Elecciones municipales 2019

La Justicia cita a una candidata del PP en Madrid acusada de favorecer a empresas

Se trata de la alcaldesa de Villa del Prado, diputada del PP en Madrid y candidata a repetir como alcaldesa, Belén Rodríguez Palomino

La presentación de la candidatura de Belén Rodríguez Palomino, el pasado fin de semana
La presentación de la candidatura de Belén Rodríguez Palomino, el pasado fin de semana Twitter del PP

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado el próximo 12 de abril a declarar como investigada a la alcaldesa de Villa del Prado y candidata del PP a la misma alcaldía en las municipales del 26 de mayo, Belén Rodríguez Palomino, por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación, según una providencia a la que ha tenido acceso este periódico.

De acuerdo a la misma providencia, también ha sido llamado a declarar como testigo el concejal del ayuntamiento por el grupo de Vecinos de Villa del Prado, José Manuel Martín Salamanca, que deberá prestar declaración el 26 de abril

El pasado fin de semana, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, copresentaba la candidatura a las municipales de la propia Rodríguez Palomino, que repetirá como propuesta de los populares para la alcaldía del Ayuntamiento de Villa del Prado.

El TSJM admitió a trámite hace dos meses la querella de la Fiscalía contra la también diputada regional del PP acusándole de un delito continuado de prevaricación.

La acusación

De acuerdo al Ministerio Público, Belén Rodríguez Palomino, "quien desde el año 2007 hasta la actualidad es alcaldesa de Villa del Prado, de manera sistemática, ha prescindido por completo de la correspondiente regulación legal en el ámbito de los contratos que la Administración debe celebrar con las empresas particulares, cuando se necesita de las mismas para atender las necesidades de diverso tipo que la localidad precisa".

Así, Palomino habría efectuado la contratación de empresas "en principio verbalmente, sin convocatoria de concurso alguno para celebrar la correspondiente licitación ni la formación del preceptivo expediente". La alcaldesa popular habría pagado entre 2014 y 2017 en torno a 640.000 euros a dos empresas de mantenimiento sin un concurso público previo.

El pago habría sido ejecutado por "la propia alcaldesa sin objeción de la interventora, pese a que había sido advertida en numerosas ocasiones sin éxito alguno, tanto por la propia interventora como por distintas secretarias, acerca de la necesidad de que la prestación de servicios, sea cual fuere el ámbito de los mismos, debía sujetarse a lo dispuesto" a la ley de contratación de servicios públicos.

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