El 7 de septiembre de 2022, en el acto de apertura del año judicial, intervendrá una vez más como presidente del CGPJ Carlos Lesmes, cuyo mandato, al igual que el del resto de vocales del Consejo, finalizó en 2018. Durante estos cuatro años, nuestros diputados y senadores no han encontrado momento para ponerse de acuerdo sobre los perfiles profesionales idóneos de los vocales del próximo CGPJ y votar los nombramientos.
Las presidencias de ambas cámaras guardan un ominoso silencio sobre este asunto, como si la falta de renovación del CGPJ les fuera ajena pese a que son Congreso y Senado quienes tienen que realizarla. Gobierno, PSOE y Unidas Podemos se afanan para que el futuro CGPJ sea reflejo de la composición actual del parlamento y el PP opone obstáculos de todo tipo para que mantenga el perfil ideológico actual, cuando todos ellos saben que, como estableció el TC en 1986, esa correlación entre Parlamento y CGPJ es contraria a la Constitución.
Un desmedido afán de poder y una incapacidad patológica para comprender la finalidad y el sentido último de nuestras instituciones explican este desolador panorama. A nuestros políticos no les interesa que nuestro sistema judicial sea eficiente y capaz de ofrecer una respuesta de calidad a las demandas de tutela de los ciudadanos. Las deficiencias de la Administración de Justicia nunca encuentran hueco en las campañas electorales y año tras año gobiernos de todo signo escamotean los recursos necesarios para modernizar nuestra Justicia.
Los responsables de dotar al sistema judicial de medios suficientes y leyes adecuadas para cumplir su función se preocupan exclusivamente de nombramientos y refriegas pseudoideológicas que ocultan lo que no es sino oportunismo.
Lo que interesa a nuestros políticos es extender su poder a todos los ámbitos institucionales, entre ellos al CGPJ. Desde 1985, y con cada renovación los partidos, vienen convirtiendo el CGPJ en otro espacio más en el que desarrollar su confrontación política. Desde esta perspectiva se explica fácilmente la reforma legal que el año pasado privó al CGPJ de la facultad de efectuar nombramientos discrecionales hasta que sea renovado, o la que este año se la ha devuelto únicamente para nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponde designar. También se entiende el bloqueo actual de la renovación. No importan ni el grave problema de funcionamiento ni el desprestigio que aquellas reformas han ocasionado al Tribunal Supremo. Tampoco la degradación institucional a la que se está viendo sometido el propio CGPJ, que afecta a todo el sistema judicial. Lo único relevante es la pugna por lograr que el órgano de gobierno de los jueces tenga un perfil ideológico determinado.
Estamos en un momento delicado. A pesar de que en España gozamos de una judicatura independiente –así lo acreditan los documentos de la UE y del Consejo de Europa en la materia– los ciudadanos perciben un alto grado de injerencia política en el funcionamiento de los tribunales. Semejante percepción es muy perniciosa. Debilita la confianza del público en el sistema estatal de resolución de controversias y allana el camino a la corrupción y a los abusos del poder, dejando inermes a los ciudadanos. Al descrédito público de la Justicia se suma la frustración de los propios jueces, que observan impotentes cómo los responsables de dotar al sistema judicial de medios suficientes y leyes adecuadas para cumplir su función se preocupan exclusivamente de nombramientos y refriegas pseudoideológicas que ocultan lo que no es sino oportunismo. En medio de esa confrontación se ha generalizado una preocupante tendencia a atribuir a la supuesta ideología de los jueces, como colectivo, las decisiones que incomodan al poder político, lo que ahonda la desconfianza pública en la justicia.
Esta situación ha llamado la atención de la Comisión Europea, que en su último informe sobre la situación del Estado de Derecho en España, por una parte, exige que se ponga fin a la situación de interinidad del CGPJ y se reforme el sistema de elección de los vocales de dicho órgano de procedencia judicial para que sean elegidos por los jueces, según los estándares europeos; y por otra parte, alerta sobre la excesiva duración de los procesos judiciales señalando factores como, por ejemplo, el bajo número de jueces existente en nuestro país.
Pese a todo, hay solución, siempre y cuando cada institución asuma sus responsabilidades. El Congreso y el Senado pueden y deben completar el proceso de renovación del CGPJ, para lo cual ambas Cámaras no dependen de nadie más que de ellas mismas, pero deben hacerlo evitando replicar en el CGPJ el equilibrio político existente en su seno. Una vez renovado, las Cortes deben centrarse en reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para incorporar los estándares europeos y evitar futuros bloqueos como el actual. Deben, por último, esforzarse por aprobar una legislación que configure una organización judicial que optimice los recursos existentes y unas leyes procesales modernas y adecuadas que agilicen los procedimientos.
El Gobierno debería centrarse en el correcto desempeño de sus propias funciones - entre ellas la de dotar adecuadamente nuestra Administración de Justicia - y olvidar pretensiones colonizadoras del CGPJ, en cuya renovación no le corresponde ningún papel. Debería también contribuir a reforzar la confianza ciudadana en la Administración de Justicia, en lugar de debilitarla.
