Médicos sin Fronteras pide el "escrutinio público" de los acuerdos de las vacunas de la covid-19

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido hoy a los gobiernos "que exijan urgentemente transparencia" a las empresas farmacéuticas en todos los acuerdos de licencia de la vacuna del coronavirus, así como en los costes y los datos de los ensayos clínicos que están llevando a cabo. "El escrutinio público de los términos de estos acuerdos es fundamental para garantizar un acceso equitativo y asequible a estas futuras vacunas", indican desde la organización. 

La petición de la organización humanitaria, señalan en un comunicado, surge poco después de que se revelaran "los preocupantes términos" de un acuerdo alcanzado entre la empresa farmacéutica británica AstraZeneca (que está trabajando en colaboración con la Universidad de Oxford en una vacuna contra la covid-19) y el organismo público de investigación brasileño Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Una cuestión clave, subrayan, considerando los miles de millones de dinero público de los contribuyentes que se han destinado al desarrollo de estas posibles vacunas. 

Fiocruz, vinculada al Ministerio de la Salud de Brasil, resalta MSF ha dado "un paso importante hacia una mayor transparencia" al publicar en su web el acuerdo de licencia con AstraZeneca para producir al menos 100 millones de dosis de la vacuna AZD1222. El acuerdo, según MSF, debería alentar a otros gobiernos a seguir su ejemplo y tomar medidas "hacia una mayor transparencia". Aparte del acuerdo con Fiocruz, todavía no se han revelado sub-licencias con fabricantes en Sudáfrica, India y otros países, precisan. 

En España, el Consejo de Ministros autorizaba el pasado octubre la compra anticipada de vacunas, lo que facilitará que el país reciba 31.555.469 millones de dosis, de las que 3,1 millones llegarán en diciembre si el fármaco de AstraZeneca supera todos los filtros de seguridad. Así lo anunciaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa quien indicaba que esos 31,5 millones de vacunas, que serán de doble dosis y llegarán entre los próximos meses de diciembre y junio, servirán para inmunizar a unos 15 millones de ciudadanos.

Límites a los compromisos "sin ánimo de lucro"

Desde MSF vuelven a mencionar un acuerdo anterior de los laboratorios británicos que mostró que existen límites a los compromisos públicos "sin ánimo de lucro" de AstraZeneca y que "la compañía se ha otorgado el poder de declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021".  Según la ONG, esto significa que, a partir de esa fecha, el laboratorio "podría cobrar a los gobiernos y otros compradores precios elevados por una vacuna que ha sido financiada en su totalidad con fondos públicos". 

MSF señala a "varias fuentes con información" sobre la licencia de AstraZeneca-Oxford que han cuestionado el compromiso "sin ánimo de lucro" de la multinacional británica

La licencia exclusiva original entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford aún no se ha hecho pública, continúan, y sus términos determinan en gran medida los de los acuerdos posteriores de la empresa con otros fabricantes de vacunas de todo el mundo. MSF señala a "varias fuentes con información" sobre la licencia de AstraZeneca-Oxford que han cuestionado el compromiso "sin ánimo de lucro" de la multinacional británica al afirmar que ésta  "puede cobrar hasta un 20% más del coste de producción de la vacuna".

Sin implicaciones financieras para el laboratorio

En relación a AstraZeneca, la ONG asegura que la farmacéutica ha llegado a afirmar varias veces que el desarrollo de la vacuna no tendrá implicaciones financieras para la empresa, ya que "se prevé que los gastos para hacer progresar la vacuna se compensen con fondos de gobiernos y organizaciones internacionales".

El pasado 5 de noviembre, el laboratorio británico informaba que se anotó un beneficio neto atribuido de 651 millones de dólares (550,6 millones de euros) en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un alza de más del doble con respecto a las ganancias del mismo periodo del año pasado.

"Sin una acción decisiva de los gobiernos exigiendo más transparencia a las empresas, el acceso equitativo a las vacunas covid-19 está en peligro. La opinión pública tiene derecho a saber qué hay en estos acuerdos: no hay lugar para los secretos durante una pandemia, hay demasiado en juego", señala Miriam Alía, referente de Vacunación de MSF.

Acuerdos confidenciales

Los acuerdos de licencia alcanzados para otras empresas que trabajan en el desarrollo de vacunas contra la covid-19 también siguen siendo confidenciales, a pesar de los niveles sin precedentes de financiación pública recibidos, critica MSF. Así, apunta que se han invertido más de 12.000 millones de dólares (10.162 millones de euros) en I+D, ensayos clínicos y fabricación de las seis potenciales candidatas vacunas. 

Médicos sin Fronteras apunta a las desarrolladas por AstraZeneca-Universidad de Oxford (más de 1.700 millones de dólares, 1.448 millones de euros); Johnson & Johnson-BiologicalE (1.287 millones de euros); Pfizer-BioNTech (2.500 millones de dólares, 2.105 millones de euros); GlaxoSmithKline-Sanofi Pasteur ( 1.782 millones de euros); Novavax-Serum Institute of India (1.697 millones de euros) y Moderna-Lonza (2.480 millones de dólares, 2.104 millones de euros).

Revelar los costes de los ensayos clínicos

MSF también pide a los investigadores de las vacunas contra el coronavirus que que revelen los costes y los datos de los ensayos clínicos. Sin esta información, aseguran, "es imposible que los gobiernos u otros actores de salud exijan precios asequibles y examinen los datos clave de seguridad y eficacia". Dado que los costes de I+D y fabricación se han compensado en gran parte, o en su totalidad, como en el caso de AstraZeneca y Moderna, apuntan, con contribuciones públicas, "la ciudadanía merece ver un desglose transparente de estos costes y datos".

"A pesar de las reiteradas garantías de los jefes de Estado de que cualquier vacuna de covid-19 será un bien público mundial, y de las afirmaciones de que estamos viendo a la industria en su mejor momento, la realidad es que lo que los hechos y la información disponible hasta el momento nos enseñan es que no se puede confiar en que la industria farmacéutica actúe en interés de la salud pública, incluso en estos tiempos sin precedentes", afirma Roz Scourse, asesora de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF.