Sediciosos y corruptos a la calle… El día 21, a Cibeles

Sin solución de continuidad, Pedro Sánchez deconstruye paso a paso el régimen del 78 única y exclusivamente para que sus socios le mantengan en el poder. A 24 horas de que entre en vigor la rebaja de la malversación y la eliminación del delito de sedición, vemos cómo casi medio centenar de imputados en Acuamed –uno de los mayores escándalos de corrupción que, además del PP, afectará también al PSOE valenciano según la UCO y el juez del caso AZUD- y los condenados del procés verán, en un caso, revisadas a la baja sus acusaciones y, en el otro, directamente solicitarán la absolución.

Corruptos de uno y otro signo y sediciosos, todos a la calle. Como la película de Berlanga, pero al revés por obra y gracia de Pedro Sánchez y sus reformas exprés para beneficiar a sus socios de Gobierno y que le sigan dando oxígeno en una huida hacia ninguna parte, a tenor de lo que –machaconamente- dicen todas las encuestas: a más reformas, más ventaja para el PP sobre un PSOE pastueño y doblegado por el secretario general con más poder de la historia del partido.

A más reformas, más ventaja para el PP sobre un PSOE pastueño y doblegado por el secretario general con más poder de la historia del partido.

Los abogados de Junqueras y compañía no han esperado ni a que la reforma entre en vigor y lógicamente han anunciado a bombo y platillo que pedirán la absolución para sus defendidos: si no malversaron en beneficio propio si no para cometer una sedición que, a partir de este jueves ya no será delito, todos los condenados deben ser directamente absueltos. Todo lo que sucedió en 2017 –con un Gobierno sedicioso entonces que desafió a la Constitución e incendió las calles- desaparecerá de los antecedentes penales de quienes lo promovieron. Y, con ello, Junqueras podrá ser de nuevo candidato y Carles Puigdemont preparará las maletas para pasearse por la Diagonal. ¿Cómo le va a perseguir Europa por unos delitos que España ya no contempla?

Pero no solo los condenados del Procés. Decenas y decenas de abogados de condenados por corrupción, desde la Gürtel a los ERE, del PP al PSOE, preparan a toda máquina sus recursos por la rebaja de la malversación. Los fiscales no se lo creen. En Anticorrupción se revisa de facto el trabajo de años preparando imputaciones en previsión de las nuevas rebajas a los políticos imputados.

Qué casualidad que la primera ‘afecte’ a 42 imputados en Acuamed justo cuando en el sumario del caso Azud –el de la presunta trama de financiación ilegal del PSOE valenciano en los tiempos de Zapoatero y Narbona, hoy presidenta del PSOE- la UCO señala a la empresa pública creada por el presidente socialista en 2004 tras cargarse el PHN de Aznar como la clave de las mordidas que hincharon presuntamente las campañas socialistas a las municipales de 2007 y las generales de 2008.

Sediciosos y corruptos, todos a la calle. ¿Por qué? Por las hipotecas de Pedro Sánchez con sus socios y el silencio de su partido y de su aliado, Podemos, que ha pasado de clamar en Sol que “no hay pan para tanto chorizo” a aplaudir en pie la rebaja de la malversación para los políticos corruptos.

Acuamed será solo el principio. Como pasó con el desastre técnico de la ley de Irene Montero que en tres meses ha beneficiado a más de un centenar de abusadores sexuales y ha dejado libre a más de una veintena, las revisiones forzadas por la nueva rebaja de la malversación de Sánchez provocará un alud de rebajas en las condenas a políticos corruptos e impedirá que otros cientos que están en instrucción sean condenados con la misma dureza que ayer.

Sediciosos y corruptos, todos a la calle. ¿Por qué? Por las hipotecas de Pedro Sánchez con sus socios y el silencio de su partido y de su aliado, Podemos, que ha pasado de clamar en Sol que “no hay pan para tanto chorizo” a aplaudir en pie la rebaja de la malversación para los políticos corruptos. Las encuestas insisten en reflejar que toda esta agenda destructiva de Sánchez tendrá consecuencias. En primer lugar, en las autonómicas y municipales del 28-M a donde se llegará con un goteo insoportable de revisiones de casos de corrupción y con las peticiones de absolución de los condenados por el procés, convertido ya no en un hecho sedicioso sino en un simple alboroto sin mácula en los expedientes penales de sus protagonistas.

Pero no hay tanto tiempo. Cinco meses hasta las urnas es demasiado tiempo como para asistir a este desmantelamiento progresivo de todo el ordenamiento político y jurídico de cuarenta años de democracia y que amenaza con dejar en la calle a sediciosos y corruptos para que, que nadie lo dude, lo vuelvan a hacer. El 21 de enero es la primera gran protesta apartidista contra esta demolición. Si ellos salen a la calle, nosotros también. Al menos, que nos oigan.