Simón reconoce ahora que existen "otras herramientas" además de la alarma para confinar a la población

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido este jueves que existen "otras herramientas" aparte del estado de alarma para decretar el confinamiento y ha señalado como ejemplos la Ley General de Sanidad y la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública. Esta idea contrasta con la versión del Gobierno, que en todo momento aseguró que las sucesivas prórrogas del estado de alarma estaban justificadas porque no había otras maneras de confinar a la población. 

"Yo no soy jurista, pero, en principio, lo que yo entiendo es que si no hay estado de alarma, el Gobierno no tiene capacidad de decretar confinamientos", ha manifestado el doctor este jueves en rueda de prensa. Simón ha señalado la capacidad de los gobiernos autonómicos de confinar a la población en determinadas regiones donde se registre un rebrote. 

"La movilidad entre provincias no se puede restringir de cualquier manera, pero sí que es cierto que tenemos otras herramientas que pueden permitir a los gobiernos autonómicos tomar decisiones mucho más definidas, ha afirmado. "Hay legislación, por ejemplo la Ley General de Sanidad, pero sobre todo la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública, que, si se consigue definir un grupo concreto, con razones que justifiquen su confinamiento, se puede aplicar", ha añadido el epidemiólogo.

El Gobierno defendía que no hay "alternativa"

En todo momento, los miembros del Ejecutivo defendieron que no había "alternativa" a la alarma para ordenar el confinamiento de la población durante la pandemia de coronavirus. 

El estado de alarma fue apoyado por todos los partidos la primera vez que el Gobierno lo llevó al Congreso, pero el apoyo a este decreto decreció con las sucesivas prórrogas. Tanto, que Sánchez se vio obligado a llegar a acuerdos con Ciudadanos para sacarlo adelante. El PP y Vox, por su parte, terminaron rechazando esta herramienta al considerar que el Gobierno debía buscar alternativas que no implicasen ese nivel de excepcionalidad.