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El 75% de la inversión urbanística de Botella para 2014 se pierde en el pago de justiprecios

El Ayuntamiento de Madrid vende sus Presupuestos como los del retorno inversor, pero la letra pequeña lo desmiente: 51 de los 70 millones del área de Urbanismo se van en resoluciones por expropiaciones. UPyD pedirá explicaciones la próxima semana. 

Obras del nuevo Mercado de Barceló a finales de 2012, una de las pocas inversiones reales de Cibeles para 2014.
Obras del nuevo Mercado de Barceló a finales de 2012, una de las pocas inversiones reales de Cibeles para 2014. Antonio Rubio (CC via Flickr)

Uno de los capítulos estrella de los últimos Presupuestos Generales de la ciudad de Madrid iba a ser el de la recuperación de la inversión, pero un análisis más detallado desmonta tal afirmación. Para empezar, se anunció una dotación de 332 millones, pero pronto se supo que el 45% de ese montante (150 millones) corría a cargo de las empresas adjudicatarias de contratos (operación asfalto, por ejemplo). En consecuencia, al Ayuntamiento le tocaría apoquinar 182 millones el año que viene, un 80% más que en 2012. Y de esa cantidad, el área de Urbanismo que dirige Paz González concentra el grueso inversor, con el 40%, algo más de 70 millones. Pero la realidad es que los madrileños apenas notarán mejoras urbanas: si acaso, unas pinceladas.  

De los 70.755.408 euros, casi 52 millones son puro humo. El Proyecto de los Presupuestos lo confirma: 47 millones se destinan a pagar “justiprecios determinados por resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa”; otros 4.769.593 euros van a parar a “bolsas de crédito para futuras expropiaciones, cumplimiento de sentencias y otros gastos”. Tres cuartas partes del presupuesto de Urbanismo que no se traduce en nada para la ciudadanía. El 25% de la inversión total.   

La operación inversora más interesante, por no decir la única, son los créditos consignados para la “construcción de un Centro Polivalente en la Calle de Barceló”, para el que se destinan 12.400.000 euros. El resto de inversiones urbanísticas carece de relevancia: 3,2 millones para “derribo y vallado en ámbitos de expropiación” o 3 millones para la “adopción de medidas de seguridad y consolidaciones en edificios municipales”. Cibeles sigue al ralentí.

UPyD quiere más datos

UPyD ha tomado nota del despropósito inversor, y preguntará esta semana en comisión por los detalles de los justiprecios a abonar. Su portavoz David Ortega (UPyD) quiere “conocer el crédito total destinado a tal fin y en qué partida o partidas se encuentra contemplado”. También preguntará por “el importe anual de las sentencias condenatorias firmes, costas incluidas, de los últimos 5 años, con indicación de las Áreas a las que afectan”.

A Ortega le preocupa que no exista “dotación suficiente para hacer frente al pago de sentencias condenatorias firmes”, algo que, evidentemente, castraría aún más la capacidad inversora de Ana Botella. La alcaldesa, no obstante, seguro que estos días tiene otras preocupaciones. 


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