Así amañaba el cártel de la basura: "Yo presento la oferta y si gano otorgaré a Urbaser y Cespa un 20%"

Había en juego un macrocontrato de 542,9 millones de euros. Corría noviembre de 2012 y el Ayuntamiento de Madrid sacó a licitación la gestión del servicio público para la “Contenerización, recogida y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid y otras prestaciones específicas en la zona central”. Las tres grandes del sector, FCC (hasta la fecha adjudicataria de ese servicio), Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial) comenzaron a trabajar conjuntamente para repartirse el cotarro.

Así lo hicieron constar en un contrato, sellado el 20 de noviembre de ese año, denominado “Acuerdo de participación conjunta”, en el que FCC manifiesta su intención de presentar una oferta a la licitación mencionada y se compromete, en el caso de ser adjudicataria, “a conceder y otorgar a Urbaser y Cespa en la cuenta de participación un porcentaje máximo del 20% a cada una de ellas, pudiéndose incrementar hasta el 40% en el caso de que alguna de ellas decidiera no participar”, según se desprende de la información recogida por la CNMC en los folios 4598 a 4613 de la investigación realizada durante dos años.

"No tiene ningún interés establecer una guerra con los otros vertederos", dijo un director de FCC para Cataluña a su cliente Everest

Los grupos de Esther Koplowitz, Florentino Pérez y Rafael del Pino, respectivamente, habían convenido no presentarse al concurso, porque sabían que al quedarse desierto, sería FCC la que continuaría prestándolo a través de una prórroga otorgada por el ayuntamiento, como así fue. Pero sí habían pactado repartirse el negocio en virtud de los acuerdos previamente firmados, según ha podido constatar la inspección de la CNMC, que encontró esos contratos en los registros realizados en la sede de FCC Medio Ambiente.

Éste y otros muchos casos detectados por el regulador en los últimos diez años suponen una “infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia” y han servido de base para imponer multas a Urbaser, FCC y Cespa por valor de 23,3 millones, 16,9 millones y 13,6 millones, respectivamente.

Según los miles de emails y documentos inspeccionados por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay acuerdos secretos por doquier que durante más de una década beneficiaron a 39 empresas y tres asociaciones patronales.

“No tiene ningún interés establecer una guerra con los otros vertederos. (…) Hay que mantener sin cambios la cantidad de toneladas que va hacia los otros vertederos”, dijo el director para Cataluña de FCC Ámbito a un representante de su cliente Everest.

“Entiendo que están pidieron precio para aguas con HC’s de fuera de Cataluña ¿no? No quiero guerras ligadas a terceros, como comprenderás. Por lo tanto, me parece bien un precio para sus aguas de fuera de Cataluña. Con las de aquí no quiero líos”, reza un correo interno de FCC Ámbito en juilo de 2012, que consiguió evitar una guerra de precios con Ecoimsa.

"Actualmente, al menos en BCN, trabajan con Cespa y aquí, por ahora, estamos en periodo de no agresión", afirmaron desde Saica Natur en referencia al cliente Panrico

Cespa y Saica Natur declaran su “pacto de no agresión” con el cliente Panrico: “Cabe decir que actualmente, al menos en BCN, trabajan con Cespa y aquí, por ahora, estamos en periodo de no agresión”.

Y Andalucía también formaba parte de este acuerdo: “Cualquier posible oferta de un cliente que ahora tenga Saica debo autorizarla yo. No vayamos a empezar mal”, afirmaba un gerente de Cespa. La empresa de Ferrovial no quería perder Puleva Granada y ante los precios bajos de Saica, habló con ellos para “ceder en Sevilla y no lanzar contraoferta, y que nos emitan oferta de cobertura en Granada”.

Otra de las prácticas irregulares detectadas era ofertar por encima para que, en virtud de los acuerdos de reparto, el cliente siguiera con su proveedor: “Si no me equivoco Isofotón es tuyo ¿verdad?, es que los estuve visitando… dime cuánto tengo que ofertarle para quedarme por encima vuestro”, le dijo Magma a Verinsur.

Así se repartían los clientes sin que ellos se enterasen: "dime cuánto tengo que ofertarle a tu cliente Isofotón para quedarme por encima vuestro"

Los de FCC ámbito, para llegar a un acuerdo con Sertego, se comprometieron a “en cuanto a la planta de Valdebebas, pasamos todos nuestros clientes a la competencia, aunque sea por breve espacio de tiempo. (…) Hay que valorar qué interés puede tener Sertego en los clientes que nos interesan a nosotros para Getafe”.

Valoriza (Sacyr), multada con 15,3 millones por la CNMC, no les iba a la zaga en sus tejemanejes. Pactó con Urbaser y Cespa repartirse los servicios de Valdemingómez, sellando acuerdos de exclusividad. Cespa se salió para posteriormente llevarse su parte de la tajada, según recoge el regulador en los folios 1.743-45 de la investigación.

Había veces que las empresas y la patronal de turno se unían para tumbar concursos. Se coordinaban para no acudir o para lanzar ofertas de derribo inasumibles por el ayuntamiento de turno. Aselip, la patronal de empresas de limpieza rápida, consiguió que nadie presentara oferta en la licitación del SELUR madrileño, que quedó desierta.

Todas estas prácticas y muchas más han desembocado en la multa de 98,2 millones de euros que la CNMC ha impuesto a 39 empresas y tres patronales.