Economía

El Gobierno negocia la reforma de las hipotecas mientras aumenta la presión social

El Congreso decide este martes si toma en consideración una Iniciativa Legislativa Popula a favor de la dación en pago que ha conseguido reunir casi un millón y medio de firmas. El PP, que ya ha anunciado que votará en contra, debate en la Comisión de Economía del Congreso las enmiendas del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios aprobado por el Ejecutivo en noviembre.  

Miembros de las asociaciones que han organizado la ILP a favor de la dación en pago presentan las últimas firmas recogidas.
Miembros de las asociaciones que han organizado la ILP a favor de la dación en pago presentan las últimas firmas recogidas. EFE

La presión social por la dación en pago llama a la puerta del Congreso, en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), mientras los diputados negocian las enmiendas del proyecto ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios aprobado por el Ejecutivo en noviembre. Aunque ha reunido 1.402.854 firmas, tres veces más de las necesarias, el paso de la ILP por el Congreso tiene visos de ser muy fugaz, dado que el Partido Popular, que tiene mayoría en la cámara, ya ha anunciado que votará en contra de que se tenga en consideración, por lo que previsiblemente no podrá comenzar su camino para convertirse en ley.

Pero su debate en el próximo pleno del martes es una muestra más del aumento de la presión social para que el Gobierno tome medidas que acaben con los desahucios. Un drama que esta semana se ha cobrado una nueva víctima, un hombre de Córdoba de 36 años y con una hija que tenía que hacer frente a una deuda con el banco tras haber firmado una dación en pago.

Movilizaciones

Por casos como este, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, no dudó el pasado martes en calificar como “criminales” a las entidades bancarias. Colau se pronunció con este término tan contundente en la Comisión de Economía del Congreso, donde se debaten las enmiendas de la reforma. Durante su intervención, Colau aseguró que, tras casi 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008, se ha “llegado a un punto de inflexión” y que agrupaciones como la suya “han agotado las vías que ofrece el sistema” con la presentación de la ILP. “Por ello, si la mayoría parlamentaria la rechaza estarán obligándonos a movilizarnos más”, aseguró Colau. De hecho para el próximo sábado 16 hay convocada una jornada de protestas en toda España.

Pero estas manifestaciones anunciadas no son las que más revuelo causaron entre los diputados que escuchaban a Colau. La portavoz de la PAH les hizo partícipes de otra iniciativa que tienen pensado llevar a cabo y que consiste en señalar por la calle a los políticos que voten en contra de la ILP. Las palabras de Colau fueron tomadas como una amenaza por una parte de sus señorías, en especial las del Partido Popular.  

Medidas

En la misma Comisión que participó Colau lo hicieron entre el martes y el miércoles otros cinco expertos en el tema hipotecario que expusieron sus ideas sobre la situación actual, sus causas y las posibles mejoras que los diputados que les escuchaban podían debatir para incorporarlas al proyecto de ley.

Una de las intervenciones más comentadas, y que fue la que propició el enfado de Colau, que incluso dejó la sala con gesto contrariado, resultó la de Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario general de la Asociación Española de Banca (AEB). Rodríguez defendió que no es necesario cambiar el sistema actual, “uno de los mejores de la UE”, “porque no es un problema”. “El problema es la crisis”, aseguró antes de defender “soluciones temporales” la paralización temporal de las ejecuciones, incluida en la reforma a debate, o el Código de Buenas Prácticas de los bancos, que el Ejecutivo impulsó en marzo.

A este Código le puso algunos peros Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario y de la Caja de Ahorros de Granada. En concreto dos de ellos son el que el umbral de las familias es demasiado restrictivo y que la mayoría de las viviendas en España superan la tasación máxima fijada.

Tasaciones

Precisamente la tasación de las viviendas fue otro de los temas más comentados en la Comisión. Una de las comparecientes que abogó porque la tasación la hiciera una entidad independiente de la entidad financiera fue Francisca Sahuquillo, presidenta del Consejo General de Consumidores, que además criticó que los sucesivos gobiernos no hubieran actuado para frenar la sobrevaloración de las tasaciones.

Sahuquillo también propuso una ley de quiebra familiar para los hogares sobreendeudados que “permita a los tribunales declarar cancelada la totalidad de la deuda tras valorar una serie de elementos como la buena fe de los deudores o la situación en la que se contrajeron los créditos. Ante la condonación de la deuda se mostraron contrario tanto el representante de la AEB como Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Ambos defendían que introducir dicha medida supondría, en palabras de González, “un efecto llamada” para que aquellos que hacen frente a sus obligaciones financieras dejen de hacerlo.

“El trasfondo social nos puede a todos pero tenemos que plantearnos hasta donde traspasamos los límites del mercado hipotecario”, añadió González, antes de recordar que la tasa de morosidad en este sector se sitúa en el 3,63%. Conforme a estos datos, Rodríguez Pellitero alegó que no se puede “perjudicar al casi 97% de la que gente que paga por los que no lo hacen” y alertó de que si se cambia el sistema actual “será más difícil acceder al crédito en el futuro”.

Anticresis

Una de las propuestas para que el sistema no se vea afectado y los deudores no tengan que abandonar sus casas la presentó Fernando P. Méndez, registrador de la propiedad, que acudió a la figura jurídica del derecho romano llamada anticresis. Méndez explicó que “con la anticresis el acreedor se constituye en administrador de la finca mientras el deudor sigue siendo el propietario y ambos acuerdan que durante un cierto número de años la persona que tiene la deuda pague una cantidad -que se aplica a la extinción del crédito- más o menos equivalente al alquiler de lo que el acreedor considere que pueda obtener en el mercado”. Con ello se consigue, según Méndez, beneficio para ambas partes, porque uno no pierde su vivienda y el otro no se ve con un inmueble que como está el mercado difícilmente pueda vender.

“La clave de todas las claves”, para que esta anticresis se pueda llevar a cabo “es que el Banco de España acepte que si se regulan este tipo de pactos no habrá provisiones, o que la obligación de provisionar será mucho menor”.


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