EL CASO NÓOS

Los magistrados 'disparan' en su auto contra Castro, Horrach y Hacienda

El escrito de los tres jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca está salpicado de críticas a algunos de los protagonistas del 'caso Nóos' por su papel durante la instrucción del 'caso Nóos'. 

El fiscal Horrach y el juez Castro bajan la célebre rampa de los Juzgados de Palma, en una imagen de archivo.
El fiscal Horrach y el juez Castro bajan la célebre rampa de los Juzgados de Palma, en una imagen de archivo. EFE

El auto sobre el 'caso Nóos' dictado este viernes por los tres magistrados que componen la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha levantado ampollas más allá de los acusados. El papel jugado por tres protagonistas de la instrucción es criticado abiertamente por el tribunal en su escrito. El primero, su propio compañero, José Castro, por remitirles íntegro el sumario en un disco duro y no "purgar sólo aquello que en verdad fuera relevante". Al fiscal, Pedro Horrach, le ataca por recurrir la decisión del juez de imputar a la infanta Cristina en lugar de limitarse a no acusarla. Y a la Agencia Tributaria, le echa en cara que cambiase de parecer a lo largo del proceso en lo que parecía un intento de exculpar a toda costa a la hermana del rey.

Al juez Castro le critican que remitiera a la Audiencia Provincial todo el sumario en un disco duro sin "purgar sólo aquello que en verdad fuera relevante"

En concreto, al juez Castro sus colegas de la Sección Segunda le recriminan que les haya remitido las actuaciones "mediante un disco duro externo que incluía la totalidad de la causa". Todo ello, además, sin "índice o guion que permitiera conocer y analizar el contenido de los archivos". Para los magistrados, "la Ley es clara" y recuerdan que su compañero sólo debía haberles enviado "los particulares necesarios [para resolver los recursos] y no la totalidad de la causa". Un hecho que, recalcan en varias ocasiones, les obligó a solicitar al Ministerio del Justicia la adquisición de material informático para que cada uno de los miembros del tribunal tuvieran una copia del sumario para "manejar las actuaciones y empezar al estudio de las mismas, tanto en las dependencias judiciales como en sus domicilios, y de su ingente contenido". El tribunal recuerda que esta decisión de Castro ha retrasado la decisión "varios días" ya que la burocracia del Ministerio obligaba a que la solicitud de adquisición de material informático fuera aprobada "y el disco se remitiera desde la capital del Estado".

Tampoco se libra de recibir aguijonazos el otro gran artífice de la instrucción, el fiscal Pedro Horrach. Los magistrados ponen en duda la "coherencia" de algunas de sus decisiones y, más en concreto, de aquella que le llevó a recurrir el auto de imputación de la infanta Cristina con un escrito en el que lanzaba duras acusaciones al juez Castro. Para los magistrados, Horrach no debería nunca haber presentado dicho recurso y, menos, en aquel momento procesal ya que consideran que debería haberse limitado "a manifestar que no iba a formular acusación contra la Infanta por los delitos de blanqueo y delito fiscal". Para la Audiencia, la defensa a ultranza de la infanta que realizó en aquellos momentos "correspondía en exclusiva"a los abogados de ésta y él debería haberse limitado a "haberse adherido a su recurso".

Los tres magistrados creen que Horrach no debía haber salido en defensa de la infanta como lo hizo en su último escrito y que debió limitarse a no acusarla

No es la única crítica a aquel escrito de la Fiscalía, que ya entonces provocó un fuerte enfrentamiento entre Horrach y el propio juez Castro. Los magistrado también califican de "llamativo que el Ministerio Fiscal critique y censure la labor del instructor en lo que respecta a sus competencias y quejándose de haber asumido funciones acusatorias y un papel que no le corresponde". Según el auto, dicha afirmación "no es verdad" e insiste que "lo verdaderamente chocante o discutible es que el Fiscal recurra en apelación el auto de transformación, ya que el papel que le otorga la ley ante el mismo consiste en limitarse a formular acusación o, simplemente, a no hacerlo, solicitando en su caso el sobreseimiento que corresponda". En este sentido, recuerda que tanto aquel escrito como el recurso de la defensa de la infanta eran "coincidentes en el fondo" y que no deja de ser sorprendente que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se mostraran de acuerdo en la existencia de un delito fiscal y, en cambio, entendieran que la deuda tributaria resultante debía "ser satisfecha por un solo deudor", en este caso Iñaki Urdangarin.

