Las pruebas más lacerantes de nuestra decadencia

Es un hecho consumado y ampliamente asumido por el análisis económico estructural, que más allá de las noticias coyunturales del día a día y las ridículas explicaciones puramente propagandistas de este gobierno, que en el pasado siglo España disfrutó de un notable y continuo progreso económico y social, con dos grandes excepciones: durante la Segunda República y la Guerra Civil, y ahora con Zapatero y Sánchez hemos regresado a los peores tiempos.

Tras un largo periodo de crecimiento desde 1898 hasta 1931, entre 1932 y 1952, la renta per cápita española permaneció estancada, con datos Maluquer [España en la economía mundial, 2016]. Con caídas del 20% durante la 2ª República, del 5% en la Guerra Civil y una modesta recuperación en la postguerra hasta el año 1952 del 22%. Desde entonces, España volvió a crecer y converger con Europa aún con altibajos, hasta que con Zapatero [2005-2012] disminuyó un 6%, con Rajoy [2012-2017] volvió a aumentar un 11%, para estancarse con Sánchez [2017-2022] con apenas un crecimiento acumulado del 1%. El comportamiento de la economía española con el socialismo del siglo XXI remite al de la estancada Argentina, mientras que la UE, aún con menos empuje que EEUU que sigue aumentando su distancia con Europa, acrecienta su brecha con España.

Las razones de fondo de la actual decadencia son dos: nuestro escaso nivel de productividad junto con su estancamiento y un marco laboral especialmente limitante de la creación de puestos de trabajo.

La productividad del trabajo -que determina necesariamente el nivel salarial y consecuentemente la renta per cápita- está asociado a dos variables -que a su vez se relacionan entre sí-: la inversión privada y la innovación empresarial.

La inversión empresarial se desactiva -en una economía abierta, el gobierno, ni siquiera el social-comunista, puede hacerla obligatoria- cuando el derecho de propiedad, la seguridad jurídica, las regulaciones de los mercados y la fiscalidad no son propicias. También disminuye como consecuencia indirecta de la expansión de la deuda pública -según tiene muy bien explicado en Vozpópuli, José Luís Feito- y la estructura de los mercados financieros.

La innovación empresarial, tanto de carácter tecnológico -la más potente- como la relacionada con los procesos organizativos y productivos, no solo requiere inversión, sino –y sobre todo– depende de dos factores: una cultura social favorable a lo nuevo, y muy particularmente, que la entrada y salida de los mercados sea libre. Cabe añadir que la dimensión de los mercados -aquí fragmentada- es un factor que impulsa la atracción y éxito de la innovación.

Todos los empresarios, sin excepción, mejoran su autoestima cuando contratan trabajadores y se sienten fracasados cuando despiden

La función empresarial está implícita y necesariamente vinculada a los trabajadores, de suerte que como compañeros de viaje, sus intereses son complementarios y como tales indisoluble y felizmente unidos; hasta que las circunstancias de los mercados -la libre expresión democrática agregada de las decisiones de los consumidores, mayormente trabajadores- determinan su final y las consecuentes reestructuraciones empresariales para adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Habrá existido alguna vez un empresario que despida a un trabajador por gusto? ;¿Verdad que no? Antes de asumir los despidos, los empresarios tratan de mejorar todas las variables de su quehacer y cuando ya no tienen más remedio, deciden despedir. Todos los empresarios, sin excepción, mejoran su autoestima cuando contratan trabajadores y se sienten fracasados cuando despiden. En las circunstancias descritas, es de sentido común y está ampliamente probado que las limitaciones y el coste del despido disminuyen la tasa de empleo. Por otra parte, la subvención al desempleo como justa y muy civilizada manera de facilitar la vida del trabajador hasta que encuentre otro trabajo, no puede ser incondicional -como en España, no en los países de referencia- sino estar sometida a dos condiciones: aceptar una nueva oferta de trabajo y, además, participar en cursos de formación en habilidades profesionales con buenas perspectivas de empleo.

Si repasamos las descritas circunstancias, que determinan el crecimiento económico y del empleo, veremos que los malos resultados conseguidos por el socialismo del siglo XXI, no son fruto de la casualidad, sino de las malas políticas económicas y laborales de sus gobiernos.

