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Alaya continuará su investigación en el 'caso ERE' pese a dejar a los aforados en manos del TS

La instructora proseguirá con las pesquisas sobre el conjunto de la trama -todavía faltan pruebas clave- en paralelo a las diligencias que adopte el Alto Tribunal respecto a los expresidentes Chaves y Griñán y cinco exconsejeros de la Junta de Andalucía. Cuatro auditores de la Intervención General del Estado deberán prestar declaración en los Juzgados de Sevilla.

La llegada del caso ERE al Tribunal Supremo no supondrá la paralización de una investigación que acumula ya casi cuatro años de trabajo. Según informaron a Vozpópuli fuentes judiciales, la juez Mercedes Alaya continuará con las pesquisas sobre la trama de ayudas fraudulentas otorgadas por la Junta de Andalucía pese a haber elevado la causa al Tribunal Supremo, órgano competente para actuar contra los aforados preimputados por la instructora desde septiembre de 2013: los expresidentes Manuel Chaves, actual diputado en el Congreso, y José Antonio Griñán, ahora senador, y cinco exconsejeros del Gobierno autonómico (José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila).

La "exposición razonada" que ha remitido Alaya -de vacaciones desde el pasado fin de semana- al Alto Tribunal, junto a 20 de los 80 tomos del sumario (incluye atestados y autos dictados a lo largo de la instrucción), comprende el procedimiento en su conjunto y no sólo la parte referida a los aforados. La magistrada ha optado así por remitir toda la causa al Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, lo que no impedirá que prosiga con más citaciones y solicitud de informes. De hecho, Alaya todavía tiene que tomar declaración a los cuatro auditores de la Intervención General del Estado, una prueba que podría ser determinante para la imputación de los aforados. 

Estos interventores sostienen que los consejeros andaluces de Economía entre 2000 y 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades", que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos "nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales".

Alaya tendrá todavía margen de maniobra durante varios meses, lo que tarde el TS en pedir opinión a la Fiscalía, admitir la causa, acotar su investigación y designar al magistrado instructor

De este modo, Alaya tendrá todavía margen de maniobra durante varios meses, el tiempo que tarde el Alto Tribunal en pedir opinión a la Fiscalía, admitir la causa, acotar su investigación y designar al magistrado instructor. Según fuentes del TS consultadas por este diario, la Sala de Vacaciones del Supremo -que asume ahora las funciones de guardia- podría dictar en los próximos días una providencia pidiendo al fiscal que se pronuncie sobre la exposición razonada. Si bien ésta es una posibilidad, las mismas fuentes se inclinan por creer que, dado que no existe urgencia en estas actuaciones, lo más probable será aguardar al regreso de las vacaciones para que la Sala Penal se encargue del caso.

La Fiscalía Anticorrupción advirtió la pasada semana a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla  de que si elevaba "la causa en su totalidad por pérdida de la competencia a favor del órgano superior", tal y como ha ocurrido con la documentación recibida por el Supremo este martes, "deberá suspenderse la tramitación de la causa, salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta".

Asimismo, el Ministerio Público había instado a la juez de los ERE a que dividiera la causa en piezas, una por cada grupo de ayudas investigadas, y que elevara al Supremo dos de ellas: la dirigida contra Chaves y Griñán, y la referida a la Sierra Norte de Sevilla. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla confirmó la decisión de Alaya de no dividir la causa en piezas para evitar que fuera llegando al Alto Tribunal "por goteo".

Las subvenciones de dos años, aún por desbrozar

El sumario de los ERE, donde se rastrean 401 concesiones irregulares y el papel de 201 imputados, ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados. En concreto, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre 2000 y 2010. Además, el pasado 15 de julio la juez Alaya acordó ampliar la investigación a las ayudas comprendidas entre 2011 y 2012. 


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