Economía

El Tribunal Constitucional frena la estrategia del Gobierno para vaciar a los sindicatos devolviéndoles fondos de formación

El Ejecutivo del PP ha reducido subvenciones, liberados sindicales y fondos de formación, castigando la financiación de los sindicatos. Sin embargo, una sentencia del Constitucional establece que unos 1.000 M. de fondos de formación de los que se habían apropiado las Comunidades y el antiguo Inem deben ser controlados exclusivamente por la patronal y las agrupaciones sindicales.

El Tribunal Constitucional frena la estrategia del Gobierno para vaciar a los sindicatos devolviéndoles fondos de formación
El Tribunal Constitucional frena la estrategia del Gobierno para vaciar a los sindicatos devolviéndoles fondos de formación

El Tribunal Constitucional ha frenado la estrategia del Gobierno del PP de vaciar a los sindicatos. Este Gabinete ha recortado hasta un 40 por ciento las subvenciones a las centrales, ha reducido el número de liberados y se ha quedado con parte de los fondos de formación que gestionaban la patronal y las agrupaciones sindicales.

Sin embargo, una sentencia del TC del 22 de enero de 2013 establece que los fondos de la formación continua han de ser controlados por las empresas y trabajadores que los sufragan, es decir, sus representantes de la patronal y los sindicatos.

Las empresas y empleados abonan la formación de los trabajadores ocupados con 0,7 puntos de las cotizaciones, el equivalente a unos 2.000 millones de euros. Éstos los gestiona el Tripartito, formado por los agentes sociales y el Gobierno. Pero el antiguo Inem y las Comunidades han ido tomando poco a poco una parte de esos fondos hasta dedicar aproximadamente la mitad de ellos a la formación de parados.

Empleo, sin fondos para formar parados

Sin embargo, el Constitucional ha dictaminado que la cantidad aportada en las cotizaciones para formación profesional es finalista, está vinculada a la gente ocupada y la negociación colectiva y, por lo tanto, no puede ser destinada a otros menesteres distintos del de formar a los trabajadores en activo. Según el alto tribunal, en ningún caso estos recursos pueden desviarse hacia las políticas activas de empleo, que han de financiarse con las arcas del Estado.

En principio, el Ministerio de Fátima Báñez está ahora obligado a devolver la gestión de esos 1.000 millones a los agentes sociales. De modo que Empleo se ve privado de un dinero que utilizaba para los desempleados y que brindaba a las Comunidades Autónomas para tenerlas contentas. De hecho, la sentencia del TC ocurre porque la Generalitat catalana reclama el control total de estos fondos e incluso la capacidad de legislar sobre ellos.

Empiezan las negociaciones

“El Gobierno ha encajado un varapalo después de haber ninguneado a la CEOE y atacado a los sindicatos”, explica una fuente sindical. Ahora las negociaciones han comenzado entre bastidores para ver cómo se reparte de nuevo la tarta, pues estos fondos ya estaban consignados en los Presupuestos de 2013. Conscientes de su debilidad ante el Ejecutivo, los sindicatos han cedido el papel protagonista a la CEOE para que ésta sea la que lleve las conversaciones con el Ministerio de Empleo.

Pese a que la formación continua está supervisada por la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, un informe en el que colaboró el anterior ministro de Empleo, Valeriano Gómez, concluía que más de la mitad de los trabajadores nunca accedían a esos cursos. “La formación ha sido mal gestionada y más bien ha servido de fuente de financiación para los sindicatos y la patronal. Ha existido poco control sobre cómo se externalizaban esos servicios”, destacan fuentes del ámbito de la formación.

“Hay que reinventar los sindicatos al igual que los partidos políticos, hay que clarificar su financiación, pero eso no significa que esté justificada la campaña de acoso y derribo sufrida”, argumentan fuentes del entorno sindical.


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