Fiscalidad

La guerra entre Montoro y Carmena podría acabar en la disolución del Gobierno municipal

La Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé que un incumplimiento sucesivo de las normas dictadas para el equilibrio de las cuentas públicas acabe con la disolución del órgano de gobierno de una administración local. En su desafío a Hacienda, la alcaldesa Carmena se juega el Ayuntamiento de Madrid.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. EFE

La batalla particular que libran el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid con los balances contables públicos de esta administración de fondo podría tener funestas consecuencias para la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. La tutela de las cuentas municipales decretada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro es sólo uno de los primeros pasos derivados del incumplimiento de la regla de gasto por parte del Ayuntamiento. En caso de persistir esta situación, el último consistiría en la disolución de la actual corporación municipal.

Así lo contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dentro de su capítulo IV, dedicado a las medidas preventivas, correctivas y coercitivas para garantizar el cumplimiento de las normas destinadas a asegurar el equilibrio de las cuentas públicas. En realidad, el Ministerio de Hacienda ya puso en marcha en su día con el Ayuntamiento de Madrid las medidas correctivas, cuando le exigió la formulación de un plan económico-financiero ante el incumplimiento de la regla de gasto a partir del ejercicio 2015.

No obstante, Hacienda ha rechazado los tres planes remitidos desde el Consistorio madrileño al por entender que siguen sin garantizar el cumplimiento de la regla de gasto, por lo que el Ministerio ha dado el siguiente paso y ha puesto en marcha el apartado de las medidas coercitivas.

La primera que contempla la Ley es la no disponibilidad de créditos para garantizar el cumplimiento del objetivo establecido. En realidad, Hacienda ha comunicado al Ayuntamiento que deberá facilitar cada semana un certificado de sus cuentas para que la Administración central certifique el acatamiento de la regla de gasto. Se trata de una tutela de las cuentas municipales, aunque se ha llegado a hablar de una "intervención" de facto del Ayuntamiento, un término que han rechazado tanto desde el Ministerio como desde la corporación municipal, desde la que han trasladado su voluntad de acatar el mandato de Hacienda.

Diferencias con la Generalitat

En el caso de que persista el incumplimiento, la Ley prevé que Hacienda envíe al Ayuntamiento una comisión de expertos para que, una vez haya evaluado la situación de las cuentas de la administración local, elaboren un plan económico-financiero que debe ser de obligado cumplimiento. En el caso de que no fuera ejecutado, el siguiente paso sería el de proceder a "la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora", como reza el artículo 26.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Esta medida está contemplada con las administraciones locales pero no con las autonómicas, una de las múltiples diferencias entre los casos del Ayuntamiento de Madrid y de la Generalitat de Cataluña, cuyo Gobierno no fue disuelto por una cuestión de estabilidad presupuestaria sino por la aplicación del artículo 155 de la Constitución motivada por el avance del proceso secesionista.

Por el momento, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido acatar la decisión de Hacienda y aceptará la tutela semanal de sus gastos aunque también ha comunicado que está dispuesto a recurrir la decisión del Ministerio al entender que no está justificado el rechazo a los diferentes planes económico-financieros presentados para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto.

¿Una estrategia política?

No es la primera vez que Hacienda llega a este punto con una administración local, aunque en los anteriores casos se trató de administraciones sensiblemente más pequeñas. Lo cierto es que las medidas de Hacienda contra el Ayuntamiento ya se encuentran en el último apartado que la Ley prevé, el coercitivo, con lo que la solución extrema de la disolución de la corporación municipal está más próxima, aunque sea por el momento una simple amenaza latente.

Los expertos consideran improbable que se llegue a esta situación pero sí admiten que la presión sobre el consistorio madrileño es de considerables dimensiones y podrían poner en peligro algunos de los planes que la administración local tienen sobre la mesa.

En medio de todo esto, a 18 meses para la celebración de las próximas elecciones municipales y autonómicas, cobra cada vez más fuerza la posibilidad de que Manuela Carmena decida optar a la reelección aunque, en esta ocasión, con un equipo más alineado y sin tantas corrientes como el que se da en estos momentos en la formación que lidera, Ahora Madrid.

En este sentido y con el apoyo que frecuentemente le ha prestado el PSOE en la presente legislatura, las posibilidades de repetir éxito en los comicios son crecientes para Carmena. La presión por las cuitas en torno a las cuentas públicas podría modificar el panorama de forma notable.


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