Sanitatem

El Supremo establece que los hospitales privados no tienen que pagar por sus pacientes derivados a la pública

La única excepción que establece para ello es la presencia de algún convenio o concierto entre los dos centros sanitarios 

Fachada del Tribunal Supremo
Fachada del Tribunal Supremo Europa Press

El Tribunal Supremo acaba de establecer en una sentencia que un hospital privado que deriva o traslada a un paciente a un hospital público no tiene por qué pagar a la sanidad pública por la asistencia sanitaria que se le preste, de acuerdo con la Ley General de Sanidad. 

Así reza una sentencia elaborada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en la que establecen que sólo podrá ser obligado un hospital privado a pagar por esos servicios siempre y cuando exista un "convenio o concierto suscrito con la respectiva administración sanitaria”.

En la resolución, el tribunal estima el recurso presentado por IDCQ HOSPITALES contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que obligaba a la compañía hospitalaria a pagar por la asistencia de tres pacientes derivados del Hospital Quirónsalud Costa Adeje a un centro sanitario público, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Los tres pacientes privados fueron derivados al hospital público sin que tuvieran seguro que cubriera dicha asistencia, ni derecho a la asistencia en un centro integrado en la red de centros públicos, según detalla la resolución.

En la sentencia del Supremo, los magistrados debaten sobre si un centro sanitario privado, por su régimen específico y su relación con el paciente, con el que no suscribe un contrato de seguro de salud, ni recibe una prima a cambio de prestar una asistencia médica integral a diferencia de las entidades aseguradoras sanitarias, puede ser considerado como " tercero obligado al pago", de acuerdo con la normativa vigente.

Las aseguradoras sí deben pagar 

En ese sentido, explican que la normativa fija una serie de casos en los que las entidades privadas sí que están obligadas al pago, ya que lo que se busca es no tener que destinar fondos adscritos a la sanidad pública cuando las prestaciones sanitarias al paciente estén ya cubiertas por otros mecanismos, ya públicos o privados, es decir, cuando deban ser asumidas por aquellas entidades que tienen la obligación legal o contractual de hacerlo. 

La Sala menciona además un asunto similar recientemente resuelto por la sección, en el que desde una entidad aseguradora se desvió a pacientes a un hospital público. En ese caso, a diferencia del analizado ahora, los pacientes eran beneficiarios del Sistema Público de Salud y se consideró a las aseguradoras de salud como " tercero obligado a pago" puesto que en ese supuesto sí existía un contrato entre asegurador y asegurado que puede obligar, según las condiciones de la póliza, a prestar una asistencia integral al asegurado.

Sin embargo el tribunal concluye que esta previsión legal "en ningún caso puede extrapolarse al supuesto de los hospitales privados, que no tienen ninguna obligación legal, reglamentaria, ni contractual de asumir todas las prestaciones sanitarias a un paciente a cambio de una prima, sino las que libremente decida el hospital y en todo caso limitadas por la cartera de servicios, especialidades y unidades que tenga autorizada por la autoridad sanitaria".

En los casos de las aseguradoras, argumenta la sentencia, "si los pacientes deciden su traslado a un hospital público, esas entidades podría considerarse que sí estarían utilizando un recurso público para llevar a cabo una obligación legal o contractual que tiene asumida y, por lo tanto, sin soportar los costes de mantener esos medios necesarios".

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