Caso Tándem

Castellón entierra la instrucción del juez Egea al intervenir las empresas de Villarejo

El magistrado aparta a los gestores que habían elegido los imputados y resalta que algunas de las mercantiles de la trama no tenían bloqueadas sus cuentas

El  juez Manuel García Castellón, en 2006, recibiendo del ministro francés de Justicia, Pascal Clément, la Legión de Honor.
El juez Manuel García Castellón, en 2006, recibiendo del ministro francés de Justicia, Pascal Clément, la Legión de Honor. Efe.

El juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, lleva poco más de un mes instruyendo el 'caso Tándem', en el que se investiga lo que la Fiscalía anticorrupción denomina "un clan policial mafioso" supuestamente encabezada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. Sin embargo, en tan poco tiempo sus decisiones han supuesto un giro de 180 grados a la investigación del anterior juez encargado del caso, Diego de Egea, que renunció a su puesto de apoyo en el juzgado, para volver a la Audiencia Provincial de Madrid.

García-Castellón, quien de forma reciente incluyó al también comisario jubilado Enrique García Castaño, alias El Gordo, en el 'caso Villarejo', ya que De Egea le investigaba en una causa diferente, acordó el pasado martes 5 de febrero intervenir el entramado de empresas de Villarejo, según consta en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La resolución establece que un administrador judicial pasará a controlar las sociedades del entramado constituido por Villarejo en torno al Grupo Cenyt, compuesto por las empresas Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), Cenyt Consultoría Organizacional SL, Zoelick SL, Lextor SL, Global Sinapsis Investment SL, Inversiones Estratégicas Sensibles SL, CPD Real State SL y Autocobermar SL.

Inmuebles y cuentas

El administrador judicial también se encargará del patrimonio inmobiliario, las cuentas bancarias y las participaciones de los principales investigados: José Manuel Villarejo Pérez y el socio de este en Cenyt, Rafael Redondo Rodríguez. Y para controlar las empresas, el juez ordena "remover" de su cargo a los administradores interinos que se encargan ahora de la gestión de estas mercantiles, y que fueron elegidos por los imputados.

La designación de este administrador judicial, prosigue el juez en su auto, deberá decidirse en una comparecencia a la que serán citados los investigados y los administradores de hecho de dichas sociedades, así como los socios o partícipes cuyas acciones no hayan sido embargadas.

Este cambio en la gestión de las empresas se adopta después de que se descubrieran "las implicaciones internacionales y la posible desviación de fondos a paraísos fiscales extraños a la acción de la justicia española", indica el auto, que pone de manifiesto "la necesidad de clarificar el destino de los beneficios obtenidos".

"Entramado societario"

En este sentido, el juez García-Castellón resalta que la investigación ha conseguido aportar "sólidos indicios" que acreditan que Villarejo controla "un complejo entramado societario y de cuentas bancarias vinculadas y afectos a su persona, y que son utilizadas instrumentalmente para la comisión de los delitos que son objeto de investigación".

Este es el motivo por el que el anterior instructor del caso, Diego de Egea, ordenó el bloqueo de los saldos de las cuentas bancarias de la trama, al mismo tiempo que prohibió la compraventa de los inmuebles localizados en España.

Pero este bloqueo de la actividad de las empresas del grupo se mantuvo durante solo dos meses. Y transcurrido este tiempo el juzgado fue ordenando el desbloqueo de las cuentas, llegando incluso al alzamiento total de estas medidas cautelares.

Sin embargo, la Policía ha podido constatar "numerosas e intrincadas vinculaciones empresariales" de los investigados, "las cuales no dejan de cambiar, generándose a su vez otras nuevas estructuras mercantiles que emplean con la finalidad delictiva, en principio con relación a la organización de Guinea Ecuatorial que contrató sus servicios, pero no pudiendo descartarse que también para blanquear fondos procedentes de pagos por otros servicios de naturaleza ilícita", concluye el juez García-Castellón.



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