Publicado: 12/03/2018 05:15
Mariano Rajoy sigue fiel a su lema "no gastar más de lo que se tiene" y está frenando la propuesta de varios presidentes autonómicos y alcaldes del PP de abrir el grifo presupuestario por vez primera en seis años para aumentar gasto social.
Tienen miedo a perder "sus" elecciones en mayo de 2019, según admiten a Vozpópuli diversas fuentes del Ejecutivo, y dicen en privado que ha llegado la hora de dar buenas noticias a los españoles. Pero el inquilino de La Moncloa, aconsejado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prefiere ser prudente porque España todavía no ha salido del procedimiento de déficit excesivo.
Esta es una de las razones por la que desde hace un mes el propio Ejecutivo está lanzando la idea de que, si no hay presupuesto 2018 "tampoco pasaría nada": se aprueba el techo de gasto y, acto seguido, los tres reales decretos más importantes: subida de sueldo a los funcionarios -la correspondiente a este año del 8% pactado en tres años-, Oferta de Empleo Público, y aumento de 4.700 millones a cuenta para que las autonomías los inviertan en servicios sociales como Sanidad y Educación.
Aprobar el Presupuesto 2018 enviará un mensaje de estabilidad política pero también es una ocasión propicia para que el gasto se 'dispare' por presión no solo de la oposición, sino también de barones del propio PP
Porque, si finalmente se aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos que va a remitir a las Cortes el 23 de marzo, el propio Ejecutivo teme que se le disparen los compromisos en negociación. Y tiene razones fundadas para temerlo porque ocasiones no le van a faltar durante los próximos meses: pensiones -a ver qué anuncia el miércoles 14 en el Congreso, equiparación de sueldos de policías y guardias civiles con los de Mossos de Esquadra y Ertzainas, y ahora medidas para la igualdad tras el éxito de la jornada feminista del 8M. Sólo poner en marcha el pacto contra la violencia de género son 240 millones de euros más.
Y eso, sin contar con la subsiguiente aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los cálculos más optimistas supondrá un desembolso del Estado para contentar a todos los actores en liza no inferior a los 6.000 millones de euros.
En el fondo, dicen las fuentes consultadas, una segunda prórroga presupuestaria sería "un recorte encubierto" porque, por definición, todo presupuesto elaborado en un marco de crecimiento económico -en 2017 aumentó el PIB un 3,1%- siempre será más expansivo que esa prórroga.
Con aumento de la recaudación del 6,4% en 2017, y subiendo en los dos primeros meses de 2018, a Rajoy y Montoro les va a ser muy difícil frenar el clima favorable a acabar con la austeridad
El último informe de la Agencia Tributaria, correspondiente a los once primeros meses de 2017, puso de manifiesto que la recaudación había aumentado por encima del ritmo de crecimiento de la economía, hasta el 6,4%. Y en enero y febrero de este año, aseguran algunas fuentes a este periódico, la subida será aún mayor en toda España.
"Montoro va a tener 12.000 millones de más este año y otros tantos el año próximo que, no lo olvidemos, hay elecciones", explica un presidente autonómico, que ha hablado recientemente con el ministro de Hacienda. Con ese dinero, son muchos en el PP que piensan que ya es hora de dar una alegría a sus electores.
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