El joven independentista Joan Porras, más conocido como Joan BonaNit
El joven independentista Joan Porras, más conocido como Joan BonaNit EFE

Tras el biombo

Análisis de la semana 13 del juicio del 'procés': los acusados y su remontada errática

Catalunya era una fiesta. Ese es el relato que tratan de apuntalar los abogados de los líderes independentistas a través de decenas de votantes del 1-O: si hubo violencia fue por culpa de la policía y prueba de ello es que en los colegios en los que no se personaron los agentes no hubo altercados. Ese razonamiento es como tratar de acreditar que los hinchas de un estadio son pacíficos porque no se pegan entre ellos. Pero es precisamente en su reacción ante un aficionado con la camiseta del equipo rival donde se mide el civismo de una grada y no en la convivencia entre partidarios de una misma causa.

Por eso Gabriel Rufián pudo ir a merendar al 20-S a la Consejería de Economía mientras que la letrada del Juzgado tuvo que escapar por un tejado. Si no hubiese ido allí la Guardia Civil, no habría pasado nada. Como tampoco habría pasado nada si Cayetana Álvarez de Toledo no hubiese querido ir -”a provocar”- a un acto en la universidad de Barcelona. Lo dejó claro el jefe de los antidisturbios de los Mossos el día del cerco a la Consejería de Economía. Recordó cómo la turba se ensañó contra dos agentes de mediación de la policía autonómica que salían del edificio vestidos de paisanos. El declarante explicó que la forma de calmarles fue avisando con un megáfono de que no eran guardias civiles, sino mossos.

Ya, pero en este caso fue el de la camiseta rival el que llegó haciendo uso de la violencia en los colegios el 1-O, insisten. Obvian que la policía tenía la orden judicial de llevarse las urnas y el monopolio del uso de la fuerza si encontraban resistencia como establece todo Estado de Derecho. Luego el ciudadano tiene el mismo derecho a denunciar a los agentes que actuasen con desproporción como acreditan las decenas de investigaciones abiertas en los juzgados ordinarios de Cataluña. Todo por imperativo legal, que diría el juez Marchena.

Desfile de partidarios

Las últimas sesiones en el Tribunal Supremo han sido un desfile de partidarios del procés donde la moda marca los tonos amarillos. Hay jubilados que ya aprovechan y piden permiso para echar la mañana en el juicio. Hay jóvenes a los que el 'procés' ha convertido en celebridades de las redes sociales, como un tal Joan Bonanit, conocido por acudir a diario a la cárcel de Lledoners para dar las buenas noches a los políticos presos. Sobrevuela en cada sesión del juicio el título del libro de Rafa Latorre sobre el 'procés' Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido (La esfera de los libros).

A través de sus testigos de parte, las defensas tratan de revertir el escenario de violencia que describieron las semanas anteriores decenas de policías y guardias civiles. Pero la remontada está resultando en algunos puntos errática. Si hace días el exdiputado la CUP David Fernández defendió la resistencia poniendo en su boca las palabras de la Fiscalía, esta decimocuarta semana de juicio destacó el mando de los Mossos que enterró la pretendida imagen beatífica de Jordi Sànchez.

El el líder de la Asamblea Nacional Catalana no solo trató de echar a los antidisturbios del 20S, sino que amenazó con chivarse a Puigdemont o al conseller Joaquim Forn. Es importante recordar que el juez Llarena procesó a Sànchez y a Cuixart ('Los Jordis') por asumir el mandato de la Generalitat de fagocitar la calle en pos de la independencia sin renunciar a la violencia si era necesario.

Tiempo muerto

Tampoco ayuda la descripción que los testigos de lazo amarillo hacen de la actuación de los Mossos en el referéndum. Unos sólo miraban desde la distancia, otros se afanaban en entrar a por las urnas, los hubo que hasta multaron, otros se dedicaban a mediar entre independentistas y policías. No queda claro si hubo algunos que esperaron a que los vecinos terminasen el recuento para llevarse las urnas ya vacías y apuntarse el tanto de otro colegio cerrado. Resulta difícil establecer un diagnóstico único de su actuación ese día, incluida la imagen perfectamente constitucionalista que enarboló Trapero.

Las acusaciones insisten en preguntar a estos testigos si sabían que era ilegal lo que estaban haciendo y si decidieron quedarse en los colegios a pesar de la presencia policial. La mayoría de las respuestas fueron afirmativas. La Fiscalía trata de legitimar así la actuación de la Policía y al mismo tiempo evidenciar que la gente acudió a la llamada de los acusados a desobedecer las órdenes judiciales y una invitación a la provocar incidentes violentos.

En este último punto todo iba relativamente bien para las defensas. Los vecinos empleaban todo el tiempo una palabra: “autoorganización”. Así hasta que la Fiscalía le preguntó a una ciudadana si se sintió animada por el Gobierno a ir a votar en la consulta ilegal. “¿Se refiere al de Puigdemont? Sí porque es mi Gobierno”, contestó. Al día siguiente los abogados de los presos electos en las pasadas elecciones presentaron un escrito donde piden paralizar temporalmente el juicio por su inmunidad parlamentaria. Tiempo muerto.

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