Referéndum en Cataluña

Antoni Bayona, el letrado con 30 años de experiencia que plantó cara al golpe secesionista

El responsable de los servicios jurídicos del Parlament no podría considerarse un enemigo del independentismo: lleva más de tres décadas trabajando para la Generalitat y es defensor del derecho a decidir. Pero este miércoles dio un golpe sobre la mesa al reconocer la ilegalidad que se estaba cometiendo en la Cámara.

El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, conversa con Carme Forcadell y el secretario de la Cámara, Xavier Muro.
El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, conversa con Carme Forcadell y el secretario de la Cámara, Xavier Muro. Quique García

Este miércoles, el letrado mayor del Parlament de Cataluña, Antoni Bayona i Rocamora, tomaba una determinación que condicionaría el curso de la jornada en la que PDeCAT, ERC y la CUP pretendían dar un paso más en su hoja de ruta hacia el 1-O. Junto al secretario general de los servicios jurídicos de la Cámara, Xavier Muro, dirigía un informe a la Mesa que no dejaba lugar a la duda: la tramitación de la ley de referéndum que las fuerzas independentistas finalmente sacaron adelante ayer era ilegal.

Bayona y Muro advertían de que la aprobación de esta norma a través del artículo 81.3 del reglamento -el que permite que dos grupos modifiquen el orden del día del Pleno- chocaba con la obligación de la Mesa de "impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del TC", como la que declaró "inconstitucional y nula" la resolución del 9N.

El hombre que este miércoles dio este paso acumula más de 30 años de experiencia trabajando para la Generalitat y no podría considerarse un enemigo del independentismo. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1977 y doctor por la Pompeu Fabra en 1991, es profesor de Derecho Administrativo en este último centro. Entre 1994 y 2003 dirigió el Instituto de Estudios Autonómicos de la comunidad. También pasó por el Consejo Consultivo de la Generalitat en la época de Pujol y fue consejero del Consell de l'Audiovisual de Catalunya hasta el año 2006.

Bayona es un experto respetado en derecho autonómico, organización territorial y regímenes locales. Aunque defiende el derecho a decidir, se muestra respetuoso con el marco jurídico y basa algunas de sus argumentaciones en los valores fundacionales de la Unión Europea, además de mostrarse partidario de los postulados de la Comisión de Venecia -que defiende la negociación con el Estado central-.

Bayona, autor de decenas de artículos sobre el Estado autonómico y el Estatut catalán, ha publicado cinco libros, todos ellos centrados en esta cuestión. En algunos de sus textos se plantea cómo sería el futuro de una Cataluña independiente dentro de la UE y defiende que el derecho de autodeterminación entronca con los valores fundacionales de la Unión en tanto en cuanto el Estado español "debe afrontar el proceso soberanista que se plantea desde Cataluña, siempre respetando los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea".

No es la primera vez que Bayona muestra reservas sobre la deriva del procés. Ya en julio, el letrado puso en cuestión la legitimidad de una consulta unilateral en un artículo

No es la primera vez que Bayona, sin embargo, muestra reservas sobre la deriva del procés. Ya en julio, el letrado puso en cuestión la legitimidad de una consulta unilateral en un artículo en la Revista Catalana de Derecho Público en el que resaltaba que un "movimiento táctico" de ese calibre podría causar un "problema de credibilidad" al Govern. Contraponer el principio democrático y el principio de legalidad para avalar esta vía, sostenía, sólo "podría tener justificación" en un contexto de "ruptura de las reglas de un Estado autoritario", por lo que consideraba "arriesgado" confundir esto con los "déficits que afecten a la calidad democrática" de un país como España.

En el texto, Bayona recordaba que, tras las elecciones autonómicas de 2015, Junts pel Sí tuvo que pactar con la CUP para obtener mayoría de votos y escaños en el Parlament, un hecho que, en su opinión, no equivaldría a suponer que existe una "mayoría social favorable a la independencia". El letrado también apuntaba a otros factores que, a su juicio, no facilitaban la hoja de ruta propuesta por el Govern, como la capacidad de reacción del Estado para frenar la desconexión o la "escasa receptividad hacia la causa catalana" de la comunidad internacional.


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