El reciente acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido un episodio irresponsable en la acción y manipulador en la comunicación. Ciertamente, se está jugando con fuego.
Es cierto que un aumento mensual de 15 euros no puede considerarse en sí mismo ni grave ni disuasorio para que un empresario mantenga al empleado —empleados— que ya tiene contratado/s. Pero centrarse solo en eso y utilizarlo para intentar ridiculizar a los empresarios como ha hecho la ministra de Trabajo es impropio de un gobierno serio.
El problema del SMI y de sus subidas —ese que no quieren ver ni el Gobierno ni los sindicatos— es que constituye la barrera a la que debe enfrentarse un empresario si proyecta contratar a un nuevo trabajador. Con el importe ahora acordado, el SMI anual pasa a ser 13.510 euros, por lo que el coste/año/empresa ronda los 17.000 euros. Así, cualquier pyme —que son las grandes empleadoras del país— que baraje la posibilidad de incorporar a un joven a su plantilla, tendrá que asumir un aumento no despreciable de sus gastos de personal, siempre con la incertidumbre relativa a si el aumento de sus ingresos lo podrá absorber. Es decir, el SMI es la barrera que ha de saltar un empresario para contratar a un nuevo trabajador. Basta con aplicar la lógica más elemental para concluir que cuanto más alta sea la barrera, menos empresarios darán el salto.
En apenas cuatro años el subidón del SMI ha sido prácticamente el 50%. ¿A cuántos jóvenes se les ha impedido así alcanzar su primer empleo?
Siendo así, es evidente que las subidas del SMI hacen disminuir la contratación de nuevos trabajadores y, por ende, perjudican al nivel de empleo. Esta evidencia es la que ha resaltado el Banco de España en su informe, cuantificando el número de empleos que han dejado de crearse por culpa de los últimos aumentos. Porque, no conviene olvidarlo, en apenas cuatro años el subidón del SMI ha sido prácticamente el 50%. ¿A cuántos jóvenes se les ha impedido así alcanzar su primer empleo? ¿Y a cuántos se les va a seguir impidiendo alcanzarlo con las anunciadas próximas subidas? Piénsese que de situarlo en 1.050 euros/mes como se ha anunciado, el coste/año/empresa rondaría ya los 20.000 euros anuales.
Llegados a este punto, tiene interés vislumbrar qué es lo que origina el empeño de los sindicatos en subir y subir el SMI. Es obvio que cada subida resulta positiva para aquellos que, teniendo empleo, su retribución es el propio SMI. Los beneficiados pueden ser votantes en las elecciones sindicales, una parte de ellos afiliados a UGT o a CC.OO y, por tanto, cotizantes de la cuota sindical. Pero, por lo antes expuesto, también es obvio que cada subida resulta perjudicial para aquellos jóvenes que, sin empleo, anhelan conseguir el primero de su vida laboral. Ellos no votan en las elecciones sindicales y no tienen afiliación sindical. En definitiva, los sindicatos sacrifican al ejército de parados que buscan su primer empleo (cantera de candidatos al SMI), para beneficiar a los que pueden votarles y engrosar su lista de afiliados y sus ingresos por cuotas. Esa es la motivación de las burocracias sindicales.
Anclado en la propaganda
También es relevante intuir las razones que han llevado al Gobierno a practicar el seguidismo de las pretensiones sindicalistas, máxime conociendo el informe del Banco de España. Más allá de la permanente pelea interna entre podemitas y sanchistas, cabe percibir que, agobiado por la impopularidad que le ha acarreado su lacerante pasividad ante la escalada del coste de la luz, (pasividad aggiornada además con flagrantes mentiras para intentar justificarla), el Gobierno ha considerado que el demagógico aumento del SMI constituía un agarradero propagandístico al que asirse. De ahí su decisión y los modos empleados para transmitirla. Éstos han sido un déjà vu: Los empresarios, los malos de la película; La CEOE, un bunker inmovilista; y el Gobierno, el Gran Hermano benefactor. ¿Qué se puede esperar de un Gobierno que vive anclado en la propaganda? Que la siga practicando cueste lo que cueste, aunque en este caso los quemados por el fuego sean tan vulnerable como los jóvenes sin empleo.
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