"Tuve que pagar 130 euros": las pegas para hacerse test en la pública arrastran a cientos de personas a los laboratorios privados

El negocio de las pruebas del coronavirus siguen sumando enteros. Aunque el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han consensuado ahora un nuevo protocolo para la realización de la prueba PCR a todos los contactos estrechos de personas positivas en coronavirus, el problema sigue estando en los asintomáticos: hasta un 40% de los nuevos casos detectados.

Conseguir una prueba en la sanidad pública, aun sabiendo que se ha estado en contacto con un positivo, es tarea imposible. Incluso hay sanitarios que, con síntomas compatibles con la enfermedad, han tenido que acudir a un laboratorio privado y pagarse de su bolsillo las pruebas. Clínicas a las que acuden a diario miles de personas angustiadas y que cobran entre 50 y 240 euros en función de la prueba que se solicite. 

Hace algo más de una semana, Javier, de 25 años, quedó a tomar algo con un grupo cercano de amigos, aprovechando el relajamiento de las restricciones. Esta semana, una de sus amigas llamada Silvia se hizo las pruebas de coronavirus por casualidad en el trabajo y dio positivo, por lo que alertó a todo el grupo, ya que era asintomática. 

Al conocer la noticia, Javier, igual que todos sus amigos, entró en tensión pensando que podría poner en riesgo a su padre, que a los 56 años padece una enfermedad autoinmune. Su primera reacción fue intentar obtener cita con la sanidad pública para hacerse un test PCR, pero no tuvo éxito alguno, por lo que después de unos días, recurrió a la sanidad privada.

"Fue como misión imposible. Les llamas y si tienes suerte te ponen con un médico para que él decida si deberías o no hacerte la prueba. Ni explicándole la situación de mi padre tuve suerte", explica sobre su primera llamada a un centro de salud en Madrid, una comunidad donde, según explican desde los sindicatos sanitarios a Vozpópuli, las pruebas PCR a los pacientes todavía se hacen "contadas" y, por ahora, sólo a personas con sospecha de infección actual. 

Como en el caso de Javier, de nada vale que el paciente explique a su médico de familia que ha estado en contacto con un caso positivo que, a su vez, desconocía tener la enfermedad, como Silvia y que, además, se entera casualmente de que está infectada gracias a que se incorpora a su trabajo y es su empresa la que decide que se someta a la prueba (otras no lo hacen). 

Ante la inquietud por la posibilidad de contagiar a su padre en caso de que él mismo hubiera contraído el virus a través de su amiga asintomática Javier recurrió a un laboratorio privado. Terminó pagando 120 euros en una clínica para hacerse un test ELISA, que además de determinar si tienes anticuerpos establece si hay presencia de la carga viral. "Ha sido la primera vez que voy a un centro privado en mi vida", cuenta a Vozpópuli. Ha dado negativo, pero por el momento está autoaislándose en su casa, por precaución.

Médicos de la pública se pagan la prueba en la privada 

La situación de Javier no es aislada. Son muchos los casos de personas que entran en contacto con casos positivos y, a pesar de recurrir a la sanidad pública, se les niega la prueba al no presentar síntomas. Debido a la preocupación o a la urgencia de algunas de estas situaciones, son muchísimas las personas que terminan pagando por hacerse un test, ya sea PCR , una prueba ELISA o un test rápido, menos fiable, pero más barato.

La horquilla varía entre los 50 euros de esa prueba rápida y los 240 que se puede llegar a cobrar en algunos centros por una PCR según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Si bien esas pruebas diagnósticas requieren prescripción médica, son muchos los centros privados que se ofrecen a proporcionarla por unos 30 euros.

Pero, incluso, se dan situaciones más delirantes, como la que relata Alicia Martín, presidenta del Sector de Atención Primaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS). "Quiero que esto se sepa. Que sea un ejemplo. Los compañeros no pueden estar gastándose su dinero para poder ejercer su trabajo", indica. Y se explica: hace algo más de un mes, solicitó al Servicio de Riesgos Laborales de la Gerencia de Atención Primaria que le hicieran el test de prevención ELISA porque presentaba toda la sintomatología compatible con coronavirus. Anteriormente, le habían realizado dos PCR que dieron negativas.

Ante el silencio por parte de este servicio y viendo que los síntomas continuaban, Alicia optó por acudir a un laboratorio privado donde pagó 70 euros por esa misma prueba.  Su labor no es asistencial -es liberada sindical, matiza- pero su trabajo del día a día consiste en ver a sus compañeros de centros de salud y hospitales. "¿Como voy a hacerlo sin saber si soy fuente de contagio?. Por decencia moral tenía que hacerme la prueba para saber si podía seguir trabajando", señala a Vozpópuli.

Alicia Martín se realizó la prueba hace quince días. Al final, el resultado fue negativo. Repite que se lo pagó ella misma y ahora va a pedir que le reembolsen esa cantidad. No es un caso único, recuerda. Y se remite a aquellos primeros momentos de la pandemia en los que los sanitarios clamaban porque les hicieran pruebas para saber si estaban contagiados -o no- y poder seguir atendiendo a sus pacientes. Posteriormente, siguieron teniendo problemas para que les realizasen PCR, apunta.

Pero, aclara, no ha sido hasta finales de mayo cuando el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, comunicó a AMYTS que la Comunidad de Madrid se comprometía a realizar test de ELISA  a todos los profesionales de Atención Primaria. Hasta el pasado lunes, precisa, no les trasladaron que esas pruebas ya habían comenzado a realizarse. "Primaria se ha pasado toda la pandemia sin que los profesionales tuvieran acceso a esos test", añade. 

