El señuelo de la vacuna española

El 17 de abril de 2020, mientras los españoles estábamos inconstitucionalmente recluidos por orden del Gobierno, el entonces ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque apareció en televisión asegurando que "existe la posibilidad de que España encuentre (sic) la primera vacuna contra el coronavirus". Atestiguó que había estado en un laboratorio donde dijo haber visto "un candidato". "Si no, lo tendremos la semana que viene", adornó. A lo largo de los meses posteriores insistió en afirmaciones parecidas, todas sucesivamente desmentidas por la realidad de los hechos. En julio de 2020: "España podría convertirse en un suministrador de vacunas para el mundo" y "tenemos varios candidatos y habrá unos cuantos más en próximos meses". En febrero de 2021: "La vacuna que desarrolla el CSIC contra el coronavirus está preparada para empezar a ser realidad dentro de pocas semanas". En julio de 2021, días antes de ser cesado: "Los ensayos de la vacuna española estarán listos en verano". Hay unas cuantas perlas más del mismo protagonista que agotarían el espacio de este artículo si se reprodujeran.

Duque, que ya se postulaba para ministro en los tiempos de Zapatero, llegó al Gobierno de Sánchez con el aval no menor de haber sido astronauta. Acabó tristemente convertido en un propagandista de ocasión. A un ingeniero aeronáutico se le supone rigor milimétrico. Se diría que por su propia formación debiera ser incapaz de asumir afirmaciones insustanciales como las que nos dispensó en esta materia mientras ejerció. Su reiterado desacierto -más benévolo calificarlo así que suponerle intención de engañar, aunque haya pertenecido a un Gobierno que ha hecho de la mentira su religión- pone de manifiesto la tremenda ignorancia que está instalada sobre el proceso de crear una vacuna, al parecer un arcano insondable incluso para todo un ministro de Ciencia. Debió pensar Duque que todo consistía en alumbrar una idea, encontrar algo por casualidad o atesorar visión científica fruto del estudio. Y no es así, ni mucho menos.

Una vacuna aloja conocimiento científico, sí, pero eso no es todo. Es el resultante de procesos convergentes de investigación, desarrollo clínico y producción industrial

Cuando efectivamente llegaron las vacunas a los brazos de los españoles se hizo habitual ver a muchos exclamar que se trataba de "un logro de la ciencia". También ha sido la forma en la que la mayoría de la prensa saludó el acontecimiento, o la etiqueta que ha inundado las redes sociales cada vez que alguien publicaba su fotografía recién pinchado. Qué grande es la ciencia que nos permite vencer al virus. En realidad, la ciencia por sí sola es incapaz de servir para nada si no dispone de un cauce para concretar la utilidad de sus progresos. Una vacuna aloja conocimiento científico, sí, pero eso no es todo. Es el resultante de procesos convergentes de investigación, desarrollo clínico y producción industrial. Hace falta, en primer lugar, financiar la generación de ese conocimiento, pagar a los investigadores y dotarles de medios para que se desempeñen. Luego, crear el producto que permita que las personas se beneficien de esa innovación, que en el caso de las vacunas consiste en hacer un costosísimo proyecto de investigación clínica por fases para someterlo al criterio de las agencias reguladoras. Y, finalmente, fabricar y distribuir lo que esté autorizado cumpliendo con numerosos requerimientos regulatorios. La ciencia que nos conduce a un producto farmacéutico no crece como las hojas de los árboles. Ni depende únicamente del voluntarismo o la cualificación del mejor equipo investigador del mundo. Tiene que estar soportada y financiada por unas estructuras empresariales que la hagan útil, transformándola en resultados. Duque, en lugar de analizar en qué condiciones trabajan nuestros investigadores y qué oportunidades tienen para acoplar su conocimiento a estos procesos, se quedó en lo más pueril. Y engañó, en la peor tradición de los malos políticos y en la mayor congruencia con el Gobierno al que perteneció.

Del CSIC a una empresa veterinaria

Parece que al Gobierno le han dejado de interesar los investigadores del CSIC y ahora todo el foco político se está desplazando hacia una empresa de Gerona, Hipra, que anunció en abril del año pasado que se disponía a desarrollar, ahora sí, la primera vacuna española frente al coronavirus. Si ese día te metías en su página web aparecía a toda pantalla un aviso que decía que sus contenidos eran exclusivos para profesionales de la veterinaria. En efecto, se trata de una empresa de salud animal, por más que hoy esa misma web esté distribuida en dos partes tras incorporar una preeminente sección sobe Covid en la que se anuncia la venta de test PCR y antígenos. Desde hace unos pocos meses se puede leer como autopresentación que "en Hipra hemos dado un paso adelante con la incorporación de nuestra división de Salud Humana que, junto a Salud Animal, nos permitirá seguir desarrollando soluciones que mejoren la salud de las personas y de los animales". No pertenece a la patronal de las empresas farmacéuticas Farmaindustria.

Lo prodigioso de Hipra no es tanto que una empresa veterinaria quiera lanzarse al desarrollo de una vacuna de tanta trascendencia. Si creen que disponen de buena tecnología lo lógico es que intenten aprovecharla. Lo llamativo es que este empeño no está soportado en modelos de colaboración con otras compañías que sí tengan experiencia en el área humana, sino en una estrategia de apoyo político insistente de los gobiernos español y catalán. Sólo unos días después del anuncio de la empresa, el mismo abril de 2021, Pedro Sánchez visitó sus instalaciones acompañado por una comitiva compuesta por los ministros Duque y Darias, saludó a toda "la familia de Hipra", y se permitió anunciar que los ensayos clínicos comenzarían "pronto" y la producción "a lo largo del segundo semestre" del pasado año.

