Política

Estos son los decretos de Sánchez aprobados por la Diputación Permanente del Congreso

El órgano ha dado vía libre este miércoles a un paquete de seis decretos económicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Emilio Naranjo

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles seis decretos económicos. Los 64 diputados que conforman este órgano, que suple las funciones de la Cámara Baja en periodo electoral, han votado un paquete de decretos que recoge las nuevas normas del alquiler, la equiparación de los permisos de paternidad, la recuperación del subsidio a los desempleados mayores de 52 años, los cambios en la contratación en el sector de la estiba, la inversión del superávit de autonomías y ayuntamientos, y las medidas para afrontar un eventual 'brexit' sin acuerdo. A continuación, se describe cada una de estas medidas.

Alquiler

El real decreto-ley con medidas urgentes en materia de alquiler establece que el precio del alquiler se tendrá que actualizar de acuerdo al IPC. Los plazos se amplían de 3 a 5 años (y a 7 cuando el arrendador es una empresa) y se incrementa también el periodo de preaviso para cuando el inquilino quiere dejar la vivienda (a 2 meses) o el arrendador quiere recuperar su casa (4 meses).

El nuevo decreto no estipula, en cambio, la posibilidad de limitar precios, pero sí "plantea un índice de precios que podrán utilizar las comunidades autónomas para hacer política fiscal dentro de su competencia", según explicó el Ministerio de Fomento.

Paternidad

Esta medida amplia el permiso por paternidad de cinco a ocho semanas. "La maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo de las mujeres, es una opción libre y todos tenemos que hacernos corresponsables", defendió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando presentó el decreto,justo una semana antes de la celebración de la huelga feminista.

Asimismo, la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad a 16 semanas se hará progresivamente en un periodo de tres años, hasta 2021. El coste previsto de esta medida para las arcas del Estado en este 2019 es de 610 millones de euros, según indicó Calvo.

Subsidio para mayores de 52 años

El real decreto-ley de medidas urgentes de Protección Social y Lucha contra la Precariedad Laboral en el Trabajo incluye la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años (actualmente era para los de más de 55 años). Beneficiará a 114.000 personas de entre 52 y 55 años.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó que en la actualidad cobra este subsidio un total de 266.000 personas, que también se verán beneficiadas porque cambia la base máxima de cotización.

Superávit en Ayuntamientos

El decreto sobre la reinversión del superávit de los ayuntamientos persigue agilizar estas operaciones municipales. La medida fue fruto del acuerdo alcanzado con la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP).

Las partidas podrán destinarse a seguridad y orden público, protección civil, servicio de prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación de centros docentes de enseñanza Infantil y Primaria, así como el funcionamiento de los mismos y de los de Educación Especial, bibliotecas y archivos, equipamientos culturales y museos e instalaciones deportivas.

De esta forma, se facilita que el superávit de las corporaciones locales se dedique este ejercicio a equipamientos de carácter social, cultural y de seguridad ciudadana.

'Brexit'

Otro de los reales decretos convalidados este martes incluye medidas para minimizar los posibles efectos del "brexit" en los sectores del turismo y de la empresa.

El real decreto permite al Ejecutivo central "dar todas las garantías a la ciudadanía", a los turistas españoles y a los británicos que vengan, además de a las empresas para que puedan seguir comerciando con el Reino Unido.

Estiba

Por último, se ha convalidado un real decreto-ley que permite completar la reforma del sector de la estiba. Esta norma permite "reforzar el marco jurídico del sector, para asegurar la transición hacia el nuevo marco de competencia", según anunció el Gobierno. La reforma articula la liberalización del sector, exigida por la Comisión Europea.

La norma articula la subrogación obligatoria de los estibadores tras la desaparición de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), que tenían el control del personal de la estiba hasta la apertura del sector. Además, se modifica la ley de las empresas de trabajo temporal (ETT) para que estas puedan dar servicios en los Centros Portuarios de Empleo (CPE), que sustituyen a las Sagep.

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