Vayamos al 15 de marzo de 2023, hace casi un año. Ese día fueron las elecciones provinciales en los Países Bajos (ese país que erróneamente aquí llamamos Holanda, cuando Holanda es una región) y el partido más votado, con un 19,19% de los votos, es el Movimiento Campesino-Ciudadano (o BBB), que consigue la mayor cantidad de escaños y fue el más votado en 10 de las 12 provincias que forman la nación (no lo fue justo en las 2 más urbanas). El BoerBurgerBeweging fue fundado en 2019 por la periodista Caroline van del Plas para oponerse a la propuesta del gobierno de limitar las emisiones de hidrógeno en los cultivos, motivo de las protestas de los agricultores en el otoño de aquel año. Como vemos, el tema viene de lejos aunque los medios no hayan prestado la suficiente atención. Y eso que en pandemia quedó clara la importancia del sector agrícola, uno de los pocos que no paró.
Tras la pandemia, y agravada por la invasión rusa a Ucrania, los precios se dispararon, y aunque acabaron afectando al consumidor final, a quien más perjudicó en un primer momento fue al sector primario, agobiado por el encarecimiento de la energía. La falta de sensibilidad de nuestros dirigentes políticos llevó a que, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba el mundo agrícola, se insistiera en un calendario donde supuestos objetivos ecológicos están por encima del bienestar de los productores (la mayoría pequeños). Hay protestas en muchos países europeos, muchas veces silenciadas por los grandes medios, y que en muchos casos se describían como actos para conseguir ayudas y subvenciones, por ejemplo cuando se disparó el precio del gasoil. Pero había mucho más.
El 22 de junio de 2022, hace casi dos años, la Comisión Europea propuso un reglamento sobre “restauración de la naturaleza” poniéndose como objetivo “reparar el 80 % de los hábitats europeos en mal estado”, lo que derivó en el proyecto de Ley de la Restauración de la Naturaleza, parte del Pacto Verde Europeo y estrategia de biodiversidad 2030. En la práctica eso implica una reducción del ganado, más regulaciones para transporte y cultivo y unos “ecoregímenes” que encarecen la actividad de todo el sector (alguno, ante las protestas, ha sido retirado esta semana). En noviembre de 2023, la UE finalmente pacta sacar adelante la ley, gracias a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento europeo, en el que, por presiones de los grupos más a la derecha, algunas medidas se moderan contra la opinión de “los verdes”. Debido a que le tocaba entonces a España la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el gobierno español es de los que más se felicita por él. El proceso de ratificación final debe llegar este semestre, bajo la presidencia belga. Como las mayorías en la Eurocámara son claras y no cambiarán hasta después de las elecciones europeas de este junio, a los que se oponen a esta ley sólo les queda el recurso del pataleo.
Y dado que las elecciones europeas no son lejanas, ahora es cuando los políticos de todos los signos dicen solidarizarse con el sector contra el que, mayoritariamente, han legislado
Y eso es lo que estamos viendo estos días. Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Polonia, Grecia, Irlanda, Bélgica, Portugal, España (donde la gran subida del SMI los últimos años añade un problema a los pequeños empresarios agrícolas) … lo difícil es encontrar países donde no hay manifestaciones y protestas del mundo agrícola. Y dado que las elecciones europeas no son lejanas, ahora es cuando los políticos de todos los signos dicen solidarizarse con el sector contra el que, mayoritariamente, han legislado. Básicamente el problema de lo “medioambiental” es que reduce la rentabilidad al aumentar los costes de producción y transporte y, al elevar las exigencias del producto final, recorta el volumen de la producción que se puede vender.
En un mundo ideal sin fronteras, la agricultura europea apenas existiría puesto que las condiciones climáticas de otros puntos del globo son más proclives a la producción agrícola y ganadera. Sin embargo, si algo hemos aprendido de la pandemia y la de la recuperación económica posterior, es el problema de depender demasiado del exterior. Claro que sobre el papel no deberíamos cultivar, por ejemplo, mangos y aguacates en tierras secas del sur de España cuando seguro es más barato comprar esas frutas en países más lluviosos de mejor clima, pero siguiendo esa teoría casi todo lo producido en el mundo sería más barato adquirido en África y Sudamérica que fabricado aquí. Si siguiéramos esa lógica no existirían agricultores (probablemente tampoco industria) en Europa, y seríamos sólo una economía de servicios. Y es sano diversificar y no depender para los productos más básicos, como la alimentación, del contexto exterior. Bastante dependemos ya de los combustibles fósiles de otros continentes.