Esperanzas puestas, tal cual. Pocas horas después Sánchez anticipó la buena nueva de que "la vacuna española estará lista antes de que termine el primer semestre de 2022"

A partir de ese momento, la empresa catalana se convirtió en el lugar de peregrinación de eminentes miembros de los gobiernos de la nación y catalán. Hace pocos días, Diana Morant, la sucesora de Duque, acudió de nuevo a sus instalaciones y acaparó titulares al anunciar que la vacuna "presenta buenos resultados frente a la variante ómicron", sin concretar datos revisables al respecto, y que "la inyección se podría comercializar en el segundo trimestre del año". Aún más, añadió que "tanto España como Europa tienen puestas sus esperanzas en la fórmula desarrollada por esta farmacéutica de Girona. Me gustaría que fuera el año de Hipra". Esperanzas puestas, tal cual. Pocas horas después Sánchez anticipó la buena nueva de que "la vacuna española estará lista antes de que termine el primer semestre de 2022".

Lo cierto es que la vacuna de esta empresa está todavía sin desarrollar y con perspectivas bastante insondables. Acaban de anunciar el inicio de la fase tres de sus ensayos clínicos, siempre que lo autorice la Agencia Española de Medicamentos, y para ello han iniciado el reclutamiento de 3.000 voluntarios. Pfizer alcanzó los 43.538 participantes en su primera fase tres, junto a miles más en los llamados "ensayos cortos". Moderna y AstraZeneca superaron los 30.000 y Janssen se acercó a los 40.000 en la misma fase. Todas estas empresas pudieron obtener subconjuntos de datos significativos sobre poblaciones específicas para determinar la efectividad y seguridad de sus vacunas en distintos entornos. Y eso es lo que les permitió obtener la conformidad de los reguladores tras acreditarse su valor clínico.

Esta es una variable que ahora resulta imposible de acreditar para cualquier supuesta nueva vacuna por la sencilla razón de que la mayor parte de la población ya ha sido inmunizada con otras

¿Qué traduce el dato de los 3.000 participantes en el ensayo de Hipra? Las fases tres de las cuatro vacunas que actualmente se están administrando establecieron como medida de resultados (el llamado endpoint) la protección frente a la progresión a Covid grave y la reducción de la mortalidad asociada a la enfermedad. Ahí mostraron, en distinto grado, unos resultados magníficos. Esta es una variable que ahora resulta imposible de acreditar para cualquier supuesta nueva vacuna por la sencilla razón de que la mayor parte de la población ya ha sido inmunizada con otras, y no es posible atribuir a la candidata un efecto que ya ha sido obtenido gracias a las primeras.

En realidad, la supuesta vacuna de Hipra, por más que nos lo cuenten de otra manera, no es propiamente un inmunizador primario, sino un refuerzo, un booster. De ahí que se busquen participantes que específicamente ya hayan accedido a otras, no personas sin vacunar. Probablemente, la medida principal que se pondere sea la de cuánto aumentan significativamente los anticuerpos serológicos con su inoculación. La Agencia Europea de Medicamentos ha dicho recientemente que las vacunas que se encuentran actualmente en desarrollo deberán demostrar una eficacia superior a la que ofrecen los refuerzos de Pfizer o Moderna si quieren formar parte de la cartera de sueros de la Comisión Europea. "La aprobación de vacunas para el Covid-19 con una composición diferente requiere datos clínicos que muestren una respuesta inmune superior a la generada por los boosters actualmente disponible", textualmente expresado. Que lo consiga Hipra o no, se verá. Lo que es seguro es que no veremos a los propagandistas que nos gobiernan tratar con el mínimo rigor este asunto. Ayer era el CSIC, hoy es Hipra, y mañana, lo que sea. Lo importante es mantener una sensación de que se hacen cosas, lo que sea, aunque cada minuto desmienta lo que se dijo en el anterior.

Dinero público... ¿A cambio de patentes?

El caso de Hipra ofrece una vertiente adicional de carácter político que es muy interesante. Tanto los partidos que componen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, como varios de sus socios políticos, especialmente ERC, han criticado en numerosas ocasiones que la Comisión Europea no exija a las farmacéuticas la cesión de los derechos de propiedad intelectual a cambio de cualquier programa de ayudas públicas al que hubieran accedido, ayudas a las que algunas compañías renunciaron expresamente. Es un asunto que incluso motivó acuerdos explícitos del Congreso de los Diputados, como cuando el pasado mes de mayo se afirmó en una Proposición No de Ley que los medicamentos y las vacunas son "bienes públicos", y que cuando sean financiados con dinero del contribuyente se habrá de aceptar la supresión total o parcial de los derechos de propiedad intelectual.

Los visitantes recurrentes a las instalaciones de Hipra -Sánchez y Morant, especialmente- han acudido con un zurrón de dinero público en apoyo de la empresa, lo último una aportación que anunció la titular de Ciencia en forma de 14,7 millones extraídos del CDTI. También el gobierno de Cataluña, con su presidente de ERC a la cabeza, ha ofrecido a la empresa "lo que haga falta". Cabe preguntarles: ¿aplican también aquí el criterio de que el dinero público que se está concediendo es a cambio de liberar patentes y otorgar licencias obligatorias?