Política útil, política inútil

Hoy es un día de celebración y, frente a tanta bronca en el plano político, también procede destacar la política útil que hace que ciudadanos, que se han sentido invisibles en su dolor, sean reconocidos, apoyados, arropados y amparados por quienes deberían ser sus representantes públicos. Dos momentos son ejemplo de la utilidad de una política cada vez más estéril, con pugnas constantes, enfrentamientos sin fin.

Una pasa por el Congreso, la otra por el Parlament catalán. Celebro el acuerdo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo para, por fin, tras 45 años de vida de la Constitución, modificar con carácter de urgencia el artículo 49 que se refiere al término 'disminuidos' para anotar el término 'discapacitados'. Quizás teniendo en cuenta la importancia de las palabras también podrían pensar en “capacidades diferentes o diferenciadas”. Mucho camino por recorrer para enterrar tabús que en nada ayudan a considerarnos una sociedad más amable frente al diferente, más comprensiva, más razonable. Demasiadas barreras mentales, culturales, sociales siguen presentes pero este acuerdo de los dos grandes partidos para modificar el mencionado es ejemplo de lo que debe ser la política útil. Es decir, que se traduce en hechos para el bien común. Parece que los partidos piensan más en sus cosas, en sus intereses que en los de la sociedad a la que deben servir. ¿Era más urgente aprobar el uso de las lenguas cooficiales en sede parlamentaria? En fin, un paso dado por el que debemos felicitarnos todos.

Mucho camino por recorrer para enterrar tabús que en nada ayudan a considerarnos una sociedad más amable frente al diferente, más comprensiva, más razonable.

Otro avance de utilidad, pese a no ser vinculante de momento, es el que se ha dado en el Parlament, que debería tener un efecto dominó y llegar también al Congreso de los Diputados. Es lo referido a determinar que los abusos sexuales a menores no prescriban, no queden impunes si el agresor o agresora sigue vivo pese a que hayan pasado 10, 20 o 30 años, porque esos agresores sexuales no actúan contra adultos sino contra niños y niñas que quedan señalados, traumatizados, heridos de por vida.

En Cámara catalana sumaron sus fuerzas PSC, ERC, Junts y Comunes. Supone un punto de partida para acabar con la impunidad, que no prescriban los delitos con penas de cárcel que superen los cinco años y que, los menos graves puedan ser tomados en consideración por la justicia hasta rebasados los 45 años. Que esta iniciativa se traduzca en una modificación del Código Penal es uno de los objetivos de esta medida, que ha celebrado Miguel Hurtado, una de las víctimas de los numerosos abusos a menores que se consumaron durante años en el Monasterio de Montserrat. Por primera vez, una auditoria encargada por la iglesia, por la Conferencia Episcopal, apunta que el número de víctimas es “indeterminado” y que se han detectado al menos dos mil luego de analizar 1.400 denuncias.

Supone un punto de partida para acabar con la impunidad, que no prescriban los delitos con penas de cárcel que superen los cinco años y que, los menos graves puedan ser tomados en consideración por la justicia hasta rebasados los 45 años.

Diez suicidios al día

Que un niño que sufre esos abusos, en general víctima de gente de su entorno familiar, hable de ello o lo denuncie, no es fácil. Que lo haga ya de adulto, tampoco porque ha convivido durante años con ese dolor y quizás sea reo de un silencio culpable. Los políticos también han de dar respuesta a todos esos casos reconocidos por la Iglesia. Somos un país en el que, según los datos del INE, diez personas se suicidan cada día. Un dato alarmante y terrible. La política útil será aquella que dé respuesta a estos temas sociales, ciudadanos, que nada o poco tienen que ver con las obsesiones que ciegan las agendas de los partidos. De momento, llegó la Navidad con unos tímidos acuerdos entre gobierno y oposición. Menos es nada en un contexto marcado por la amnistía, el independentismo y Carles Puigdemont.