Elecciones Generales

La Junta Electoral tumba el intento de PP y Cs para suspender las ruedas de prensa del Gobierno

El órgano desestima los recursos de PP y Cs de suspender las comparecencias del Ejecutivo socialista tras la convocatoria de elecciones y dice que no ha vulnerado ningún punto de la ley Electoral

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto en Granada.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto en Granada. EFE/Miguel Ángel Molina

La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado que el Gobierno de Pedro Sánchez siga realizando las habituales ruedas de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros de los viernes. El órgano que debe velar por la imparcialidad de los poderes públicos durante el período electoral ha desestimado en su reunión de este lunes sendos recursos de PP y Ciudadanos donde pedían suspender esos actos que, a su juicio, el Ejecutivo utiliza de forma 'electoralista' con el anuncio de decretos de fuerte contenido social y económico

La JEC -formada por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho, Ciencia Política y Sociología- respalda las alegaciones presentadas el pasado viernes por la secretaría de Estado de Comunicación, en las que el equipo de Sánchez se mostraba convencido de haber actuado conforme a la Ley. 

Los miembros de la JEC dicen que en la reclamación de los populares "no se pone de relieve que se haya producido ninguna conducta prohibida por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)". Asimismo, afean que "se hace referencia a una rueda de prensa anterior a la convocatoria electoral; a otra en la que no se contiene ninguna alusión a las realizaciones o a logros obtenidos por el Gobierno; y, finalmente, a futuras ruedas de prensa sobre las que por su carácter meramente hipotético no resulta posible" que el órgano pueda tomar ninguna decisión.

Aunque las Cortes Generales quedaron disueltas el pasado martes 5 de marzo, el Gobierno no entra en funciones hasta el día siguiente a las elecciones generales del 28 de abril. Otra cosa es cómo deba comunicar la aprobación de los eventuales decretos que puedan ser aprobados hasta esa fecha, si es que sale adelante alguno más.

La legislación es clara al respecto. Los poderes públicos deben mantener una estricta imparcialidad en estos períodos y están prohibidos los actos de inauguraciones de obras o servicios y las campañas institucionales dedicadas a recopilar los logros obtenidos durante el mandato. La polémica surgió tras la voluntad expresada por los miembros del Ejecutivo de seguir gobernando hasta el último día con lo que denominaron como los "viernes sociales".   

El Gobierno no entra en funciones hasta el día siguiente a las elecciones generales del 28 de abril

En el Gobierno estaban convencidos de que la reclamación de PP y Cs no prosperaría porque reclamaba a la JEC una actuación preventiva. Los de Casado denunciaban en su escrito dirigido a la Junta Electoral que con la comunicación de los decretos, el Gobierno iba a "influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores de cara a las próximas elecciones". La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se mostró el pasado viernes muy cautelosa a la espera de la decisión de la JEC y evitó cualquier alusión al resto de formaciones políticas ante la insistencia de los periodistas.

Maniobra para frenar los decretos

Los decretos aprobados hasta ahora desde que se convocaron las elecciones (alquileres, igualdad laboral, subsidio para mayores de 52) deberán ser convalidados en el plazo máximo de un mes por la Diputación Permanente del Congreso. Allí Sánchez necesita reeditar la mayoría de la moción de censura con los independentistas catalanes del PDeCAT y de ERC, los nacionalistas vascos del PNV y EH Bildu. Los jeltzales aún no han desvelado cuál será su postura en cada uno de ellos. 

Pero la contienda de la oposición contra los decretos de Sánchez no finaliza tras el varapalo de la JEC. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha solicitado un informe a los letrados de la Cámara para saber si, en caso de ser convalidados, los decretos podrían tramitarse como proyecto de Ley en el órgano que sigue activo cuando las Cortes están disueltas. Esta posibilidad nunca se ha utilizado antes y, en todo caso, dilataría durante meses la aprobación de las normas de Sánchez que sí estarían en vigor.

Si los letrados de la Cámara no avalasen esta fórmula, el PP se plantea incluso llevar la aprobación de los decretos ante el Tribunal Constitucional. La Carta Magna fija que para aprobarlos debe estar bien justificada la "extraordinaria y urgente necesidad". Aunque la jurisprudencia al respecto es bastante laxa y los diferentes Gobiernos a lo largo de la democracia han sacado por decreto todo tipo de cuestiones. Sánchez, que en su día criticó el abuso por parte del PP, ha marcado un récord con 33 decretos aprobados en sus nueve meses de mandato. 



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