Esta guerra llega incluso hasta el absurdo de pelearnos entre nosotros como han hecho en Francia al atacar los tomates españoles. El problema es de la UE, pero tiene tintes concretos en cada país
Para poder tener agricultura en Europa llevamos muchos años subvencionando lo de aquí y poniendo aranceles a lo que procede de otros lugares, en un difícil equilibrio que, lógicamente, nunca contenta a todos. Pero se empieza a decantar más claramente contra el sector en Europa al exigir unas medidas, con la excusa de lo medioambiental, que perjudican mucho al agricultor europeo frente al importador, al que no le ponen tantas trabas. Esta guerra llega incluso hasta el absurdo de pelearnos entre nosotros como han hecho en Francia al atacar los tomates españoles. El problema es de la UE, pero tiene tintes concretos en cada país cuya descripción alargaría mucho este texto. El resumen es claro: si queremos tener un mínimo alto de producción agrícola, ganadera y pesquera en Europa, debemos o ser más flexibles con las normas “ecológicas” (lo contrario justo de lo que se ha legislado), elevar aranceles (monetarios y/o de exigencias “ecológicas”) a las importaciones o aumentar aún más las subvenciones al sector (la que menos me gusta). O una mezcla de las tres medidas. Y desde luego no debemos seguir peleando entre los miembros de la UE, y mucho menos entre agricultores y transportistas, ya que el problema y la solución está en nuestros políticos. Sólo ellos se merecen las protestas.
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Hay una fábrica de pasta de celulosa en la ría de Pontevedra que contamina gravemente la ría y el aire, no paga por los terrenos que ocupa y además consume ingentes cantidades de agua gratis. Debido a la alta toxicidad de las sustancias químicas que emplea, supone además un riesgo para la vida para la numerosas población que reside allí desde hace siglos, ya que se trata de una zona urbana densamente poblada. La empresa fue condenada por delito ecológico y ha alterado gravemente el ecosistema gallego al propiciar la sustitución de los árboles autóctonos por eucaliptos, lo que todos los veranos deviene en multitud de incendios que arrasan Galicia de punta a punta además de erosión y de la desaparición progresiva de flora y fauna. Esto último ha provocado que la Xunta tenga que gastar ingentes cantidades de dinero en prevenir y apagar esos incendios.
Hace un tiempo que su continuidad en la ría se vió comprometida, ya que expiraba el plazo de concesión otorgado por Franco y además la ley de costas imposibilitaba que se les concediera ninguna prórroga. Sin embargo el PP no dudó en prevaricar para concederles una prórroga ilegal. Así lo reconoció el supremo. Tras esa sentencia la mafia sindical local y la empresa, organizaron multitud de actos de protesta violentas, que incluyeron cortar carreteras con barricadas con fuego, intentar linchar al alcalde de Pontevedra y en general atemorizar a toda la población de Pontevedra, que en su mayoría están hasta las narices de Ence. Ningún policía antidisturbios les paró, no hubo detenciones ni multas ni ninguna investigación. La prensa apenas le dió cobertura y nadie se escandalizó. Porque esas protestas sí eran justas, porque cuando hay tanto dinero por medio la causa ecológica pasa a segundo plano.
Entonces, cuando el PSOE y el PP pactaron el TC, ¡oh sorpresa! el supremo acepta el recurso presentado por Ence y acaba legalizando la prórroga del PP.
La UE no es ecologista, sólo es un pretexto. Se trata de robarle el dinero a los trabajadores y empresarios, a eso se dedican el PP, el PSOE y la UE. A los agricultores, ciudadanos perjudicados por sus abusos que les den morcilla: nos echarán encima a la policía, a la prensa, al ejército y hasta a la justicia con tal de que no nos rebelemos. Hay que luchar, cueste lo que cueste.