros dos directivos del IGME conocían el informe o lo manejaron, pero prefirieron no incluirlo.
El caso es que Escal UGS, filial del grupo ACS, construyó el almacén de gas sin contar con estudios sobre los riesgos sísmicos en la zona. En septiembre de 2013, Escal comenzó a inyectar gas colchón y provocó en poco más de dos semanas más de 500 terremotos, algunos de ellos de 4,2 grados en la escala Richter.
El Ministerio de Industria se vio obligado a cerrar temporalmente el almacén ante los riesgos para la población y la zona. Ahora es Enagás la empresa encargada de mantener la infraestructura hibernada hasta que se decida su cierre definitivo o su reapertura, en función de las conclusiones de los informes encargados a dos universidades estadounidenses.
Ahora, la titularidad de la infraestructura pertenece al Estado, después de que el grupo que preside Florentino Pérez ejerciera la cláusula que le facilitó el Ejecutivo de Zapatero para poder devolver la concesión.
Así ha sido y ACS, a través de su filial, ha podido embolsarse los 1.350 millones de euros gracias a una decisión exprés del actual Gobierno.
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