Hace falta que quienes sean designados para el futuro CGPJ asuman que no están al servicio de los partidos que apoyaron su elección, ni les deben fidelidad de ninguna clase
Los partidos políticos deben aceptar que son un instrumento de participación democrática, no un fin en sí mismos. Y que la soberanía reside en el pueblo español y tiene su sede en las Cortes, por lo que no es patrimonio de los partidos. Ayudaría también que, para aclarar el panorama, el TC dejase de rehuir sus deberes constitucionales y resolviese aquellos recursos que cuestionan la constitucionalidad de la ley que reformó las competencias del CGPJ en funciones.
Por último, hace falta que quienes sean designados para el futuro CGPJ asuman que no están al servicio de los partidos que apoyaron su elección, ni les deben fidelidad de ninguna clase. Que se olviden de disputas partidistas y se centren en las mejoras que el funcionamiento de juzgados y tribunales precisa.
Hay solución, sí. Pero requiere de dos cualidades tan valiosas como escasas en el ámbito público en esta España de hoy en día: sentido del deber y responsabilidad institucional.
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"[C]omo el trabajo es por sí mismo una carga y el hombre tiende naturalmente a evitar el dolor, se sigue —como lo demuestra la historia— que allí donde la expoliación es menos onerosa que el trabajo, prevalece la expoliación; y prevalece sin que ni la religión ni la moral puedan hacer nada, en este caso, para impedirlo.
¿Cuándo se detiene la expoliación? Cuando resulta más peligrosa que el trabajo.
Es evidente que la ley debería tener como objetivo oponer el poderoso obstáculo de la fuerza colectiva a esta funesta tendencia; que debería tomar partido a favor de la propiedad contra la expoliación.
Pero lo normal es que la ley sea obra de un hombre o de una clase de hombres. Y como la ley no existe sin sanción, sin el apoyo de una fuerza preponderante, es lógico que, en definitiva, ponga esta fuerza en manos de los legisladores.
Este fenómeno inevitable, combinado con la funesta tendencia que hemos descubierto en el corazón del hombre, explica la perversión casi universal de la ley. Se comprende que, en lugar de ser un freno a la injusticia, se convierta a menudo en el instrumento más invencible de injusticia. Se comprende que, según el poder del legislador, destruya —en beneficio propio, y en grados diversos, en el de los demás hombres— la personalidad por la esclavitud, la libertad por la opresión, la propiedad por la expoliación.
Está en la naturaleza de los hombres reaccionar contra la iniquidad de que son víctimas. Así pues, cuando la expoliación está organizada por la ley, en beneficio de las clases que la hacen, todas las clases expoliadas tienden, por vías pacíficas o por vías revolucionarias, a participar de algún modo en la confección de las leyes. Estas clases, según el grado de ilustración a que han llegado, pueden proponerse dos fines muy distintos cuando persiguen por esta vía la conquista de sus derechos políticos: o bien quieren hacer que cese la expoliación legal, o bien aspiran a tomar parte de la misma.
¡Desdichadas, tres veces desdichadas las naciones en las que esta última actitud domina entre las masas, cuando se apoderan a su vez del poder legislativo!
Hasta ahora la expoliación la ejercía un pequeño número de individuos sobre la gran mayoría de ellos, como podemos observar en los pueblos en que el derecho a legislar se halla concentrado en unas pocas manos. Pero ahora se ha hecho universal y se busca el equilibrio en la expoliación universal. En lugar de extirpar lo que la sociedad contiene de injusticia, ésta se generaliza. Tan pronto como las clases desheredadas recuperan sus derechos políticos, lo primero que se les ocurre no es liberarse de la expoliación (lo cual supondría una inteligencia que no poseen), sino organizar un sistema de represalias contra las demás clases y en su propio perjuicio, como si fuera preciso, antes de que llegue el reino de la justicia, que una cruel retribución viniera a golpear a todas las clases, a unas a causa de su iniquidad, a otras a causa de su ignorancia."
~Frédéric Bastiat
También creo que no hay solución. Aunque se volviera al sistema que realmente figura en la CE, mientras haya jueces dispuestos a "mancharse la toga con el polvo del camino", priorizando su ideología y sectarismo (especialmente los del ámbito de la izquierda) a la aplicación aséptica y justa de las leyes, poco hay que hacer. Desgraciadamente, la izquierda en España es profundamente sectaria y totalitaria, y lo invade todo. También la justicia. Y eso, me temo, tiene mala solución, porque obliga a los que no pensamos como ellos y queremos nuestra libertad y derechos a defendernos activamente de ellos. Es, desgraciadamente, un "o ellos o nosotros".
No hay solucion, como no la hay en los EEUU: Alli los constituyentes se esforzaron en establecer un sistema de control sobre cada uno de los tres poderes por los otros dos, y el resultado al cabo de 250 años ha sido el impasse. En España no hay solucion porque ningun politico acepta que lo controlen, pues ningun politico acepta que cobra para solucionar problemas, sino que suponen que se les paga (y mucho) para imponer sus ideas propias.