Caso 3%

El juez del caso 3% traspasa la investigación a la Audiencia Nacional

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas (i), saluda al exconseller de Justicia, Germà Gordó (d)
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas (i), saluda al exconseller de Justicia, Germà Gordó (d) MARTA PÉREZ

El Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) ha acordado inhibirse a los juzgado centrales de instrucción de la Audiencia Nacional de la investigación de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública.

Esta inhibición responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción por entender que la competencia, dados los delitos que se investigan y el ámbito territorial donde se han cometido, corresponde a dicho órgano judicial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Este juzgado investiga al exdiputado en el Parlament y exconseller Germà Gordó y a dos extesoreros de CDC, asó como a varios empresarios, por presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos.

En el procedimiento, que se abrió en 2013 a raíz de unas supuestas irregularidades detectadas al entonces alcalde de Torredembarra Daniel Massagué (CDC), están imputados entre otros los extesoreros de CDC Daniel Osàcar -condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel por el caso Palau- y Andreu Viloca, que según el juez jugó un papel "esencial" en la trama, así como el exconseller de Justicia y exdiputado Germà Gordó.

Según el juez, el "grave perjuicio para la economía nacional" de la trama del 3 % lo provocaría la "aparente generalización de la manipulación de los concursos públicos" licitados por entes públicos controlados por CDC, donde "únicamente resultarían adjudicatarias de obras y proyectos las empresas que efectuaran donaciones a las funciones de Convergència".

En su auto de inhibición, que se puede recurrir, el juez remarca que el supuesto amaño en estos concursos públicos supondría "un grave perjuicio para la economía nacional dado que este tipo de prácticas desalentaría la presentación de ofertas, con las consecuencias que ello implicaría".

En un informe entregado el pasado 24 de enero al juez, la Guardia Civil cifra en 1.040.800 euros las comisiones de empresas que CDC recibió presuntamente entre los años 2008 y 2013, encubiertas como donaciones a sus fundaciones afines Catdem, Forum Barcelona y Òmnium, a cambio de adjudicaciones públicas.

A la vista de este informe, el fiscal anticorrupción José Grinda pidió al juez de El Vendrell que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional.

Al igual que el fiscal, el juez argumenta, entre otros motivos para inhibirse, que el procedimiento tiene una especial "complejidad", tanto por el número de investigados como por las comisiones rogatorias libradas y la necesidad de practicar periciales de naturaleza económica, y que los concursos públicos bajo sospecha se extienden en las provincias de Girona, Barcelona y Tarragona.

Otro criterio que alega el juez la "probable comisión en el extranjero" de delitos por parte de algunos de los empresarios investigados, a los que se han encontrado cuentas en Andorra, Suiza, Panamá e Islas Vírgenes e inversiones en Perú.

En la causa, por la que la Guardia Civil registró el despacho de Viloca en la sede de CDC, se investigan los delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos públicos, malversación de caudales públicos, fraude, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.

El juez detalla en su auto que en la causa se investiga una "posible trama de financiación de Convergència Democràtica" por medio de "donaciones" de constructoras que resultarían adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su control político, en la que resulta "esencial" el papel de Viloca, que llevaba un "control exhaustivo" de las licitaciones y adjudicaciones y gestionaba el pago de las mordidas a las fundaciones vinculadas al partido.

Entre las adjudicaciones bajo sospecha, el juez sitúa algunas efectuadas por administraciones controladas por CDC, como los ayuntamientos de Torredembarra (Tarragona), Figueres, Lloret de Mar y Olot (Girona), y Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), así como Infraestructures de la Generalitat (GISA), la Autoridad Portuaria de Barcelona y el Consorcio de la Educación de Barcelona (BIMSA).

Según el magistrado, entre las empresas que habrían efectuado las mordidas a CDC a cambio de que se manipularan los concursos públicos a su favor figuran Copisa, Rogasa, Oproler y Teyco, cuyos responsables también están imputados en la causa. 



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