El ERE que el Tribunal Superior ha anulado y que ha desencadenado el cierre de Radio Televisión Valenciana fue una decisión política. El bufete de abogados que asesoraba a la Generalitat, Garrigues Abogados, desaconsejó su aplicación el pasado día 30 de julio y advirtió de "riesgos elevados de que los tribunales acaben anulando el ERE". El Govern también ignoró los informes de viabilidad económica que había encargado a PricewaterhouseCoopers y por los que pagó 198.000 euros.