Política

El Gobierno da en Murcia la batalla por el adoctrinamiento que niega en Cataluña

La premura con la que ha intervenido el Ejecutivo en Murcia choca con la dejación a la hora de abordar la violación del derecho de los alumnos a recibir una educación que respete los principios democráticos de convivencia en otras regiones

Isabel Celaá, María Jesús Montero e Irene Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministris
Isabel Celaá, María Jesús Montero e Irene Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministris EFE

El nuevo Gobierno de coalición entrePSOE y Unidas Podemos se ha fijado como principal objetivo en su política educativa estatal el bloqueo de una medida que planea implementar el Ejecutivo murciano.

Pocas horas después de que PP, Cs y Vox desbloqueasen este jueves los presupuestos de Murcia dando alas al llamado PIN parental a petición de estos últimos, la maquinaria del Ministerio de Educación ya estaba manos a la obra para defender "el derecho constitucional fundamental a la educación".

La ministra Isabel Celaá ha enviado un requerimiento de forma exprésa la Consejería de Educación para que retire de las instrucciones de comienzo del curso 2019-2020 la instauración de las autorizaciones previas de los padres para que sus hijos asistan o no a determinadas actividades y charlas.

La dirigente socialista está dispuesta a llevar a los tribunales el asunto. Es decir, a judicializar la Educación... en Murcia

Además, la dirigente socialista está dispuesta a llevar a los tribunales el asunto. Es decir, a judicializar la Educación, pese a que es una materia transferida a las comunidades autónomas, como tantas veces alegan desde su departamento cuando se trata de abordar una intervención en Cataluña.

La premura con la que ha tomado parte el Estado en Murcia choca con la lentitud y dejación manifestadas a la hora de atender otras polémicas en torno al adoctrinamiento y la violación del derecho de los alumnos a recibir una educación que respete los principios democráticos de convivencia como en otras ocasiones ha denunciado parte de la comunidad educativa catalana.

Judicialización de la Educación

"Parece que la educación sí que se puede judicializar. A mí me parece bien. ¡A ver si así se deja de atacar a los padres que denuncian en Cataluña la sistemática violación de los derechos de sus hijos!", apunta la profesora de la UAB Isabel Fernández Alonso, miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores.

Prácticamente toda la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes ha estado dedicada al llamado 'PIN parental', una propuesta cocinada al calor de asociaciones familias ultracatólicas españolas desde hace años y que Vox ha incluido en sus programas electorales desde el primer minuto.

Sacad vuestras sucias manos de nuestros hijos", exige Rocío De Meer, diputada de Vox por Almería

El partido liderado por Santiago Abascal defiende la implantación de una solicitud en formato papel o digital que los padres y madres podrían dirigir a los directores de los colegios con el fin de excluir a sus hijos de aquellas materias, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones. "Sacad vuestras sucias manos de nuestros hijos", exige Rocío De Meer, diputada de Vox por Almería.

"Principios democráticos de convivencia"

Pero ni la ministra de Educación, Isabel Celaá, ni la de Igualdad, Irene Montero, están dispuestas a que los padres y madres crean que sus hijos les pertenecen a la hora de educarles. Según la dirigente socialista la Educación es un derecho fundamental que pertenece a cada persona desde su nacimiento: "No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres".

La dirigente socialista ha defendido a capa y espada este viernes el derecho de los alumnos y alumnas "a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".

Celaá aclara que el PIN parental que pretende Vox afecta a las actividades complementarias que forman parte del currículo. Es decir, a aquellas actividades que no son optativas y que determinan los docentes del centro. Además, son evaluables.

"Si esto [el PIN parental] fuera considerado, podríamos llegar a que surgiera un absurdo de que un grupo antivacunas no quisieran que los niños no fueran educados en la importancia terapéutica de las vacunas, o que la niñas, por el hecho de serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los niños", ha comparado Celaá.

Los otros 'absurdos' donde se evita intervenir

Desde Ciudadanos, la diputada Marta Martín coincide en que "las actividades complementarias de materias curriculares no son elegibles". "¿Se imaginan eximir a su hijo del taller de fracciones de mates?", se pregunta. "Eso sí: nos oponemos al adoctrinamiento, la falta de transparencia y la educación no basada en evidencias. En esto el PSOE tiene que callar", advierte.

"Si quiere recurrir algo, recurra cosas recurribles. Empiece por la vulneración de derechos por el adoctrinamiento que su propio ministerio ha documentado en ese informe de Alta Inspección del Estado que custodian", critica la dirigente de Ciudadanos.

"Toca polémica con el 'PIN parental' para no hablar de las embajadas catalanas de nuevo abiertas y del golpista Jordi Sánchez ya de permiso", señala Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

Precisamente fue esta asociación la que el pasado noviembre recogió las denuncias y críticas de varios padres y madres después de que varios centros sometiesen a sus hijos -de entre 13 y 15 años- a una encuesta por una supuesta orden de la Generalitat, tal y como adelantó Vozpópuli

"Hasta qué punto te identificas con el movimiento independentista"; "hasta qué punto te identificas con el movimiento no independentista"; "hasta qué punto te sientes catalán, español o de tu país de nacimiento o el de tus padres"; "hasta qué punto te identificas con el catalán"; "hasta qué punto te identificas con el castellano"; "hasta qué punto te sientes orgulloso de sentirte catalán"; "hasta qué punto te sientes orgulloso de sentirte español"... Y así hasta 16 páginas.

La Consejería de Educación terminó frenando las encuestas tras la denuncia ante la Alta Inspección y ante el Defensor del Pueblo interpuesta por AEB, pero el Ministerio no se planteó judicializar ni este ni otros asuntos en los que no prima el derecho a la educación en libertad ni tampoco el respeto a los principios democráticos de convivencia. Todo se resolvió "en casa" con el beneplácito de Quim Torra.

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