Nacional

Oriol Pujol llega a los juzgados para declarar como imputado en la trama de las ITV

El diputado de CiU en el Parlament está imputado por soborno al haber presuntamente exigido 30.000 euros al empresario Puignou por votar a favor de los intereses de la trama. Su mujer declaraba este martes, admitiendo que cobró 40.000 euros en 2008 del también empresario Sergi Alsina. 

La mujer del diputado de CiU declaraba este martes
La mujer del diputado de CiU declaraba este martes Efe

El diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha llegado antes de lo previsto a los juzgados donde está citado a declarar este miércoles como imputado por soborno al haber presuntamente haber exigido 30.000 euros al empresario Ricard Puignou por votar en la cámara catalana a favor de los intereses de la trama de las ITV en la Ley de Seguridad Industrial de 2008, según recoge Europa Press. 

Será la segunda vez en que el convergente declare como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por su presunta participación de esta trama, ya que en abril del año pasado lo hizo por supuesto tráfico de influencias; antes, a las 10 horas de este miércoles, está previsto que comparezca también como imputado su amigo y empresario Sergi Alsina.

La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, ha declarado este martes, y ha asegurado que 40.000 euros que cobró en 2008 de Alsina se corresponden a trabajos realizados de consultorías y asesorías, y ha negado que tengan que ver con gestiones de su marido en la Cámara catalana.

La ronda de declaraciones la ha abierto Puignou, también imputado por soborno, que ha reconocido que intentó ponerse en contacto hasta tres veces con Oriol Pujol para temas relacionados con las ITV, aunque ha asegurado que nunca llegaron a verse, y que no le conoce a él ni tampoco a su mujer.

Sin embargo, en la causa figura un correo del 6 de mayo de 2008 entre los empresarios Enric Marugán y Pedro Olabarría, en el que entre otros puntos se recoge que Oriol Pujol se entrevistó con Puignou y donde se menciona que "harán campaña mediática y aunque no mandan piden 30.000 euros", lo que para el fiscal es un indicio de que el político exigió dinero por votar en función de los intereses del empresario.


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