“Aumentar la edad (efectiva) de jubilación estrangula las posibilidades de los jóvenes de acceder al mercado de trabajo” aducía la ministra del ramo en respuesta a las propuestas del Ministro de Pensiones para penalizar las prejubilaciones e incentivar el alargamiento de la vida laboral. Según la ministra, pues, una reducción de la edad efectiva de jubilación recortaría el paro juvenil. Es esta una disputa a la que la opinión pública no ha dado la importancia que merece y que se reproducirá en el futuro a medida que el paro juvenil de nuestro país, situado hoy en el 40% y a la cabeza de la UE y de la OCDE, siga creciendo y se acerque al 60% alcanzado durante la pasada recesión.
La ministra parte de un análisis erróneo e inevitablemente destila una medida equivocada y contraproducente para el empleo de los jóvenes. Desgraciadamente no está sola, ni en minoría, en sus análisis y propuestas. Piensan como ella tanto la mayoría de sindicalistas y economistas marxistas (permítaseme el oxímoron) como una multitud ingente de personas que evalúan estas cuestiones ayunas de conocimientos económicos. La raíz del error intelectual que cometen todos ellos reside en suponer consciente o inconscientemente que el nivel de empleo de partida es inalterable ante variaciones de la población activa, de manera que las reducciones de esta última variable disminuirán el paro (y los incrementos lo aumentarán). Así, en un país con un paro juvenil y general elevado, una reducción del empleo de los trabajadores de mayor edad se cubriría supuestamente por el empleo de parados a través de toda la estructura de edades, hasta llegar con más o menos intensidad a los parados menores de 25 años.
Teoría y evidencia
Esta idea de que la reducción de la oferta de empleo de unos trabajadores (los jubilables en este caso) se cubriría por el acceso al empleo de trabajadores en el paro es una vieja falacia económica contra la cual los economistas han aportado sólidos argumentos teóricos y abundante evidencia empírica que demuestran contundentemente el sinsentido de la misma. El problema es que esta combinación de teoría y evidencia no es entendida, si es que es leída o escuchada, por muchos fuera del círculo de los economistas mínimamente competentes. Por eso, la falacia reaparece cada vez que personas fuera de este círculo desempeñan posiciones de alto nivel o asesoran a quienes las desempeñan ¿Qué cabe hacer entonces para convencer a la gente de buena fe del sinsentido y peligro de estas propuestas? Para desmontar este tipo de falacias ante la opinión pública suele ser provechoso recurrir al método de reductio ad absurdum, como se hace a continuación.
Se podría decretar la jubilación obligatoria a los 60 años, con lo que los cerca de 1.400.000 empleos que dejarían vacantes los nuevos jubilados se ocuparían por los trabajadores que saldrían del paro
Si la ministra cree sinceramente en lo que predica, ¿por qué limitarse a incentivar prejubilaciones?, ¿por qué no decretar una bajada agresiva de la edad de jubilación que, siguiendo sus razonamientos, redujera notablemente, no ya el paro juvenil, sino el paro de todos los segmentos de edad? Según la lógica de la ministra, se podría decretar la jubilación obligatoria a los 60 años, con lo que los cerca de 1.400.000 empleos que dejarían vacantes los nuevos jubilados se ocuparían por un número equivalente de trabajadores que saldrían del paro. Mejor aún reducirla hasta los 55 años, con lo que se conseguirían los más de 3.500.000 puestos de trabajo necesarios para acabar con el paro en España.
Incluso las mentes no entrenadas en el razonamiento económico percibirán el aroma de aberración que emana de estas propuestas. Comprenderán quizá que no todos los parados pueden ocupar cualquier vacante de empleo que se produzca con independencia de su experiencia, capacitación profesional y sector productivo en el que estén ubicados. Acaso también perciban que las jubilaciones pueden ser proporcionalmente mayores en la región X y los parados estar desproporcionadamente concentrados en la región Y, sin estar dispuestos a cambiar de residencia. Por consiguiente, detectarán que la reducción de la edad de jubilación acarrearía una caída del nivel de empleo proporcional al monto de dicha reducción. Intuirán, además, que los mayores impuestos y cotizaciones sociales necesarios para financiar el crecimiento desorbitado del gasto en pensiones dañarían gravemente la actividad económica y consecuentemente el nivel de empleo. Especialmente perjudicado sería el empleo de los jóvenes y los trabajadores de menor cualificación al ser la demanda de estos trabajadores la más sensible a las alzas de las cotizaciones sociales.
Tendrán que dedicar una parte significativa (mayor que antes) de su renta (menor que antes) al pago de cotizaciones sociales, impuestos directos e indirectos
Quizá también alcancen a ver que la retirada prematura de personas de elevada experiencia y productividad y su sustitución (sólo parcial) por otras de menor productividad reduciría el nivel de producción y ,por ende, el nivel de empleo. Vislumbrarán, en fin, que la mucha menor población activa resultante, ya sean parados o empleados, tendrán que dedicar una parte significativa (mayor que antes) de su renta (menor que antes) al pago de cotizaciones sociales, impuestos directos e indirectos para mantener a la mucho mayor que antes población de jubilados (a no ser que se recortaran drásticamente las pensiones).
La ministra y quienes como ella piensan alegarán que nadie pretende imponer estas medidas radicales sino sólo efectuar pequeños ajustes a la baja de la edad efectiva de jubilación. Pero los efectos negativos de estos pequeños ajustes serían cualitativamente idénticos a los provocados por los grandes ajustes descritos anteriormente si bien, obviamente, cuantitativamente inferiores: dañan el crecimiento económico y erosionan la creación de empleo e impulsan el desempleo, especialmente el de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados.
Aunque yerre en todo lo demás, la ministra acierta al menos en preocuparse por el paro juvenil, porque si las cifras actuales son ya dramáticas las futuras serán aún peores. Tiene en su poder una poderosa palanca para aliviar esta situación, una palanca que hasta ahora se ha usado con saña para cercenar las posibilidades de empleo de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados: el salario mínimo. Una reducción del salario mínimo y de las cotizaciones sociales correspondientes, al menos para los jóvenes, es una condición necesaria y suficiente para impedir que el paro juvenil se acerque a los registros siniestros de la pasada recesión. La ministra y la opinión pública han de saber que de todos los países del mundo con salario mínimo, España es el único que tiene el mismo nivel de dicho salario para todos los trabajadores. Todos los demás países tienen un salario mínimo para los jóvenes sensiblemente inferior al salario mínimo general.