El Gobierno comienza a desarmar la estructura burocrática de las autonomías

El Gobierno ha comenzado a desmontar la estructura orgánica de algunas autonomías. Y lo hará mediante lo que ha bautizado como la “reforma de la Administración Pública”. El objetivo declarado es lograr un cuerpo de funcionarios “austero y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país”. En la práctica, eso significa que las autonomías perderán estructura orgánica y que los funcionarios serán sometidos a procesos de evaluación e incluso traslado, tal y como adelantó Vozpópuli en el mes de julio.

A la mesa de la reforma se sentarán junto a Hacienda y Administraciones Públicas representantes de Moncloa, de la Oficina Económica del Presidente y los directores generales de los departamentos ministeriales, agrupados en torno a cuatro comisiones de estudio para evaluar:

• Duplicidades administrativas: Pretende eliminar las actividades autonómicas que ya desarrolla el Estado Central con el objetivo de “abaratar el coste de la actividad administrativa”.
• Simplificación administrativa: Pretende quitar a las autonomías los poderes que a día de hoy tienen para crear empresas.
• Gestión de servicios y medios comunes: Dará poder al Estado Central mediante las compras conjuntas o centrales de compras. Se busca –según el Ejecutivo—replicar “modelos de grupos empresariales españoles” con éxito.  
• Administración institucional. Se recortará el número de entes autonómicos así como el de los “entes existentes” que dependen de los ministerios. 

Tras esa exposición teórica, se esconde un efecto en la práctica: la burocracia autonómica menguará su tamaño, según reconocen fuentes del Ejecutivo. El plazo para que esa Comisión concluya sus trabajos será el 30 de junio de 2013.

La reforma afectará también a los funcionarios

El Ejecutivo ha firmado también con los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF un documento con el que pretende impulsar lo que describe como "una nueva cultura organizativa". También en la práctica, eso significará un nuevo sistema de medición de resultados y evaluación de rendimientos que ha estado en la agenda del Ejecutivo durante varios meses, según publicó Vozpópuli.

Para fijar los parámetros de rendimiento que se exigirán, Administraciones Públicas trabaja ya sobre una base de datos de cuatro años de antigüedad.

El sistema de evaluación fue puesto en marcha por el anterior gobierno socialista tras la reforma de la función pública aprobada por Jordi Sevilla y ha continuado bajo la supervisión de Cristóbal Montoro. En el último lustro, Hacienda ha medido el rendimiento de 2.000 funcionarios en diferentes ministerios en una experiencia piloto con la que pretende crear una serie de parámetros de medición de la eficiencia y productividad de los empleados públicos, según revelan fuentes del Ministerio de Hacienda. El ministerio ha evaluado a trabajadores en su propio departamento así como en los ministerios de Empleo, Industria, Economía, Interior, Defensa, Justicia, Agricultura y Presidencia.

Sin embargo, los sindicatos están ya en guardia a raíz de la base sobre la que ha propuesto trabajar el Ejecutivo. Un documento que incluye un punto que genera ciertas suspicacias entre los sindicatos de la función pública: el que el Gobierno define como "la racionalización de los recursos sindicales y de las estructuras de negociación y participación".

También en este caso, la nueva estructura se cerrará durante 2013.