Tribunales

El PP, absuelto por el borrado de los ordenadores de Bárcenas

El propio extesorero llegó a declarar que contenían datos de la financiación ilegal, campañas electorales y cuentas en Suiza

Luis Bárcenas, a las puertas de la Audiencia Nacional.
Luis Bárcenas, a las puertas de la Audiencia Nacional. GTRES

El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid ha absuelto al Partido Popular en el caso del borrado de los ordenadores del extesorero de la formación Luis Bárcenas. Esta decisión se produce después de que Fiscalía considerase que los ordenadores pertenecían al partido y por tanto no existió el presunto delito informático.

"Ha quedado probado que uno de los ordenadores pertenecía a la formación política y sobre el otro se desconoce si era del PP o de Luis Bárcenas, ni que en los discos duros destruidos hubiera almacenado algún dato o archivo en el momento en el que se procedió al borrado seguro y destrucción de los soportes, como tampoco que de haber existido algún contenido en ese instante tuviera un valor económico significativo y no estuviera a salvo en el pendrive entregado en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 (que investigaba la contabilidad B) o en otro soporte de almacenamiento, bien conservado por Luis Bárcenas, bien incluido en los servidores de correo corporativo del PP", dice la sentencia.

El propio Bárcenas retiró la acusación que había ejercido al principio del caso lo que generó las sospechas de un pacto de no agresión con el que fue su partido. En 2013 la Audiencia Nacional pidió al PP que entregase el contenido de esos ordenadores que usaba el extesorero porque podían contener información sobre relevante para investigación sobre la contabilidad B recogida en los llamados 'papeles de Bárcenas'.

El propio extesorero llegó a declarar que contenían datos de la financiación ilegal, campañas electorales y cuentas en Suiza. Este caso se investigó como una pieza separada dentro del caso Gürtel. Tras la postura de la Fiscalía, la única acusación la ejercieron las acusaciones populares de Izquierda Unida, la asociación Adade y Observatori Desc. Izquierda Unida solicitaba las penas más altas. Para el PP, una condena de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos.

Acusaciones

Además del PP -era la primera vez que un partido político se sentaba en el banquillo de los acusados en un proceso penal-, también estaban acusados la extesorera del PP Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto. Izquierda Unida pedía para ellos tres una condena de cuatro años de cárcel por dos delitos de daños informáticos con encubrimiento.

La sentencia absuelve a los tres acusados por este delito de encubrimiento en aplicación del principio in dubio pro reo (interpretación de la prueba de hechos dudosos a favor del procesado). Mantiene el tribunal que ante dos alternativas admisibles –que en su ánimo estuviera dificultar la acreditación de un delito vinculado a la supuesta contabilidad paralela del PP o que la voluntad de los acusados al llevar a cabo el borrado era cumplir con la de protección de datos-, ambas son "compatibles con la lógica y potencialmente susceptibles de generar convicción" por lo que el juez "debe inclinarse por la solución fáctica más favorable al acusado".

La sentencia recuerda que “lo que nuestro legislador pretende no es que se haga difícil condenar a nadie o que se pidan situaciones de certeza imposibles, sino que quien tiene que juzgar llegue al convencimiento sobre la realidad de lo ocurrido a través de medios de prueba, más allá de toda duda razonable".

La 'doctrina Botín'

El juicio estuvo marcado por la petición de los acusados de aplicar la 'doctrina Botín' aplicada en su día al expresidente del Banco Santander y que establece que no se puede seguir una proceso penal cuando solo hay acusación popular. El juez, Eduardo Muñoz Baena, quien prohibió las cámaras de televisión durante el juicio, anunció que resolvería la cuestión en la sentencia.

El magistrado cree que se tendría que haber aplicado la doctrina Botín, pero en la fase previa al juicio. Una vez llegados a ese punto decidió seguir adelante. El objetivo, según la resolución, es “permitir que la Audiencia Provincial, en la hipótesis de que no comparta la estimación del órgano juzgador de la cuestión previa para el delito de daños informáticos, pueda entrar a resolver la totalidad de la pretensión de condena en grado de apelación, sin necesidad de que se dicte nueva sentencia en instancia” sobre el delito de daños informáticos. Contra esta sentencia cabe posibilidad de recurso ante la Audiencia Provincial.

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