Comenzando por la inversión: el frente popular que gobierna es un genuino generador de desconfianza empresarial. Según la acreditada -por incuestionable- tesis de Fukuyama, investigada y descrita en su ensayo TRUST [1996], la confianza es la virtud social que hace posible la prosperidad de las sociedades a lo largo de la historia. Las cifras de inversión privada –tanto nacional como extranjera- con este gobierno, que nunca fueron buenas, no hacen sino decaer. Si ni siquiera sus socios de gobierno se fían del presidente, ¿qué se puede esperar de los demás?.

Para que la innovación se desarrolle plenamente es imperativo que no encuentre obstáculos en su, siempre, incierto camino: regulaciones administrativas, limitaciones a la libre entrada y salida de los mercados, barreras a la libre circulación de bienes y servicios, etc…y en última instancia, cuando entra en juego la innovación generadora de “destrucción creativa schumpeteriana”, la defensa de los intereses previamente creados. Si todos los gobiernos, en diversos grados, son enemigos de lo nuevo, el actual se lleva la palma con actuaciones como las descritas.

Mientras que en los países ricos las personas dependientes de quienes trabajan son muchas menos que los están laboralmente activos, en España sucede lo contrario

Los países más innovadores, con EEUU siempre en cabeza, no solo se sitúan en las antípodas del patrón frente populista descrito, sino que además de eliminar obstáculos facilitan la financiación de los proyectos innovadores mediante capital privado –venture capital-; algo que resulta ajeno a este gobierno, cuya política fiscal es especialmente enemiga de los inversionistas, es decir -en su despectivo lenguaje- los ricos.

La política educativa socialista, declarada enemiga del esfuerzo, del mérito, de la autoridad de los maestros, de los exámenes y de todos los valores morales que en el mundo laboral resultan esenciales para el éxito empresarial, ha terminado produciendo un gran y creciente desajuste entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo: además del pernicioso abandono escolar de muchos jóvenes que quedan así desamparados para buscarse la vida con dignidad y, por tanto, resultan dependientes de la caridad pública.

Mientras que en los países ricos las personas dependientes de quienes trabajan son muchas menos que los están laboralmente activos, en España sucede lo contrario. ¿Habrá existido algún gobierno -de países civilizados– que presuma de una política laboral -incluidas sus tercermundistas subidas del salario mínimo- que presenta el sistemático mayor porcentaje de desempleo del mundo desarrollado y el doble que la UE, mientras su ministra del ramo no cesa de reírse de ello?

El marco español de relaciones laborales, una estrafalaria mezcla del corporativismo franquista y el social-comunismo que le sucedió, opera contra el empleo, por al menos las siguientes razones:

• El mayor coste de despido de la UE y el tercero de la OCDE, tras Turquía e Israel.
• Caso único de subvención incondicional del desempleo; en los países del norte de Europa su cobro está condicionado a aceptar una oferta de trabajo y asistir a cursos de formación; si no, se pierde.
• Los convenios sectoriales -un invento franquista denominado entonces “ordenanzas laborales”- cartelizan -un delito en los países civilizados- las condiciones de trabajo, impidiendo así la libre entrada a los mercados y la consecuente innovación y renovación de los rankings empresariales.
• La imposición legal de un duopolio sindical financiado por el Estado, que hace imposible la libre competencia sindical, y desincentiva la afiliación sindical -¿la más baja del mundo?- al que se le otorgó recientemente la representación -indeseada- de los trabajadores de las PYME cierra un círculo tercermundista, prácticamente único en su especie, que conduce a los pésimos resultados descritos.
• El trabajo a tiempo parcial, que en los países más ricos de Europa, ocupa entre el 25 y el 50% de sus trabajadores -con Holanda en cabeza- solo afecta al 15% de nuestro empleo, apenas un poco por encima de los países pobres del este de Europa. ¿Porqué?, pues debido a las restricciones impuestas por el duopolio sindical.

Si España quiere recuperar su perdida pujanza, no tiene más remedio que suspender, cuando menos, los disparates descritos para recuperar el dinamismo y competitividad de nuestra economía. Cada vez que se acometieron políticas económicas ortodoxas -Plan de Estabilización [1959], entrada en el Mercado Común [1986], incorporación al Sistema Monetario del Euro [1999]- los resultados fueron espléndidos. Será una tarea crucial e irrenunciable de un nuevo gobierno alternativo la actual, que además de demoler el Estado de Derecho e incumplir la Constitución, está protagonizando los peores registros económicos que han conocido los españoles desde hace casi un siglo.