Las "incongruencias" de Hacienda

También duro se muestra el auto con el papel en la causa de la Agencia Tributaria y, más en concreto, con su decisión de cambiar "de criterio" en sus informes a raiz del auto del 7 de mayo de la propia Sección Segunda de la Audiencia Provincial. En éste, los mismos magistrados levantaban la primera imputación de la infanta pero, a la vez, abrían la vía de investigación que ha desembocado en las acusaciones de delitos fiscal y el ahora desestimado de blanqueo. El tribunal tilda de "incompleto" el primer informe que la AEAT realizó sobre Aizoon, y le recrimina que su respuesta a dichas críticas fuera otro documento en el que se pretendía dar "idea o impresión -eso sí, con todo respeto- de que la Sección Segunda de esta Audiencia había incurrido en un error interpretativo o de concepto". Los magistrados echan mano de la ironía para señalar a continuación que "tal vez no lo supimos explicar con claridad entonces" pese a que "la idea que trasladábamos en aquel auto era sencilla".

Los informes de Hacienda sobre Aizoon, la empresa de Urdangarín y la infanta, son tildados por los miembros del tribunal de "incompletos" y con "incongruencias"

Especialmente zarandeado resulta el informe de enero de 2013 de la Agencia Tributaria, del que los magistrados aseguran que "planteaba incongruencias". "No se comprendía la razón por la cual mientras que a Diego Torres [socio del cuñado del actual Rey] se le atribuía la comisión de un delito contra la hacienda pública por defraudar en el impuesto de sociedades del 2007 [...] sin embargo a Iñaki Urdangarin se le atribuía dos delitos de fraude en el impuesto de la renta de los ejercicios del 2007 y 2008". Además, el auto recuerda que en otros informes, la Agencia Tributaria llega a plantear "una tercera vía con la que no habíamos contado". Por todo ello, los magistrados dejan claro que no los tienen en cuenta a la hora de decidir sobre la imputación de la infanta por delito fiscal, algo que Hacienda se empeñaba en rechazar en sus documentos.

BARBERÁ, CAMPS Y EL GRAVE OLVIDO DE LAS ACUSACIONES

En sus consideraciones finales, los tres magistrados incluyen también una crítica a las acusaciones, a las que responsabiliza de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no hayan sido finalmente imputados en la causa por los acuerdos que firmaron en su día con el Instituto Nóos para "la celebración del Valencia Summit y de los Juegos Europeos", dos de los 'pelotazos' bajo sospecha de Iñaki Urdangarín. El tribunal destaca en su auto que si bien cuando se intentó que fueran encuasados, el Tribunal Superior de esta comunidad autónoma lo rechazó por falta de indicios, también recalca que este órgano judicial dejó la puerta abierta a hacerlo más adelante si surgían nuevos datos sobre su supuesta participación "en las contrataciones controvertidas".

Ese momento era, en opinión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, los recursos sobre los que ahora ha resuelto. Para los tres jueces, las acusaciones debían haber solicitado "nuevamente" esta imputación y, en ese caso, ellos se hubiera replanteado remitir el procedimiento de nuevo a sus colegas del TSJV. Sin embargo, no fue así "y por tanto hemos de estar y pasar por lo dicho por el TSJV al denegar la imputación por insuficiencia de indicios contra la señora Barberá y el señor Camps", se lamentan los magistrados. Para ellos, la cuestión es "ya inatacable" desde el punto de vista jurídico.


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