El Congreso creará un órgano autónomo dedicado a la lucha contra la corrupción

La comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales está ya a pleno rendimiento. De nueva creación, se prevé que sea la comisión estrella de la legislatura, puesto que se encargará de dar respuesta al segundo problema que más preocupa a los españoles -la corrupción y el fraude- y en ella se volcarán los partidos emergentes. Sus primeras iniciativas contribuyen a confirmar tal previsión. El diseño de un órgano ad hoc para “prevenir y luchar contra la corrupción” y la “reforma del sistema de contratación pública” para hacerlo más transparente centrarán sus esfuerzos en este periodo de sesiones.

Así se decidió en la reunión que la mesa y los portavoces celebraron este viernes, tal y como ha podido saber Vozpópuli de fuentes de la comisión. “Se ha alcanzado un preacuerdo para crear una subcomisión que abordará dos temas concretos por periodo de sesiones”, explican las fuentes, así como para que los primeros asuntos a estudiar sean “la creación de un órgano anticorrupción y la reforma de la contratación pública”. No hay consenso aún sobre si el segundo bloque debe incluir la forma de proteger al denunciante de corrupción o si, como reclama Unidos Podemos, este tema merece dedicación exclusiva y debe dejarse para más adelante. La siguiente reunión, aún sin fecha, aprobará la constitución de la subcomisión y salvará este escollo.

La creación de un organismo ad hoc para la lucha contra la corrupción era una propuesta de Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. El partido de Albert Rivera quiere que “una autoridad independiente” vigile el funcionamiento de los órganos reguladores e institucionales, los concursos públicos y todos los rincones donde puedan producirse desmanes. El diputado Toni Cantó, que preside la comisión de lucha contra la corrupción, lo considera fundamental porque “se ha demostrado que [los reguladores] estaban secuestrados por los partidos”. Cantó cita en conversación con este diario al “Banco de España, la CNMV o la Fiscalía General” como ejemplos de falta de imparcialidad e independencia, una disfunción que combatiría el citado órgano que el Congreso estudia crear.

Los socialistas, por su parte, llevaban en el programa del 26-J “crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado”. Se encargaría de “revisar las actuaciones y procedimientos con alcance económico” y tendría capacidad de “relacionarse directamente con la Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflictos de Intereses y actuará en las CCAA tras la firma de los correspondientes acuerdos de colaboración”.

"Régimen de incompatibilidades"

El portavoz del PSOE en la comisión, Artemi Rallo, pidió que se priorizara este punto, así como la protección del denunciante de casos de corrupción y la revisión de los órganos reguladores y constitucionales. En particular, indica Rallo, “lo relativo al régimen de incompatibilidades y al sistema de elección de sus miembros”. En este bloque entran la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional.

Unidos Podemos, por su parte, concurrió a las últimas generales con un programa que incluía un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional. Dicho plan se coordinaría “a través de un organismo independiente del poder gubernamental”, similar al que ahora quiere alumbrar la Cámara baja. Hay algún precedente, muy reciente: Castilla y León tiene ya un órgano similar en funcionamiento; la Comunidad Valenciana está desarrollando el marco legislativo para crear el suyo.

Todos los grupos presentes en la sesión -el Mixto y el PNV no acudieron- avalaron que el órgano anticorrupción y la contratación pública sean los primeros cometidos de la comisión. Aunque no se ha fijado aún un calendario de comparecencias, se prevé que expertos y miembros de la sociedad civil sean citados para escuchar sus propuestas y demandas.

El diputado Juan Pedro Yllanes, representante de Unidos Podemos, contempla también que acudan responsables políticos de casos de corrupción y asegura que, “de hecho, las primeras solicitudes de comparecencia afectan, en algún caso, a responsables políticos importantes”. Esas solicitudes no son públicas, ni lo serán hasta que se acuerde un calendario de citaciones, pero Yllanes avanza que “nada es descartable: comparecerán personas vinculadas directamente con los asuntos de corrupción, pero principalmente expertos que puedan iluminar sobre los mecanismos que han fallado”.

No habrá desfile de políticos

El resto de miembros de la comisión consultados por este diario, sin embargo, no contemplan un desfile de políticos y mucho menos la comparecencia del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy. “La comisión está más pensada para diagnosticar qué es lo que ha ocurrido y cómo puede mejorarse el sistema que para detenerse en los escándalos más importantes de los últimos años (Gürtel, ERE, Púnica, Pujol…)”, apuntan. Estos casos serán objeto de análisis, en su caso, de las comisiones de investigación que se constituyan en paralelo. Yllanes coincide con esta lectura, aunque se abre a citar a políticos en el organismo donde ejerce de portavoz de Unidos Podemos.

Los principales partidos ven perfectamente compatible su trabajo en la comisión anticorrupción con la investigación parlamentaria de casos concretos. La excepción es el PP, que en varias ocasiones ha deslizado su intención de que todo lo relacionado con la corrupción se aborde en esta comisión. Ningún otro partido comparte tal parecer, y menos que nadie Ciudadanos, que recuerda que la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP se ha de constituir en breve. Así lo acordaron ambas formaciones, por mucho que ahora los populares hagan esta interpretación.

Este viernes, el partido de Rajoy apoyó que la financiación de los partidos fuera uno de los asuntos a encargar a la subcomisión y rechazó tal condición para el estatuto del denunciante que vindica Podemos. "No tiene tanto empaque ese asunto, puede ser incluido en el ámbito de la contratación pública y dejar espacio a otro más ampio", razonan desde el PP. La formación popular también critica que los de Iglesias planearan citar a miembros relevantes de su partido, como Jorge Moragas, por el mero hecho de atraer el foco: "Nos tememos que quieran convertir el organismo en un espectáculo, en lugar de buscar soluciones y medidas concretas".

En cuanto a las conclusiones de la comisión, el plan es elaborar un dictamen cada seis meses, con propuestas concretas que se derivarán o bien al pleno o bien a una comisión legislativa. Justicia, Constitucional o Hacienda y Administraciones Públicas serían las competentes para tomar el relevo del trabajo realizado. Los portavoces consultados enumeran un amplio catálogo de temas a abordar, aparte de los ya citados como prioritarios. Tras el órgano anticorrupción y la contratación pública llegará el turno de otros como la financiación de los partidos, la reforma judicial o la rendición de cuentas de los cargos públicos.