Gobierno y comunidades vulneran la ley al ocultar cientos de contratos sobre la compra de material sanitario

La gestión de la crisis del coronavirus arroja dos grandes incógnitas entre las administraciones: a quién se está comprando el material sanitario -cantidades ingentes- y por qué precio. La polémica de los test defectuosos avivó estas cuestiones. Y pese a generalizarse la contratación de emergencia con unos trámites más ágiles, el Gobierno central y los autonómicos no están exentos de informar de los contratos que están firmando en las últimas semanas. Pero ni el portal de contrataciones ni las plataformas de licitaciones autonómicas arrojan luz sobre el tema.

El abogado y catedrático Eduardo Gamero alertaba en Vozpópuli de las circunstancias con las que deben lidiar las diferentes administraciones en el estado de alarma. Celeridad en los contratos, sí, pero también transparencia en las licitaciones. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) habla de contrataciones en emergencia, agilizando todos los trámites necesarios. Pero también obliga a publicar los datos en un plazo máximo de 15 días. Incluso en tiempos de pandemia.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado la decisión de no dar detalles sobre ningún contrato de material sanitario desde que se inició el estado de alarma. En el BOE se aprueban órdenes de compra, pero se suprime la fase de licitación y su correspondiente publicidad. Aún así, la ley obliga a que todos los contratos que se estén formalizando desde las administraciones públicas deben hacerse públicos.

La compra de test defectuosos a China es uno de los casos más representativos en lo que llevamos de crisis sanitaria. Hasta ahora no se ha desvelado quién era el proveedor, su coste final y cuánto se embolsó dicho intermediario. Vozpópuli preguntó por ello a Salvador Illa en rueda de prensa pero el ministro de Sanidad se negó a decir quién era y negó que hubiese ocultación.

El caso de las comunidades autónomas

El mismo mantra se repite entre las comunidades autónomas. Vozpópuli ha comprobado que la mayoría de los Gobiernos regionales no publica los datos relativos al material adquirido para hacer frente al coronavirus en los diferentes espacios habilitados para fomentar la transparencia institucional.

Hablamos, por un lado, de la plataforma de contratación del sector público gestionada por el Ministerio de Hacienda, que centraliza todas las licitaciones de las diferentes administraciones. Y por otro, de las páginas de contrataciones de las que dispone cada una de las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

La mayoría no ha publicado referencias ni en el portal del Ministerio de Hacienda ni en el suyo propio. Son los casos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, La Rioja y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Eso no quiere decir que ninguna de ellas haya anunciado la compra de material sanitario. Al contrario; los líderes regionales han hecho declaraciones ante los medios sobre diferentes partidas sanitarias que han logrado importar para hacer frente a la pandemia, pero brillan por su ausencia los datos de las empresas a las que se les adjudican los contratos.

En los portales de transparencia, y en el último mes, nos encontramos licitaciones de todos los ámbitos: material de oficina, vacunas para meningitis e incluso productos hospitalarios, por poner un ejemplo. Pero ninguna referencia a los contratos de material sanitario para esta crisis, que ya acumula 172.541 contagiados en España y 18.056 muertos.

El resto de comunidades autónomas, en mayor o menor medida, ha publicado algunos de los contratos que han cerrado en las últimas fechas. Castilla y León se ha hecho con varios respiradores volumétricos y el Gobierno Foral de Navarra con más camas hospitalarias "para dar soporte a la crisis del coronavirus". País Vasco, Cataluña y Comunidad de Madrid son los que hacen un mayor esfuerzo de transparencia, con decenas de licitaciones de mayor o menor envergadura.

De la Ley de Transparencia a la UE

Las administraciones están obligadas a ofrecer los datos sobre las licitaciones públicas. Así lo establecen la legislación española y el marco europeo. El artículo 8.1 a) de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, dispone que se publicarán en el portal de transparencia todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación. En dicha norma no se establecen excepciones para la contratación de emergencia, con lo cual el Gobierno debería subir a esta plataforma las órdenes de compra de material sanitario sin demora.

A nivel europeo, existe la directiva 2007/66/CE sobre recursos en materia de contratos públicos, donde no se establecen excepciones en los contratos de extrema urgencia, equivalentes a nuestros contratos de emergencia. Es más, en su considerando 8, se recuerda expresamente la necesidad de prever en estos casos procedimientos de recurso efectivos después de la celebración del contrato, que sólo podrán interponerse, para controlar la licitud de los contratos, dando cumplimiento a la publicidad y transparencia de estos últimos.

Al hilo de ello, el PP ya ha advertido que España está obligada a publicar los contratos públicos en el Diario Oficial de la UE, donde otros países ya han desvelado ya 118 operaciones de compra-venta ligadas a la Covid-19 desde que empezó la pandemia. "El Reino de España tiene la obligación de justificar el objeto de la compra, el precio y desde luego identificar a los contratistas”, hizo hincapié el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, José Ignacio Echániz.

"Lo vamos a conocer antes o después y que tengan la absoluta seguridad de que no vamos a parar hasta conseguir saber los nombres. Lo vamos a investigar ya que existe una generalizada sospecha de fraude en esta materia. No entendemos por qué esta ocultación y secreto”, dejó claro el dirigente del PP.

Las decisiones de adjudicar el contrato a un operador en concreto deben basarse en criterios objetivos, evitando el favoritismo y la infracción de los principios básicos de la Constitución contra la arbitrariedad. La única manera de comprobarlo es conociendo con quién se contrató y en qué términos. "Son decenas de miles de millones de euros gastados por el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales que no pueden quedar absolutamente exentos de este escrutinio", concluyó Gamero.