El Gobierno estudia privatizar las políticas activas de empleo para que las ETTs aumenten su papel en la intermediación laboral. El Ejecutivo argumenta que el Servicio Público de Empleo sólo intermedia en el 1,6% de los trabajadores que encuentran empleo. La UE ha pedido 2.500 millones en políticas laborales. Las políticas activas conservan una dotación de 4.000 millones a día de hoy. 

El Gobierno subirá las pensiones pero esa subida será sólo del 0,25% hasta que se produzca una explosión económica. En la práctica, eso significa que los jubilados perderán poder adquisitivo. En dinero, una pensión de 600 euros al mes pasará a ser de 601,5 euros. Si el nuevo sistema hubiera estado en vigor en esta crisis, las pensiones habrían perdido un 13,3% de poder adquisitivo.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, no enviará la reforma de las pensiones al Congreso hasta finales de septiembre, con el fin de dar tiempo a que el PSOE resuelva sus problemas internos y tenga oportunidad de sumarse al acuerdo. Alfredo Pérez Rubalcaba y el exministro Valeriano Gómez han encontrado hasta ahora una fuerte resistencia en su grupo parlamentario a cualquier tipo de acercamiento al PP en esta reforma.

Pese a que el sistema de pagar a agencias privadas para que recolequen es el que mejor funciona en Europa, el Ministerio de Báñez destinará otra vez la parte del león de sus recursos a las bonificaciones, que ya han resultado un fracaso. El Gobierno pide dinero a las grandes empresas para que cofinancien los fondos europeos para el empleo. 

¿Puede un joven que a duras penas mantiene su puesto de trabajo y cobra poco más que unos mil euros sufragar con sus cotizaciones unas pensiones que en algunos casos alcanzan los 2.400 euros? Durante las próximas seis semanas, políticos y agentes sociales discutirán cómo abordar estos y otros desequilibrios en el marco del Pacto de Toledo. Está en juego el futuro de las pensiones.