Sánchez y la dictablanda

La democracia corre peligro en España con el Gobierno Sánchez: la derogación del delito de sedición continúa el proceso iniciado desde que el propio Sánchez intentara en 2016 el pucherazo en el Comité Federal (comatoso hoy en día) del propio PSOE; en vez de expulsarlo, la militancia le aclamó como un líder mesiánico. Ahí comenzó la degeneración actual.

Desde que gobierna, Sánchez ha dedicado todos sus esfuerzos a conseguir el poder ilimitado. Ha recurrido a la mentira sistemática, a decretos inconstitucionales como los del estado de alarma, a la cesión permanente a los socios que quieren destruir el Estado, y a leyes ideológicas como las de Memoria Histórica, la Ley Montero o la Ley Trans. Ha enriquecido la panoplia derogando el delito de sedición, legalizando así los golpes de Estado, y anunciando la “reforma” de la malversación, lo que convertirá su ineptocracia en cleptocracia o descarado gobierno de ladrones (pues, para ellos, robar para el partido y por el poder no es un delito, sino altruismo político).

Es un error creer que el Gobierno y sus socios no previeron los efectos de esta y otras “chapuzas jurídicas”, que es otra ineptitud en vez de estrategia

Y así Sánchez mantiene formas y apariencias mientras quita sentido y funciones a leyes e instituciones, tan vacías como el caparazón del cangrejo que ha terminado la mudanza, de modo que pueda gobernar sin controles efectivos (y con la ventaja añadida de que el trabajo más sucio lo haga Podemos, dejándole un papel teatral de supuesto árbitro más moderado).

Un buen ejemplo es lo sucedido con la Ley Montero o del Sí es Sí o No es No, a gusto del consumidor. Los informes jurídicos coincidían en que la Ley creaba inseguridad jurídica y, más paradójico aún, beneficiaría a los violadores al homologarlos con vagos agresores sexuales, de modo que un simple incidente agresivo podría ser más penalizado que la violación consumada. Y en efecto, la retroactividad jurídica ha obligado a rebajar las condenas de auténticos delincuentes sexuales mientras incentiva las denuncias falsas de violencia sexual.

Pero es un error creer que el Gobierno y sus socios no previeron los efectos de esta y otras “chapuzas jurídicas”, que es otra ineptitud en vez de estrategia. Todas las leyes estrella del sanchismo buscan erosionar los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica, y sobre todo acabar con la independencia judicial. Por ejemplo, el Gobierno (sí, porque es un órgano colegiado y solidario) ha culpado al machismo de los jueces de las consecuencias de su Ley. La acusación también demuestra que es una Ley ideológica y debe aplicarse ideológicamente, regla típica del “derecho penal de autor” (como las leyes discriminatorias, antisemitas o racistas) de las dictaduras y oligarquías, como típico es también que esas iniciativas legales beneficien los intereses delictivos propios y de sus socios. No es ignorancia jurídica, es su agenda política.

Destruir legalmente la democracia no es tan difícil

Para cargarse la democracia no es imprescindible el golpe violento. ¿Qué golpe ha necesitado Vladimir Putin para establecer de facto en Rusia una dictadura con elecciones y partidos legales? ¿Chávez y su heredero Maduro, tan admirados por el presidente Zapatero, no han seguido la misma estrategia de mantener la ficción democrática, acabando con toda oposición eficaz mediante la voladura del Estado de derecho? La legalidad transgredida por el poder solo es letra muerta.

Este 2022 es rico en efemérides centenarias, entre ellas la Marcha sobre Roma de Mussolini y sus fascistas, que liquidó la democracia parlamentaria manteniendo algún tiempo la monarquía constitucional. Entre el golpe blando de 1922 y el asesinato del parlamentario Giacomo Matteoti pasaron dos años largos. A continuación, la débil resistencia y escasa oposición democrática permitió al Duce imponer la dictadura fascista en 1926.

Es sabido que Mussolini inspiró a Hitler la solución al problema de conquistar el poder dictatorial en minoría. El Führer fue más veloz que el Duce, pero tampoco se molestó en grandes modificaciones constitucionales. Inspirado por Carl Schmitt, se limitó a suspender indefinidamente ciertos artículos de la Constitución de Weimar, permitiéndole imponer legalmente la dictadura nazi con una apariencia de Estado de derecho (por ejemplo, la segregación y exterminio de los judíos tuvieron el correspondiente soporte legal). Porque una vez los principales resortes del poder se controlan por las buenas y las malas, lo demás cae por sí solo.

La democracia no es solamente una abstracta arquitectura de instituciones, controles y contrapesos: es sobre todo un sistema que limita a los poderes del Estado trazando ciertas líneas rojas, como las libertades personales básicas y el Estado de derecho. En cambio, la dictablanda elimina las limitaciones al poder paralizando a la oposición (que por supuesto puede ayudar con su pasividad), disolviendo la división de poderes, suspendiendo principios y colocando la propia ideología por encima y en contra de la Constitución: es lo que hacen las leyes estrella del sanchismo, presentadas como gozosa “ampliación de derechos sociales” según la vieja retórica de la inversión de valores que llama libertad a la servidumbre y paz a la guerra.

Golpes de Estado lentos

España tuvo la experiencia de la dictablanda del general Primo de Rivera (1923-1930). Para salvar al régimen monárquico de la Restauración de su propia ineptitud y corrupción suspendió la democracia limitada de entonces sin cambios constitucionales (y, por cierto, con apoyo socialista), abriendo el camino a la II República y a la guerra civil. En el mundo de entonces abundaron esas dictablandas, como la portuguesa de Salazar (1926), la francesa de Petain (1941) o la argentina de Perón (1943), regímenes que, a diferencia de las dictaduras duras y totalitarias, mantenían las apariencias vaciando de sentido y efecto a leyes e instituciones, pero sin derogarlas.

Algunos pueden considerar exagerado comparar la España de Sánchez con dictaduras y dictablandas. Ciertamente aún no estamos así, pero lo inimaginable puede aprobarse por sorpresa y con nuevos engaños, quizás referéndums de autodeterminación separatista o el nombramiento del CGPJ por el Gobierno. Las evidencias de degeneración son indudables. A los bienpensantes, como los numerosos que deploraron el dubitativo portazo en extremis de Feijóo a la renovación trampa del CGPJ y del TC, les importa sobre todo mantener las apariencias y ficciones consoladoras, aunque la realidad las desmienta. Pero a partir de cierto umbral, al que ya nos están empujando, las ficciones amables (habrá otro PSOE, Europa nunca lo permitiría, Sánchez tiene que perder las elecciones) conducen a la servidumbre y la pérdida de la libertad o dictadura.