Publicado: 05/04/2019 12:23
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado el próximo 12 de abril a declarar como investigada a la alcaldesa de Villa del Prado y candidata del PP a la misma alcaldía en las municipales del 26 de mayo, Belén Rodríguez Palomino, por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación.
Paralelamente, el magistrado Francisco José Goyena Salgado acuerda la práctica el próximo 26 de abril de las testificales del concejal denunciante José Manuel Martín Salamanca y de la interventora general Belén Santos Jimena.
El pasado fin de semana, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso copresentaba la candidatura a las municipales de la propia Rodríguez Palomino, que repetirá como candidata de los populares a la alcaldía del Ayuntamiento de madrid.
El TSJM admitió a trámite en febrero la querella de la Fiscalía Superior de Madrid contra la también diputada regional del PP acusándole de un delito continuado de prevaricación.
Irregularidades en la contratación
De acuerdo a la Fiscalía, Belén Rodríguez Palomino, "quien desde el año 2007 hasta la actualidad es alcaldesa de Villa del Prado, de manera sistemática, ha prescindido por completo de la correspondiente regulación legal en el ámbito de los contratos que la Administración debe celebrar con las empresas particulares, cuando se necesita de las mismas para atender las necesidades de diverso tipo que la localidad precisa".
El Alto Tribunal madrileño sostiene que los hechos relatados en la querella describen una actuación de contratación de servicios por el Ayuntamiento" y abono de éstos con diferentes empresas, "que habría sido efectuada en principio verbalmente, sin convocatoria de concurso alguno para celebrar la correspondiente licitación ni la formación del preceptivo expediente" como previene la Ley de Contratos del Sector Público.
La facturación emitida habría sido "aprobada" por "la propia alcaldesa sin objeción de la interventora, pese a que había sido advertida en numerosas ocasiones sin éxito alguno, tanto por la propia interventora como por distintas secretarias, acerca de la necesidad de que la prestación de servicios, sea cual fuere el ámbito de los mismos, debía sujetarse a lo dispuesto" en la anteriormente referida ley.
Así, la Fiscalía acusa a Palomino de haber pagado entre 2014 y 2015 en torno a 360.00 euros a dos empresas de mantenimiento sin concurso público.
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