Los socialistas celebran este fin de semana su conferencia municipal para preparar el 24-M

Objetivo PSOE: los 14.000 madrileños más ricos pagarán Patrimonio para destinar 600 millones a sanidad y educación

Si el PSOE gobierna en la comunidad de Madrid después de las elecciones del 24 de mayo, recuperará la tributación por el Impuesto sobre Patrimonio. Su objetivo es recaudar 600 millones de los 14.000 madrileños más ricos para destinarlos a sanidad y educación.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con un grupo de candidatos a alcalde de su partido.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con un grupo de candidatos a alcalde de su partido. PSOE

Las cuentas están echadas desde el PSOE: la bonificación del 100% en el Impuesto sobre Patrimonio aprobada por el Gobierno regional del PP en Madrid ha supuesto una pérdida de 600 millones de recaudación para las arcas autonómicas. De ello se han beneficiado solo de 14.000 madrileños, en números redondos, el 0,2% de la población de esta comunidad, a una media algo superior a los 42.000 euros por contribuyente. Este presupuesto supone, aproximadamente, el 42% del que se dedica al transporte y la vivienda en Madrid, el 43% del que se destina a asuntos sociales, el 13,5% del que va a educación y el 8,3% del invertido en sanidad. Con estos cálculos, la propuesta electoral del PSOE es nítida: recuperar estos 600 millones para destinarlo a estas dos últimas partidas y a gasto social.

Asturias, Cataluña, Andalucía y Extremadura es donde más pagan los patrimonios altos

El objetivo del PSOE es armonizar en toda España el Impuesto sobre Patrimonio, teniendo en cuenta que las comunidades tienen capacidad normativa sobre este tributo. De hecho, hay grandes diferencias entre ellas, pues han introducido tramos de tarifa propios, cambiado el mínimo exento o aplicado bonificaciones que en algunos casos, como en Madrid, llegan al 100%. En el caso de los patrimonios altos, de cuatro millones de euros, las regiones donde se paga más son Asturias, Cataluña, Andalucía y Extremadura, mientras que en los patrimonios medios, de unos 800.000 euros, la brecha es aún mayor. En Cataluña, por ejemplo, se paga casi cuatro veces más que en la mayoría de las comunidades autónomas, debido, sobre todo, a su menor mínimo exento.

“Lo que queremos evitar es entrar en la carrera de la rebaja impositiva que defiende el PP. Comunidades donde gobernamos, como Andalucía y Asturias, han demostrado que se pueden hacer ajustes fiscales sin recortes brutales en sanidad, educación y servicios sociales como los que han sufrido otros territorios”, apuntan fuentes socialistas.

Contra la subida de impuestos a la clase media

Este fin de semana, el PSOE celebra su conferencia municipal y en ella más de medio centenar de candidatos a alcalde van a reflejar sus opiniones. La idea general es armonizar en toda España impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, todos aquellos en los que las comunidades tienen capacidad para regular las desgravaciones. “Tenemos claro que no queremos subir impuestos a las clases medias, pero sí a los contribuyentes de mayor patrimonio”, aseguran las mismas fuentes.

Lagares propuso al Gobierno gravar el patrimonio a través del impuesto sobre Sucesiones

En la actualidad, Madrid es la única comunidad que tiene bonificado Patrimonio en su totalidad. Se trata de un impuesto suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace siete años que más tarde, debido al desplome de los ingresos, recuperó el de Mariano Rajoy retrasando la obligación de las comunidades de reintegrar la recaudación al Estado. Es un tributo en el que los patrimonios medios de entre  500.000 y 2,5 millones de euros, soportan el grueso de la recaudación.

En el informe elaborado para el Gobierno por el grupo de expertos que presidió Manuel Lagares antes de aprobar la reforma fiscal, éstos propusieron gravar el patrimonio, pero no a través de un impuesto anual, sino del impuesto sobre Sucesiones. En Europa, muy pocos países tienen un impuesto sobre el patrimonio neto, pues solo se aplica en 12 de los 34 países de la OCDE y en los últimos años ha sido eliminado en Dinamarca, Alemania, Finlandia, Luxemburgo y Suecia.


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