Manuel Moix ha decido apartar a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo de la investigación sobre la presunta financiación de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) cuando ésta lleva más de dos años en curso y cuando el juez de El Vendrell se va a inhibir de forma inminente a la Audiencia Nacional. El caso quedará en manos de fiscales de Cataluña.

Las demandantes Pilar Sumarroca Dachs y Mercé Sumarroca Moltó han sido condenadas por el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 26 de Barcelona a pagar las costas del procedimiento judicial. El juez desestima de forma íntegra la demanda interpuesta y da la razón a Vozpópuli y a su editor Jesús Cacho, quien en agosto de 2015 publicó un artículo de opinión titulado: "La familia Sumarroca: Cataluña será negocio o no será". 

Los agentes de la Guardia Civil se incautaron de numeroso material probatorio cuando registraron el despacho del tesorero Andreu Viloca en agosto de 2015. El tesorero de Convergencia almacenaba licitaciones decenas de copias de anuncios de licitación, apuntes de las reuniones llevadas a cabo con empresarios donantes de la formación, tarjetas de visitas de múltiples constructores y el poder especial que el otorgó el ex president Mas "para llevar la dirección de negocios del partido". 

Es la hipótesis con la que trabajan en estos momentos los investigadores del 3 por ciento. La Guardia Civil y Anticorrupción sospechan que Antoni Vives pudo haberse llevado fondos procedentes de las comisiones obtenidas a cambio de adjudicación en obra pública en Barcelona a espaldas del partido. El ex concejal, junto con el resto de detenidos en la operación Pika, ha quedado en libertad. 

La construcción del carril bici de Gerona, la ampliación del Puerto de Barcelona y el levantamiento del llamado Dique del Este, las obras del túnel de la Plaza de las Glorias o las obras de mantenimiento de los edificios públicos escolares de la Ciudad Condal han puesto en el disparadero a excargos de CDC y distintos empresarios catalanes. Anticorrupción habla de "sobornos" a constructores a cambio de amaños en adjudicación de hasta diez obras públicas. El extesorero Andreu Viloca lo manejaba todo. Entre los principales imputados, dos hombres de confianza de Artur Mas.