Supongamos que el presidente del PP de la Comunidad Valenciana llega al poder en coalición con Vox. Supongamos que su vicepresidenta y consejera de Igualdad es la líder autonómica de Vox cuyo ex marido está cumpliendo condena de cinco años de cárcel por abusos sexuales a una de las niñas acogidas en el centro de menores en el que desempeñaba sus funciones como educador y que estaba bajo su tutela.
Supongamos que los abusos tuvieron lugar cuando la vicepresidenta y el pederasta estaban todavía casados. Supongamos que la investigación de los abusos fue conscientemente torpedeada por los funcionarios que debían investigarla añadiendo el maltrato e indefensión burocrático al maltrato sexual que ya había sufrido la niña. Supongamos que la víctima, la menor, fue conducida esposada a declarar al juzgado por decisión expresa de cargos de confianza nombrados por la administración de Vox y que tuvo que ser la juez quien ordenara que se las quitaran inmediatamente.
Supongamos que la vicepresidenta de Vox se negara en todo momento a reconocer su parte en la ocultación del delito y no mostrara la menor compasión por la víctima. Supongamos que el presidente del PP valenciano la mantuviera en el cargo porque la salud de la coalición era más importante que la asunción de responsabilidades. Supongamos que ese presidente del PP tiene un hermano investigado por fraude en la obtención de subvenciones, pese a lo cual recibe otros 154.000 euros de la administración presidida por él. Supongamos que el Partido Popular de Valencia está inmerso en un caso de corrupción por el que una empresa sobornó con dos millones de euros al tesorero de los populares valencianos.
Supongamos que la vicepresidenta de Vox, lejos de reconocer su ineptitud y falta de conciencia se niega a reformarla para no reconocer su error, pase lo que pase con las víctimas.
Supongamos que el presidente del gobierno, del PP, llega al poder en coalición con Vox y nombra ministra de igualdad a la pareja del líder de dicho partido por exigencia de éste. Supongamos que dicha ministra supervisa y redacta una nueva ley contra los abusos sexuales. Supongamos que se le recuerda por todos los cauces disponibles y con todo tipo de informes, que de aprobarse la ley con el redactado propuesto, en el que se reduce la horquilla de penas en varios delitos, se va a producir una reducción de condenas en cascada sin que los jueces puedan evitarlo.
Supongamos que la mujer del líder de Vox, ahora ministra por eso mismo, se niega a considerar esos informes y sigue adelante con el proyecto de ley sin las mejoras técnicas propuestas. Supongamos que en sus primeros meses de aplicación se produce la reducción de penas pronosticada aligerando la condena, hasta el día de hoy, a más de 277 delincuentes. Supongamos que las víctimas reviven su trauma y dolor y el resto de mujeres se sienten inseguras por la aplicación de dicha ley hasta el punto de que una mujer tiene que huir de su ciudad de residencia para protegerse de su abusador excarcelado. Supongamos que la vicepresidenta de Vox, lejos de reconocer su ineptitud y falta de conciencia se niega a reformarla para no reconocer su error, pase lo que pase con las víctimas. Supongamos que Vox hace piña con ella y su segunda, que jamás ha trabajado antes de entrar en el Gobierno, echa la culpa de su ley a los jueces, a quienes acusa de machistas y heteropatriarcales.
Supongamos que el gobierno del PP se apoya para completar su mayoría parlamentaria en un partido heredero de una banda terrorista con más de 900 muertos en su haber
Supongamos que el presidente del PP suprime los delitos de sedición y de malversación para contentar a una parte de sus socios, con el efecto de que el mal uso de los caudales públicos queda despenalizado. Supongamos que el antiguo presidente andaluz, también del PP, condenado a seis años y dos días por el caso ERE, la mayor trama de corrupción de la democracia en España por la que se malversaron más de 680 millones de euros, retrasa su entrada en la cárcel por un tratamiento médico equivalente al que no libró a otro político, esta vez del PSOE, de entrar en ella.
Supongamos que el gobierno del PP se apoya para completar su mayoría parlamentaria en un partido heredero de una banda terrorista con más de 900 muertos en su haber que se niega a repudiar pública y de forma absolutamente expresa, la actividad de dicha banda. Supongamos que el gobierno del PP legitima moralmente a ese partido y cede a muchas de sus exigencias ante la impotencia de sus víctimas que querrían verlo apartado de la gobernanza de la Nación. Supongamos por un momento qué trato se daría y qué consecuencias tendría esta realidad en la prensa mayoritaria y en la calle.
Todo lo narrado, que al cambiar sus sujetos activos adquiere un matiz de escándalo absolutamente nuevo, está sucediendo de verdad bajo el poder de la mayoría liderada por el PSOE de Sánchez, pero sus consecuencias están muy lejos de ser las que hubiera sufrido en un caso equivalente un gobierno de centro derecha. Las reglas del juego político son diferentes para unos y para otros, a la izquierda se le permiten desmanes que no serían tolerados en un gobierno del PP. De nosotros depende corregir esa diferencia de trato, no olvidar y castigar con nuestro voto a este gobierno sin conciencia con el único castigo que entienden: el desalojo.
