El multipartidismo surgido en 2015, en parte como institucionalización de las demandas del 15-M, transformó el panorama político imperante desde la Transición. Parecía que los partidos de la “nueva política” (Ciudadanos y Podemos) podían romper con la tradición de gobiernos monocolor y monoideológicos, sustituyéndola por gobiernos de coalición más transversales que permitieran la realización de reformas de calado y potenciasen una mayor rendición de cuentas. Sin embargo, diversos acontecimientos y dinámicas recientes parecen confirmar que ese escenario está cada vez más alejado.

La primera causa del bibloquismo español es la destrucción de Ciudadanos como partido capaz de llegar a acuerdos a izquierda y derecha. Tras la descomunal crisis de 2008, se abrió paso en España un escenario multipartidista que reemplazó al bipartidismo imperfecto que funcionaba hasta el momento. Una época en la que quedaba patente la necesidad de reformas estructurales, que requerían del establecimiento de acuerdos sólidos (no únicamente de investidura, sino también de legislatura) entre las distintas formaciones. Sin embargo, las encuestas parecían mostrar a un Ciudadanos con potencial para arrebatar al PP la primacía en el centro-derecha e incluso de liderar un gobierno alternativo al PSOE. A la luz de estos resultados, Albert Rivera decidió romper con cualquier posibilidad de pacto con Pedro Sánchez y tomar al PP como socio preferente también en autonomías y municipios.

La mímesis del procés

La segunda causa se encuentra en lo que Juan Millán ha denominado “la catalanización de la política española”. Esto es la traslación de muchos de los rasgos del procés a la política española, como la polarización, la inexistente asunción de responsabilidad de los gobernantes y la ausencia de actividad legislativa sustancial.

Diversos informes publicados por EsadeEcPol (aquí y aquí) nos muestran cómo la polarización afectiva, entendida como la “distancia emocional entre el afecto que despiertan quienes simpatizan con nuestras mismas ideas políticas en contraposición con el rechazo hacia quienes tienen opiniones distintas” ha aumentado en los últimos años y se ha disparado muy especialmente en los períodos electorales. De hecho, España se encuentra entre los países con mayor polarización afectiva del mundo. Esta polarización se produce, en mayor medida, dentro de los propios bloques ideológicos. “Las afinidades con los partidos del mismo bando parecen aumentar a la par que crece la animadversión hacia los partidos de la otra orilla ideológica”, comenta Orriols, politólogo y autor de uno de los informes antes mencionados. Además, cuanto más extrema es la posición de un partido, más polarizados se encuentran sus votantes, imposibilitando así cualquier trasvase de votos y cualquier tipo de pacto transversal.

La imposibilidad (por falta de voluntad) de pactos interbloques otorga un poder de veto sin precedentes a esas formaciones minoritarias de cada bloque

Esta polarización ha institucionalizado en España una política de bloques cerrados en relación al eje izquierda-derecha, pero también a la cuestión nacional. Por un lado aparece el bloque de la izquierda, con PSOE, Podemos y Más País, al que se han sumado nacionalistas e independentistas; y por el otro el bloque de la derecha, con el PP y Vox, así como Ciudadanos de forma intermitente; UPN (dentro de Navarra Suma), Foro Asturias, e incluso Coalición Canaria. Dentro de cada sector del espectro, los partidos más extremos ejercen una fuerza centrífuga que termina por radicalizar las posiciones de los partidos mayoritarios ante el temor de perder votos en favor de los primeros, lo que hace cada vez menos atractivo el centro. La imposibilidad (por falta de voluntad) de pactos interbloques otorga un poder de veto sin precedentes a esas formaciones minoritarias de cada bloque. Esta capacidad de chantaje desincentiva este tipo de pactos lo que aumenta su coste electoral. Cuando estas alianzas se intentan, como hizo Inés Arrimadas durante la negociación de los presupuestos del Gobierno de coalición, los partidos que las promueven suelen ser acusados de traición por sus compañeros de bloque. Traición que se consagra no sólo con la alianzas puntuales sino incluso por la votación conjunta de algunas leyes. Esto último le pasó a Vox cuando apoyó el decreto de los Fondos Europeos.

Rendición de cuentas

La supremacía de lo identitario (ideología, identificación partidista o identidad nacional) a la hora de decidir el voto, tan característica de las sociedades polarizadas, frente a la valoración de cuestiones como la gestión y las políticas públicas, dificultan todavía más la rendición de cuentas. Un votante muy polarizado, que anteriormente podría haber oscilado entre las dos formaciones del bipartidismo, tiene escasos incentivos para salir de su bloque. Los ciudadanos no castigan debidamente la mala gestión y las malas decisiones porque son los sentimientos los que dirigen su voto. Y mientras estas dinámicas no sean desplazadas, los partidos saben que no cumplir su programa e incluso traicionar algunas de sus reivindicaciones históricas, puede salirles gratis. La política catalana es el ejemplo más claro de ello.

Si comparamos los resultados de las últimas elecciones en Cataluña con los de 2017, percibimos mucho movimiento, movimiento que no se traduce en grandes cambios. Ciudadanos pasaba de ser primera fuerza política con 36 escaños, a conseguir solo 3, y era sorpasado por un partido hasta el momento extra-parlamentario como Vox; el PSC pasaba de cuarta a primera fuerza, doblando su número de escaños; y ERC le arrebataba a Junts per Catalunya el liderazgo del bloque independentista. Pero si nos fijamos más detenidamente, ese cambio en los resultados no se ha traducido en un cambio en las mayorías: el bloque independentista sigue teniendo mayoría para gobernar.

La presión que ejercen las formaciones más “radicales” en uno y otro bloque evidenciaba que una decisión así pudiese tener unos costes muy elevados

Aunque existía una mayoría alternativa de izquierdas que pasaba por unir a ERC, PSC y Els Comuns, una opción que había sido posible en la Cataluña pre-procesista hasta en dos ocasiones, esta vez se aventuraba imposible. Y lo era porque la presión que ejercen las formaciones más “radicales” en uno y otro bloque, pero sobre todo y en este caso en el bloque independentista, había provocado que una decisión así pudiese tener unos costes muy elevados. Finalmente, las principales organizaciones civiles independentistas terminaron por dinamitar esta posibilidad obligando al líder de los republicanos a firmar un documento -junto al resto de fuerzas independentistas- por el que se comprometía a no pactar un gobierno con los socialistas.

En Cataluña, en las últimas dos legislaturas, apenas se han aprobado leyes relevantes, muchas de las cuales han invadido competencias estatales y se ha abusado como nunca de la figura del decreto-ley. Esto es un problema cuando existen retos que es preciso abordar como la redacción y aprobación de una ley electoral propia o la reforma de la función pública. Empero, cuando se institucionaliza una política de bloques como la que lleva años instalada en esta comunidad y que se ha trasladado al resto del Estado, todo se mueve para que en realidad no cambie nada. Únicamente se reajustan las fuerzas de cada partido dentro de su respectivo bloque. Esta situación favorece la política de gestos, la falta de ambición política y la ausencia de diálogo y actividad legislativa relevante. ¿Para qué voy a llegar a acuerdos con los diferentes si puede que mi electorado lo castigue en unas futuras elecciones?