Realizar a pruebas a todos los contactos directos con un positivo, presenten síntomas o no es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, pero todavía no se cumple en España. Esta técnica ha sido la que ha permitido detectar gran parte de los nuevos positivos del brote en Pekín, donde se han realizado más de 7.000 test a las personas que han pasado por el mercado mayorista donde se detectó.

¿A quién sí se le hace la prueba por la pública?

El problema radica es que hasta hace muy poco, la sanidad pública sólo contemplaba hacer pruebas diagnósticas a los casos sospechosos mientras que la orden era sólo vigilar a los contactos estrechos. La definición de "caso sospechoso" que hace Sanidad es la de "cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire", de acuerdo con la última actualización de la estrategia de control del Ministerio.

A principios de esta semana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció en una entrevista con la TV3 que desde el Paseo del Prado se están planteando empezar a hacer test también a los contactos estrechos de los casos sospechosos. No obstante, se ha incluido en el protocolo esta misma semana, por lo que todavía no se está aplicando por completo. 

"Hasta ahora a los contactos de los casos identificados, solo se les indicaba el aislamiento domiciliario, el seguimiento por parte de Atención Primaria o a través de los rastreadores", explica a este digital el doctor Jesús Molina Cabrillana, secretario de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) y Jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Las Palmas).

Con el nuevo protocolo que prevé Sanidad, añade Molina Cabrillana, las PCR despejarán nuevas dudas en el caso de los contactos estrechos de personas positivas. Otra cosa, indica, es que se hará con aquellos contactos que no sean estrechos (como el caso de Luis que se mencionaba anteriormente). "En teoría no tendrían que hacerse ninguna prueba", indica.

Alicia Martín, apunta también a la limitación de recursos."A lo mejor lo que hay que hacer es revisar el protocolo para ver si ese paciente tiene razón y lo que está contando es sensato", señala en alusión a casos como el de ese joven que sabe que ha estado en contacto con una persona que es positiva (aunque fuera asintomática) y tiene miedo de haber contraído la enfermedad y, a su vez, contagiar a su padre, paciente de riesgo. 

Pero, admite Martín, la organización del sistema de salud va en otra dirección y es imposible realizar pruebas a todo el mundo. "Lo que tiene que haber es una comunicación efectiva con Salud Pública. A lo mejor el paciente puede comunicárselo a su médico de familia y éste remitirlo a Salud Pública, pero si los rastreadores no consideran que sea un caso susceptible de seguimiento le van a decir lo mismo: que no cumple los criterios (no presenta síntomas compatibles con la enfermedad) y no se le puede hacer una PCR aunque le angustie muchísimo", apunta.

"A día de hoy se indica la PCR a los convivientes y se deja en manos de cada comunidad que decidan qué hacer con otro tipo de contactos. El problema con los contactos es que cuando empiezas a rascar encuentras muchos, la clave es identificar al estrecho. Entendemos que fuera del contexto del ámbito doméstico del domicilio, bastarían las medidas de distancia social, mascarillas o higiene. Aún siendo contacto, no es el mismo nivel de riesgo", apunta Jesús Molina Cabrillana.

Es por ello que hasta ahora, el criterio de sólo hacer pruebas a los casos sospechosos dejaba fuera a muchas personas jóvenes asintomáticas que pueden resultar cruciales a la hora de prevenir nuevos brotes y que se suelen pasar por alto.

El pasado lunes, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, informaba de que el 40 % de los nuevos casos de coronavirus que se están detectando son asintomáticos. Indicaba que este es uno de los motivos por los que se puede asegurar que la transmisión comunitaria se está reduciendo.

Los centros de salud siguen desbordados

Mientras tanto, son muchas las personas que tras conocer que han estado en contacto directo con un positivo, recurren a la sanidad pública por sí mismos con la esperanza de poder recibir un diagnóstico, sin éxito. Desde Atención Primaria, asegura Alicia Martín, no pueden hacer nada ante esta situación. Bastante tienen, denuncia, con hacer frente al día a día y el seguimiento de los casos sospechosos de padecer la enfermedad. 

"El problema es que no ha personal en los centros de salud para todo el trabajo que se nos encomienda. La situación es inabordable y no sólo hablo de covid; no hay médicos contratados, los refuerzos anunciados son inexistentes", señala la representante de AMYTS.

La médico critica que "la última brillante idea de la Consejería es contratar a los recién licenciados, compañeros que no tienen la especialidad de medicina Familiar y Comunitaria, para que refuercen los centros de salud. Son compañeros sin competencias para hacer ninguna de las funciones: ni emitir recetas, ni dar bajas o altas...y supone una sobrecarga de trabajo tremenda".

De los 50 euros de un test rápido a 240 una PCR

Toda una oportunidad de negocio para el sector privado, que no muestra tantas reticencias. Aunque, a mediados del pasado abril, el Gobierno anunciaba que intervendría los laboratorios privados para, entre otras cosas, impedir el abuso de precios en las pruebas diagnósticas, finalmente este tipo de negocios no dejan de expandirse y son las comunidades autónomas las que han articulado protocolos para su regulación, ya que son las competentes en la materia. 

El único requisito es que la prueba debe estar prescrita por un médico. A partir de ese momento, quien disponga de suficiente dinero, puede salir de dudas a través de diferentes opciones, más o menos aconsejables. Esta misma semana, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicaba un estudio realizado, a través de llamadas anónimas, a quince centros privados que anuncian este tipo de pruebas en Internet. Los precios, según el informe de la OCU, entre los 130 y los 240 euros para una PRC; entre 60 y 160 euros para la serología (test Elisa) y entre 50 y 150 euros para el test rápido, que la organización considera "desaconsejable".